La autodeterminación del pueblo saharaui y la supervisión de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental forman parte de las promesas electorales con las que el PSOE ganó las elecciones generales del 28 de abril. A partir de ahora se verá si Pedro Sánchez tiene intención de cumplir su palabra o se trató de una simple […]
La autodeterminación del pueblo saharaui y la supervisión de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental forman parte de las promesas electorales con las que el PSOE ganó las elecciones generales del 28 de abril. A partir de ahora se verá si Pedro Sánchez tiene intención de cumplir su palabra o se trató de una simple promesa para ganar votos. Los precedentes no son esperanzadores para la causa saharui.
En unas elecciones en las que el Partido Popular y Ciudadanos sacaron de sus programas la defensa de la causa saharaui, el Partido Socialista mantuvo sus propuestas de apoyo al pueblo saharaui contenidas en anteriores programas electorales, en un conflicto que dura ya más de 43 años y que se produjo al no proceder España a la descolonización del Sáhara Occidental, territorio que entregó a Marruecos.
El compromiso socialista se concreta en promover la solución del conflicto «a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui» y en trabajar para conseguir una solución «que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región».
Pero hasta ahora las actuaciones del Gobierno socialista no estuvieron en línea con las propuestas del PSOE, a excepción de la declaración que el presidente Pedro Sánchez hizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 2018, donde apoyó la libre determinación del pueblo saharaui.
En once meses el Gobierno socialista adoptó decisiones favorables al Gobierno marroquí, como fue el apoyo al nuevo acuerdo de pesca de la Unión Europea, en clara contradicción con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo según las cuales Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios diferentes. El Frente POLISARIO anunció recientemente que recurrirá ante la justicia europea para que sea anulado el acuerdo UE-Marruecos, que abarca las costas y suelo del Sáhara Occidental.
La postura del ministro Borrell
Para agradar a Marruecos, significativas fueron las actuaciones del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Josep Borrell: habló de mantener «una posición de Estado» igual que el Partido Popular; dijo que España no es la potencia administradora del Sáhara Occidental, en contra de lo que establece la ONU y reconoce la Audiencia Nacional; eludió citar el genocidio saharaui que investiga la AN con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su departamento hizo un informe desaconsejando celebrar en el Congreso de los Diputados una reunión sobre el Sáhara Occidental para no molestar a Marruecos, acto que impidieron con sus votos el PSOE y el PP.
Ante todo esto, Sergio Pascual (Unidos Podemos) acusó en el Congreso a Borrell de hacer lobby a favor de Marruecos, cuyo Gobierno dio por hecho el apoyo de España a sus tesis sobre el Sáhara Occidental, tal y como dijo el presidente marroquí, Saadedín Al Othmani, a Pedro Sánchez en la visita que este hizo a Rabat.
Además, el Ministerio del Interior, cuyo titular, Fernando Grande-Marlaska, viajó con Borrell a Rabat, entregó a Marruecos en enero de este año al líder estudiantil saharaui Husein Bachir Brahim, que llegó en patera a Canarias huyendo de la policía marroquí. Buscaba asilo político y acabó en una cárcel marroquí por «actividades políticas ilegales» ; el 9 de abril inició una huelga de hambre.
Desde que en junio de 2018 el PSOE accedió al Gobierno, al menos catorce personas, diez de ellas españolas -tres profesionales de la abogacía y una periodista-, fueron expulsadas por las autoridades marroquíes de la excolonia española, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez dijese palabra alguna, como tampoco lo hizo por los continuos casos de violación de los Derechos Humanos registrados en los territorios ocupados por Marruecos.
Precisamente la supervisión de los DDHH en el Sáhara Occidental es una de las promesas socialistas y en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores se dice que España, miembro del Consejo de Derechos Humanos de 2018 a 2020, es un país profundamente comprometido con los Derechos Humanos: «Su protección y promoción constituyen un eje prioritario de nuestra política exterior».
Dos días después de las elecciones del 28-A se produjo la prorroga por seis meses de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), la única misión de la ONU que no tiene competencias en materia de DDHH. Esta decisión no mereció un comunicado del Ministerio que aun dirige Borrell -lo abandonará para ir al Parlamento europeo-, departamento que sí se pronunció sobre temas de Israel, Libia, Siria, los altos del Golán, Sudan, Sri Lanka, Venezuela…
Mientras, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental se siguen vulnerando los Derechos Humanos, lo mismo que en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, como detalla la siguiente relación, aproximada, de hechos ocurridos en abril de 2019, según datos de organizaciones sociales y medios de información saharauis: