Multas por desobediencia a la autoridad, por asistir a una manifestación o por gritar consignas. La maquinaria administrativa del Estado se pone en marcha.
A Patricia, una participante del 15M de Hortaleza (Madrid), fueron a buscarla a su casa tras participar en un desahucio. Se la acusa de agredir a un agente, aunque no se la detuvo en el momento. También en Madrid varios indignados están acusados de provocar cortes de tráfico durante la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en agosto. En Barcelona hay acusados por corear lemas o pegar carteles y en Jerez once personas fueron detenidas cuando intentaban parar un desahucio.
Sólo en la capital, la Comisión de Legal de Sol tiene constancia de unas 25 sanciones. En Barcelona rondan las 200, la mayoría por la concentración frente al Hospital del Mar y la acción de la Bolsa. La cuantía económica es difícil de precisar: las multas individuales pueden oscilar entre los 300 y los 3.000 euros, y aunque no están siendo muy altas, en conjunto es una suma considerable. Un periódico gratuito hablaba de 40.000 euros en multas sólo en Barcelona y aunque nadie parece ser capaz de confirmar esa cifra, no parece excesiva. En la Ciudad Condal, los afectados y el movimiento 15M han abierto una cuenta en la que se puede aportar dinero para este concepto. En Madrid llevan un tiempo acariciando la idea de crear una caja de resistencia, aunque de momento no hay nada en firme.
«Se trata de una medida represiva muy eficaz, porque afecta a la parte económica y es una acción directa, individual. Otras medidas como las detenciones o las cargas policiales tienen mucha repercusión mediática y son mal vistas por la sociedad, pero esto pasa más desapercibido», opinan desde la Comisión de Legal de Sol. La misma fuente señala que los procedimientos sancionadores se iniciaron justo antes de las elecciones, «como si alguien quisiera dejarse los deberes hechos». En Barcelona subrayan que la actividad sancionadora es mayor desde que CiU ocupa la Consellería de Interior y desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) confirman que los despliegues policiales en los desahucios son cada vez mayores.
¿Es ésta la nueva estrategia política para desestabilizar el movimiento? ¿Podrán las multas -con sus correspondientes juicios- acabar con la movilización ciudadana surgida al calor del 15M? Desde la PAH creen que no, pero que «hay que buscar nuevas estrategias colectivas para limar los momentos de tensión y reapropiarnos del espacio público sin entrar en la dinámica antidepresiva, que es algo que a la sociedad le atrae poco. Y una de las mejores cosas que tiene este movimiento es su legitimidad social».
Sanciones administrativas
En general, las sanciones recibidas se encuadran en una de estas tres categorías: promoción de manifestación no comunicada o no autorizada, desobediencia a la autoridad y desorden público, infracciones recogidas en la Ley 1/92, la conocida como «ley Corcuera». Desde Legal Sol explican que «hay compañeros que dieron su nombre para comunicar una concentración que se prohibió, pero que igualmente se celebró y que ahora se encuentran con que se les acusa de promoverla. Igualmente, en concentraciones que no se comunicaron, hay personas que están acusadas de ser promotoras». Conviene recordar que el derecho de reunión es un derecho fundamental, por lo que no se pide permiso para ejercerlo, sólo se comunica a la autoridad competente, que puede desautorizarla alegando motivos de seguridad.
En el caso de los expedientes abiertos por desobediencia o desorden público, la Comisión de Legal tampoco oculta su asombro: «La policía puede hacer controles preventivos para evitar disturbios, pero en estos casos parece que esos controles fueron en realidad para poder iniciar procedimientos sancionadores». En una línea similar se manifiestan desde Barcelona: «Cuando miras los expedientes, se ve que los hechos imputados son los mismos. Las denuncias no están personalizadas: son arbitrarias y no describen acciones concretas«, dicen desde la Comisión Penal. Destacan las interpuestas por la manifestación del Hospital del Mar contra personas a las que se identificó después del acto y tras retenerlas en el metro casi una hora.
Incidentes ante el Parlament
Mención aparte merece el proceso abierto contra los indignados de Barcelona que el pasado 15 de junio se manifestaron frente al Parlament. El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional en que acusaba a los indignados de un delito contra las instituciones del Estado. Posteriormente se sumaban a la causa la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el letrado de la Generalitat, aunque no estaban obligados a ello. Además, a la querella de Manos Limpias se han sumado las denuncias particulares interpuestas por varios parlamentarios catalanes.
Desde la Comisión Jurídica de Barcelona esperan que el juicio tenga lugar en unos seis meses y destacan que se trata de un delito que nunca se había juzgado antes. «Lo más seguro es que por su carácter excepcional el juicio acabe en el Supremo y cree jurisprudencia. Va a marcar un precedente de cara a futuras movilizaciones», añaden. Además, recuerdan que en 1984 simpatizantes de CiU rodearon el Parlament e increparon a varios diputados, especialmente al socialista Ramón Obiols («mateu-lo, mateu-lo», se lee en las crónicas de la época), sin consecuencias jurídicas. Asimismo, un incidente similar en el Parlamento gallego se juzgó en la Audiencia Provincial.
Los 20 acusados -para los que se pide un mínimo de tres años de prisión- fueron identificados por los Mossos a partir de imágenes televisivas. Seis de ellos se presentaron voluntariamente en la ciudad de la justicia de Barcelona y aún así fueron detenidos por agentes antidisturbios, hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña calificó de ilegal.
Sigue el proceso contra la actuación por el desalojo de la Plaza de Catalunya
El desalojo de la Plaza Catalunya (Barcelona) también está en la justicia. Medio centenar de personas presentaron el pasado mes de octubre una querella criminal ante los juzgados de Barcelona contra Felipe Puig, conseller de Interior de la Generalitat; el director general y altos cargos de los Mossos d’Esquadra y los agentes que participaron en el desalojo. Los acusan de prohibición y disolución de manifestación pacífica, detención ilegal, lesiones, delitos contra la integridad moral y apropiación indebida, entre otros cargos.
El proceso está ya en fase de instrucción, aunque el juez se ha declarado incompetente para investigar al conseller de Interior. «Creemos que el proceso va a ser largo; al menos dos o tres años. Además, aunque este magistrado no pueda juzgar a Puig, si durante la investigación se encontraran indicios de su implicación lo más probable es que el caso se traslade al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya», opinan desde la Comisión Penal del 15M de Barcelona.
El desalojo de la Plaza Catalunya tuvo lugar la mañana del día 27 de mayo. La policía retuvo a los acampados en el interior de la plaza durante horas, sin acceso a agua ni alimentos y sin poder usar los baños. Finalmente, la acampada se disolvió con una carga policial que provocó más de un centenar de heridos por porrazos y balas de goma, alguno de gravedad.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Sanciones-para-atacar-el-bolsillo.html