El Gobierno ha contratado a Blackstone y KKR para vender los bienes del banco malo, propiedad del Estado, que se están gestionando con opacidad.
El ministro danés Kaare Dybvad ha dicho en varias ocasiones que Blackstone es el perfecto ejemplo de empresa con métodos “infames”. Este político socialdemócrata acusó al fondo oportunista de aprovecharse de los vacíos legales para aumentar el precio de los alquileres. Sus palabras no fueron mero discurso. Todo lo contrario. Fueron respaldadas por una respuesta política contundente: el gobierno danés promovió, en 2020, la conocida como ley antiBlackstone, que tiene como finalidad expulsar a los fondos buitre del sector de la vivienda.
La política española de vivienda no tiene nada que ver con la danesa. A pesar de que el Gobierno está presidido por un partido socialdemócrata, este favorece las actividades de los fondos buitre. Una prueba de ello es que el ministerio de Nadia Calviño ha contratado a Blackstone para rematar la venta de los bienes de Sareb, la gran inmobiliaria pública.
Esta contratación demuestra la falta de coherencia en la política de vivienda del Partido Socialista. En el anteproyecto de Ley de Vivienda se expone la necesidad de incrementar el parque público de vivienda y se prohíbe su venta. Sin embargo, al mismo tiempo que el Gobierno declara solemnemente estos objetivos, su Ministerio de Economía está vendiendo las viviendas de Sareb por la puerta de atrás. En realidad, estamos ante una privatización que se efectuará a través de Blackstone y de KKR, que es otro fondo oportunista de Nueva York. Dos entidades famosas por sus malas prácticas podrán vender el patrimonio público de vivienda debido a un decreto del mes de enero. La privatización se está llevando a cabo sin que la prensa ni la ciudadanía puedan identificar los bienes de Sareb ni saber por qué precio fueron vendidos. Además, el conflicto de intereses es evidente. Blackstone se ha convertido en uno de los mayores agentes del mercado de la vivienda en España.
Cabe preguntarse por qué el Ministerio de Economía es el encargado de administrar Sareb. Dado que esta entidad es una inmobiliaria, lo lógico sería que su gestión hubiese recaído en la Secretaría de Estado de Vivienda. También hubiese sido más acertado que quedase bajo la gestión del Ministerio de Derechos Sociales. El derecho universal a una vivienda digna está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración que es vinculante para España puesto que la ha firmado. Sin embargo, Sareb ha quedado en manos del Ministerio de Economía porque el Gobierno considera que la vivienda es una mercancía financiera.
¿Cómo hemos llegado a esto?
Luis de Guindos creó un trampantojo normativo para evitar que Sareb fuese una entidad pública desde el punto de vista legal. Sin embargo, no es más que una gran inmobiliaria del Estado que se ha ido privatizando de manera encubierta. Sareb ha logrado saltarse los requisitos de transparencia de la Ley de Contratos del Sector Público porque era una entidad privada. De esta manera, no sabemos la dirección de las viviendas de Sareb ni el precio por el que se vendieron. La constitución de Sareb como empresa privada también evitó durante años que su deuda fuese considerada pública.
Guindos manifestó en 2012 que “Sareb no costaría ni un euro” para tranquilizar a la ciudadanía. Sin embargo, la Comisión Europea exigió, siete años más tarde, que los 35.000 millones de deuda de Sareb fuesen asumidos por el Estado. El carácter público que siempre ha tenido Sareb se materializó el pasado 5 de abril. En esa fecha, el Estado tuvo que adquirir la mayoría de su capital. El motivo era que el Estado había avalado las deudas de Sareb ante la Unión Europea. Luis de Guindos sonreía sardónicamente cuando le preguntaban por la deuda de Sareb en una rueda de prensa. Este antiguo directivo de Lehman Brothers es vicepresidente del Banco Central Europeo desde 2018. Guindos adquirió este cargo un año antes de que la Comisión Europea obligase al Estado a contabilizar como pública la deuda de Sareb. Algo tendrá de cierto el proverbio de que “las mentiras tienen las patas cortas pero los charlatanes tienen las piernas muy largas”.
¿Qué bienes tenía Sareb?
Sobre Sareb se dice a menudo que solamente tenía lo que el mercado no quería. Sin embargo, esto es falso. Los bienes que compró Sareb eran de todo tipo. Sareb manifestó que había adquirido 500.000 inmuebles que provenían de las cajas de ahorros y de los bancos que habían quebrado. Esta cifra incluye las viviendas que eran garantías de préstamos. Concretamente, los bienes de Sareb ascendían a 100.000 inmuebles, otros 400.000 en garantía y unos 70.000 préstamos. Entre estos bienes había viviendas de todas las calidades. Desde viviendas de lujo en el centro de las ciudades hasta otras sin terminar en zonas turísticas. Con los solares sucedía lo mismo. Algunos tenían una ubicación excelente en las ciudades, pero también existían algunos terrenos sin calificar como urbanos.
¿Qué bienes le quedan a Sareb?, ¿solamente se quedaba con los peores?
No tiene por qué. Sareb declara que dispone actualmente de 45.147 viviendas, 21.697 obras en construcción y 30.487 terrenos urbanizables. A estos bienes hay que añadir los créditos de los promotores inmobiliarios que suponen más de la mitad del valor de los bienes de Sareb. Recordamos que estos créditos estaban garantizados con viviendas y suelos. Sareb sigue incorporando nuevas viviendas a su patrimonio porque la ejecución de muchos de estos créditos todavía está en fase judicial. De esta manera, solamente en los primeros seis meses de 2021 la compañía incorporó 13.897 nuevos inmuebles a su patrimonio.
¿En qué situación se encuentra Sareb?
A pesar del coste económico y social de Sareb, el gobierno ha decidido mantener el modelo diseñado por Luis de Guindos. Este consistía en la venta de sus bienes a través de intermediarios financieros como Cerberus y de las inmobiliarias de los principales bancos que participaron en la constitución de Sareb. A partir de ahora, Sareb se deshará de sus bienes a través de Blackstone y de KKR, que cobrarán unas comisiones millonarias por este trabajo. Blackstone gestionará bienes de Sareb por un importe de 11.379 millones de euros a través de sus inmobiliarias (Aliseda y Anticipa). KKR gestionará 13.906 millones de euros a través de Hipoges.
La privatización se está llevando a cabo con total opacidad. Nunca se publicó dónde estaban las viviendas de Sareb ni por qué precio se iban vendiendo. En esta línea, el Ministerio de Economía de Nadia Calviño manifestó que “a pesar de ser una empresa de capital público, Sareb tendrá un régimen específico que le permita la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora”. En otras palabras, el Estado seguirá llevando a cabo la privatización de Sareb de manera opaca, es decir, a través de intermediarios financieros y saltándose la Ley de Contratos del Sector Público.
¿Qué se debería hacer con Sareb?
El consejero de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, está promoviendo un pacto para exigir al Gobierno central que las viviendas de Sareb sean transferidas a las comunidades autónomas. Con estas viviendas se podría iniciar un parque de vivienda social con la finalidad de atender a las necesidades más acuciantes y controlar el precio de los alquileres. Desde un punto de vista contable, la creación de un parque de vivienda sería más rentable que la privatización de Sareb a través de fondos buitre. Seguramente el Estado recibiría mayores ingresos por el cobro de alquileres que por lo que va a recibir vendiendo precipitadamente el patrimonio de Sareb. Por lo tanto, sería urgente que el Gobierno detuviese el proceso de privatización de Sareb y que adoptase las siguientes medidas:
● Auditoría del estado contable de Sareb y de qué bienes dispone, incluyendo su identificación catastral.
● Situación de los inmuebles de Sareb.
● Auditoría de qué ha sucedido en Sareb hasta ahora. Debería incluir la identificación de los bienes que ha vendido Sareb: su precio y su destinatario, siempre que este destinatario sea persona jurídica con la finalidad de no vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales.
● Publicación de las auditorías.
● Incorporación de los bienes de Sareb a un parque público de vivienda en alquiler. Un parque que sería administrado por entidades públicas con preferencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que lo deseen.