La economía sumergida cuesta al Estado más de 90.000 millones anuales. El Gobierno califica ya la situación de insostenible y ha intensificado las investigaciones con visitas a locales y empresas para combatir los fraudes contra Hacienda. La sanidad, las pensiones, la educación, la seguridad ciudadana, el control de los alimentos, la pureza del agua, el […]
La economía sumergida cuesta al Estado más de 90.000 millones anuales. El Gobierno califica ya la situación de insostenible y ha intensificado las investigaciones con visitas a locales y empresas para combatir los fraudes contra Hacienda.
La sanidad, las pensiones, la educación, la seguridad ciudadana, el control de los alimentos, la pureza del agua, el aire sin contaminación, el bienestar ciudadano… todo resulta dañado por la ratería de colectivos no solo insolidarios sino manifiestamente irresponsables y delictivos.
Lamentablemente, esos mismos colectivos suelen ser los primeros en reclamar ayudas públicas y ventajas fiscales para ellos, mientras exigen supresión de derechos a terceros (enfermos, ancianos, estudiantes, desempleados, funcionarios, mujeres solas, etc.)… ¿hasta cuándo seremos capaces de soportar a estos excrementos sociales?
Por nuestra parte, nos corresponde difundir la idea de que los problemas de déficit público, gasto social, etc, no se derivan de un exceso de gasto y mucho menos de derechos, sino de la merma en los ingresos causada por el colosal fraude de tantísimos empresarios (¿) españoles
Lamentablemente, quienes son más sospechosos-y culpables-de estos desmanes, suelen ser los primeros en reclamar ayudas públicas y ventajas fiscales para ellos, mientras exigen supresión de derechos a terceros (enfermos, ancianos, estudiantes, desempleados, funcionarios, mujeres solas…)
En este particular patio de Monipodio encontramos empresas ficticias, personas que trabajan sin alta en la seguridad social, pagos en dinero negro. El pasado 28 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un plan para «aflorar, perseguir y penar» la economía sumergida, un fraude que representa, según cálculos del Gobierno, el 24 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país. Ante ello solo cabe preguntarse… ¿qué clase empresarial padecemos en España?
Los fraudes más frecuentes
Los funcionarios de Hacienda encargados de estas investigaciones han investigado 8.575 actuaciones en empresas hasta el 23 de mayo de 2011. Consecuencia de estas pesquisas, se han incoado 257 expedientes por irregularidades.
Entre las más frecuentes, cabe destacar::
–Personas físicas y jurídicas que no se habían dado de alta en la seguridad social aunque desempeñaban una actividad laboral. No parece infrecuente tampoco la actitud del empresario que, además, advierte al trabajador con aquello de «la Seguridad Social figura que la pago yo, pero la pagas tú».
–Extranjeros sin autorización para trabajar. Durante los meses de marzo y abril, se contabilizaron muchos casos donde las empresas, valiéndose de la situación precaria de los inmigrantes, los empleaban sin los requisitos legales, cobrando sueldos por debajo de lo legal, sin derecho a prestaciones básicas, etc.
–Cobro de ayudas de la seguridad social pese a tener trabajo. En el mismo periodo, se detectaron 164 casos en los que se compatibilizaron prestaciones de seguridad social (por desempleo, incapacidad, o jubilación contributiva) con un puesto de trabajo.
–Existencia de empresas ficticias sin actividad real. El objetivo, en estos casos, se centra en simular relaciones laborales para percibir beneficios o prestaciones del Estado. Desde luego, si los empresarios españoles tuvieran el talento para innovar que muestran defraudando la economía española, sin duda, florecería… ¿para cuándo una reforma empresarial?
–La investigación de los inspectores también se ha extendido al trabajo declarado de forma incompleta o incorrecta, como «encuadramientos indebidos, diferencias de cotización y otros supuestos de seguridad social, sin olvidar las derivaciones de responsabilidad».
La lista de fraudes, corruptelas, chanchullos y trapicheos por parte de los empresarios españoles resultaría, sin duda, prolija. Además, excede los límites de esta columna. Sin embargo, todos aquellos que sientan una mínima conciencia social deben denunciar y divulgar que una cuarta parte (sí, han oído bien) una cuarta parte de nuestro PIB se escabulle entre los resquicios pestilentes de empresarios sin escrúpulos que roban a la comunidad.
Posiblemente los mismos empresarios (más bien simples mercachifles) que posteriormente lanzan sus voces inmundas contra parados, funcionarios, estudiantes y enfermos… ¿hasta cuándo seremos capaces de soportar a estas heces sociales?
Por nuestra parte, nos corresponde difundir la idea de que los problemas de déficit público, gasto social, etc, no se derivan de un exceso de gasto y mucho menos de derechos, sino de la merma en los ingresos que se deriva del colosal fraude de tantísimos empresarios (¿?) españoles.
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