La paralización cautelar publicada el lunes por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) de las obras del hotel de lujo, construido con indicios de múltiples irregularidades, en la Playa de la Tejita (Tenerife), no se está llevando a cabo según denuncia la asociación Salvar la Tejita, con el agravante de que se están ocultando documentos y diligencias públicas.
La primera, por parte del Servicio Provincial de Costas, que violó el requerimiento ministerial notificando sólo a la promotora y presumiblemente ocultando parte de la información. La segunda, por parte del Ayuntamiento de Granadilla y el Gobierno de Canarias, que a pesar de no haber sido notificados por Costas sí han tenido acceso a la orden ministerial, y podrían hacer uso de sus competencias. Mientras, los daños contra el dominio público continúan y las activistas resisten el undécimo día en las grúas, debilitadas y enjauladas.
El Servicio Provincial de Costas ha incurrido en un grave delito al no acatar el requerimiento de firmado por la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre Ainoha Pérez Puyol. En este se exige literalmente que “se notifique la presente resolución a los interesados en el expediente”, uno de los cuales es la asociación Salvar la Tejita, que a día de hoy no ha recibido notificación alguna. Esta violación del requerimiento ministerial es aún más grave si se tiene en cuenta que dos miembros de Salvar la Tejita acudieron personalmente al Servicio Provincial al 23 de junio de 2020, y se les negó el acceso a la orden ministerial.
Esta notificación viene acompañada de diversa documentación, y en ella se incluyen planos con dos propuestas distintas de deslinde, a la espera de la resolución definitiva por parte la Dirección General de la Costa y el Mar. Estas propuestas barajan la posibilidad de que la servidumbre de protección, un área sobre la que no se puede edificar propiedad privada, abarque hasta 100 metros.
En este sentido, no cabe duda de que la orden ministerial implica una paralización cautelar de la mayor parte de la superficie de la obra, y sospechamos que el Servicio de Costas Provincial pretende ocultarlo.
El Ayuntamiento de Granadilla, a pesar de no haber sido notificado oficialmente, miente al declarar que no ha tenido acceso a la resolución ministerial, pues la asociación Salvar la Tejita la puso en su conocimiento el día 24 de junio, vía telemática. También el Gobierno de Canarias tiene pleno conocimiento del contenido de la misma, pues esta fue entregada con registro de entrada por miembros del grupo de apoyo a las activistas subidas a las grúas también en el día 24 de junio.
Ninguna de las dos administraciones ha hecho uso de sus competencias. No sabemos quién miente más, pero está claro que existen diversas instituciones colaborando en mantener una ilegalidad, incurriendo en daños irreparables contra el dominio público al postergar la ejecución de la paralización e incurriendo en un plausible caso de prevaricación. Exigimos la inmediata paralización de la obra, abarcando los 100 metros de servidumbre de protección, y de la depuración de responsabilidades.