Desde que hace cinco años se retomara el proyecto de construir una regasificadora en el interior de la ría de Ferrol y junto a un complejo petroquímico, a pesar de las consideraciones negativas de un informe de riesgos, un activo movimiento ciudadano viene exigiendo la paralización de las obras con movilizaciones y denuncias que han llevado a la Unión Europea. En el proyecto de regasificadora participan entre otros Endesa y Unión Fenosa, además de la Xunta de Galicia. Las turbias maniobras de sus grupos promotores se remontan a la época de Fraga.

La regasificadora que está construyendo la empresa Reganosa entrará en funcionamiento en 2007 para recibir gas licuado, principalmente de Argelia, convertirlo en gas natural e introducirlo en la red de gaseoductos. Además, servirá para garantizar el funcionamiento de las nuevas centrales de ciclo combinado de Endesa y Unión Fenosa previstas en As Pontes (ver recuadro) y en Arteixo.

La idea de construir una regasificadora se remonta a la década de los ’90, antes de la privatización de la Empresa Nacional del Gas, Enagas. Para su ejecución, la empresa pública pidió un estudio de riesgos a la empresa Mw Kellog, que tenía que comparar 34 posibles ubicaciones en el litoral gallego y asturiano. Entonces, las conclusiones del citado estudio determinaron la ubicación de la planta regasificadora en el exterior de la ría de Ferrol, descartando la ubicación actual de la planta en el municipio de Mugardos. Sin embargo, tras la privatización de la empresa Enagas en 1996, el proyecto de construcción de la regasificadora en Galicia se paralizó.

Un año después, el grupo empresarial Tojeiro -propietario de un complejo químico muy próximo a la futura planta regasificadora- retomaba la iniciativa de construir esta planta de gas en la ría del Ferrol. Para ello, primero se aseguró la concesión de la Estación de Deslastres y Desgasificación de Buques en Punta Promontoiro de Mugardos, propiedad del INI (actual SEPI) hasta el año 2017. A partir de entonces, se ha dedicado a comprar diversas fincas limítrofes que han terminado por ser recalificadas de terreno rústico a suelo urbano industrial.

A través de su empresa Forestal del Atlántico S.A., el grupo Tojeiro comenzó la búsqueda de socios, y permisos para poder construir la planta en el interior de la ría, lo cual le posibilitaría utilizar las instalaciones y muelles del complejo petroquímico de su propiedad. En ese momento, la iniciativa recibió el apoyo incondicional de la Xunta de Galicia, presidida por Manuel Fraga, a pesar de las consideraciones del informe de riesgos.

Es el 20 de marzo de 2000 cuando el proyecto de la planta regasificadora se constituye como empresa S.L. bajo el nombre de Reganosa. El grupo Tojeiro aporta la concesión de los muelles que venía utilizando con la empresa Forestal del Atlántico S.A. y con ello su participación en la planta es del 18%. El resto del accionariado de la compañía lo comparten la Xunta de Galicia (10%), Endesa y Unión Fenosa (21% cada una), Caixa Galicia (10%), Banco Pastor y Caixanova (5% cada uno) y la empresa estatal argelina Sonatrach (10%), principal provedor de gas en el Estado Español.

En julio de 2001, ante la evidente construcción de la planta en el interior de la ría, se constituyó el Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría del Ferrol, cuyo objetivo principal es exigir a la Xunta de Galicia y al Gobierno central que trasladen al litoral exterior las instalaciones de la planta de Reganosa, tal y como recogía el estudio de riesgos elaborado por la empresa Mw Kellog. Según el portavoz Carmelo Texeiro, del Comité Ciudadano de Emergencia, la actual ubicación de la planta de regasificación supone un alto riesgo para poblaciones más cercanas. La proximidad de la planta con el complejo petroquímico, que alberga 280.000 m3 de combustibles y otros productos químicos, multiplicaría los riesgos de un posible accidente.

Pero desde su inicio, Reganosa ha hecho caso omiso de las denuncias presentadas por el Comité Ciudadano de Emergencia.

Promesas desmentidas

En 2001, el antiguo consejero delegado de Reganosa, Mauro Arias, presentaba ante la opinión pública el proyecto como un catalizador de la economía de la comarca: «La planta de gas actuará como imán indiscutible de todo tipo de proyectos industriales y tendrá un impacto directo sobre el empleo de la comarca». Y terminaba por aclarar: «Reganosa va adelante, pese a quien pese», aludiendo a la tormenta de denuncias presentadas por los vecinos tras conocer el alcance del proyecto.

Sin embargo, «desde el comienzo, las declaraciones de Reganosa y la información publicada en los medios de comunicación locales han sido una gran mentira. Con la puesta en marcha de la planta de regasificación sólo se van a crear 44 puestos de trabajo y a cambio se va a deteriorar el ecosistema de la ría y se van a destruir 700 puestos de mariscadores y muchos empleos indirectos», desmiente Texeiro. Técnicamente, las plantas resgasificadoras utilizan el agua del mar para convertir el gas líquido en gaseoso, liberando el agua utilizada a una temperatura por debajo de la temperatura ambiental de la ría y provocando así la disminución, cuando no la muerte, del marisco.

Según la normativa UNE-NE 1532 sobre tráfico de buques gaseros en las rías, para que los buques puedan ser evacuados en caso de emergencia se requiere una vía directa al mar abierto. Y según el reglamento de practicaje para la ría de Ferrol, solamente se permite la entrada de buques gaseros durante la pleamar y marea muerta, de lo contrario tocarían fondo. «En caso de accidente, los buques estarían dentro de una auténtica ratonera de la que no podrían salir hasta la siguiente pleamar», advierte Texeiro, para quien la ubicación de la regasificadora en el interior de la ría de Ferrol sólo se justifica por razones económicas, pues las inversiones que hay que realizar son menores.

En estos momentos se encuentra abierto un expediente de infracción en la UE contra la construcción de la planta de Reganosa, presentado por el Comité. «La Xunta es el principal valedor de los promotores de Reganosa y ha contribuido a incumplir la legislación de medio ambiente, urbanismo, patrimonio y de prevención de riesgos. Hay una herencia del Gobierno de Fraga que nadie está dispuesto a cambiar», concluye el portavoz del Comité Ciudadano.

El agujero que ha dejado Endesa

Tras 40 años, la mina de lignito que Endesa ha estado explotando a cielo abierto en As Pontes, A Coruña, para nutrir su central térmica, tendrá que cerrarse el 31 de diciembre de 2007. La explotación ha dejado un gran agujero de 250 metros de profundidad, que deberá ser restaurado por la eléctrica. Pero para ello, Endesa tiene previsto crear uno de los mayores embalses de Galicia.

Las críticas de los grupos ecologistas locales hacen referencia a la medida de restauración propuesta por Endesa, ya que el agua del embalse tendría un elevado nivel de acidez y metales pesados, provocado por los minerales piríticos propios de la explotación de lignito. Los acuíferos y cursos de agua superficiales podrían quedar contaminados como resultado.

Por otra parte, Endesa invertirá 275 millones de euros en la central térmica de As Pontes, para que pueda consumir carbón importado y así poder alargar su vida útil durante 20 años más, antes de la puesta en funcionamiento del gaseoducto y la planta regasificadora de Reganosa en Mugardos, que le permitirá construir una central de ciclo combinado.