Este artículo ha sido escrito antes de las crisis de la deuda griega y española y los correspondientes planes de ajuste de sus gobiernos para atender las exigencias de los mercados, sus socios comunitarios y el FMI. Por lo que se refiere al Estado español que es el objeto de atención del artículo, los acontecimientos parecen estar confirmando algunas de las previsiones que en el mismo se contenían.
El estrechamiento del margen de maniobra del Gobierno , consecuencia de los costes derivados del tijeretazo y de la imposibilidad de obtener los frutos de las acciones de estímulo a la actividad económica en términos de recuperación del PIB y del empleo, acentúan su soledad política especialmente de parte de los sindicatos, hasta ahora los principales valedores de su acción de gobierno.
La suspensión del juez Garzón y las incertidumbres acerca del fallo del Tribuna Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya parecen confirmar la disposición del estamento judicial, hegemonizado por los sectores más conservadores, a dar una lección al Ejecutivo, señalándole los límites que una lectura progresista de la Constitución no puede franquear.
Este cuadro de situación parece haber confirmado a los dirigentes del PP lo acertado de su estrategia de acoso al Gobierno para que, en una situación de creciente malestar por la dureza del ajuste y las frecuentes torpezas e improvisaciones de Zapatero, el desgaste del Gobierno alcance un punto tal que unas elecciones anticipadas le den la victoria y sea aceptado como la única solución posible por sus eventualmente socios para la próxima legislatura. Únicamente la aceleración del fin de ETA en la que el Gobierno tiene empleado su principal activo y depositadas sus residuales esperanzas de remontar las adversas intenciones de voto, podrían obstaculizar lo que la mayoría de los observadores entienden como inevitable vuelta del PP a la Moncloa.
En el torbellino en que se ha convertido la escena política española, acontecimientos como el procesamiento del juez Garzón por presunta prevariación en su instrucción del proceso contra los responsables de los crímenes del franquismo, está pasando casi desapercibido, al lado de algunos de los disparates que nos brinda cada día la actualidad política. No entro ni salgo en la valoración de los méritos y los errores de Garzón, ni de las miserias del aparato judicial, lo menciono como indicador de las peculiaridades de la democracia española que, a treinta y un años de su inauguración formal por el heredero de Franco, no solo sigue siendo incapaz de saldar las cuentas con el único régimen fascista (me ahorro su más precisa caracterización) que se ha prolongado en un régimen parlamentario homologado, sino que puede condenar a la única instancia que se atrevido a investigar los prolongados crímenes de la dictadura.
Insisto, no le doy al asunto más valor que el de síntoma de una situación en la que los temores sociales parecen estar condensándose y cristalizando en un apoyo social al partido que hereda, más en el imaginario colectivo que en sus declaraciones, el sentido profundo del régimen franquista, su «proyecto histórico».
Es un síntoma que se une a otros como las histéricas llamadas a la unidad para salir de la crisis entre las que ha destacado la extemporánea intervención del monarca, escasamente atento al largo proceso de construcción de una economía especulativa de la que tanto se ufanan los políticos del PP y de la que parece probable que él y su familia hayan sacado suculentas ganancias.
O a la pintoresca mesa para el diálogo promovida por el Gobierno y bien caracterizada por Montoro como un «concurso de ideas» del que parecería que el Gobierno espera encontrar alguna que le ayude a recuperar la confianza de los mercados financieros y poder bajar así la prima de riesgo de la deuda.
O el cuento de Blancanieves que a título de actualización del Plan de Estabilidad 2008-2013 el Gobierno ha mandado a Bruselas pero con efectivo destino en los potenciales compradores de deuda para venderles una tranquilidad que el PP les niega.
Síntomas todos ellos de una situación extremadamente confusa, en la que los efectos de una crisis capitalista incorrectamente analizada/diagnosticada operan sobre un entramado político mucho más frágil de lo que pueda haber parecido en épocas de bonanza económica como la vivida en el ciclo 1994-2007, con el resultado de unos niveles de deslegitimación de toda la clase política tan elevados que pueden encumbrar (en términos relativos) a una outsider como Rosa Díez al primer puesto en la valoración ciudadana, con un discurso que niega un aspecto tan esencial del ordenamiento constitucional como su Título VIII.
Por más rechazo que pueda producir el personaje, no es nada con lo que representan las cada vez más frecuentes apariciones de ese pequeño político embriagado con la memoria de sus gestas (el gobierno de la más gigantesca operación de especulación económica , desamortización de patrimonios públicos y ataques contra los derechos sociales) preludiando una «2ª vuelta»que seguramente nos permitiría ver la verdadera faz de tan siniestro personaje. Algún articulista lo ha comparado con la aparición mediática de personajes lumpen (Belén Esteban, John Cobra) que estarían presagiando ó indicando síntomas de procesos de fascistización social.
No es suficiente el espacio disponible para analizar un fenómeno del que se perciben rastros y evidencias en muchos otros países , desmintiendo la percepción del fascismo como algo asociado a la crisis del período de entreguerras. Los efectos de la crisis capitalista global en España, actuando sobre una estructura institucional- como se ha dicho- mas frágil de lo que aparenta, se manifiestan por la (re)aparición de discursos y personajes que pueden aglutinar movimientos ó dinámicas de repliegue social y cultural similares a los movimientos fascistas de los años veinte y treinta del pasado siglo.
La tambaleante actitud del Gobierno contribuye a alimentar estos fenómenos. Sus iniciales errores de diagnóstico de la crisis han sido superados por sus titubeantes políticas, permanentemente vacilantes entre las orientaciones de sus Ministros de Economía y la decisión de ZP de no separarse de los sindicatos , obsesionado con evitar la repetición de la ruptura de los ochenta y sabedor de la carencia de reserva carismática de que disponía González. El problema para ZP es que su viaje con los sindicatos no da para emprender una política de recuperación keynesiana como las que otros gobiernos están practicando, entre otras cosas porque la débil implantación sindical en la economía española real les convierte en socios escasamente solventes. Se encuentra, además, con un déficit interno no despreciable y es la falta de experiencia en tal tipo de políticas que atesoran la mayor parte de los cuadros y gestores del Gobierno ,profundamente influidos por la dilatada experiencia de prácticas de gestión que solo a falta de denominación más precisa seguimos llamando «neoliberales».
La estrategia del PP aumenta la ansiedad del Gobierno ,sabedor que el equipo de Rajoy solo va a plantear un choque cuerpo a cuerpo cuando el deterioro de la situación social y su pérdida de legitimidad le aseguraran (al PP) una victoria estruendosa y duradera. Privado de este auténtico balón de oxígeno que le supondrá poder contrastar sus políticas con las reales propuestas del PP, no le queda más remedio que aguantar para convocar las elecciones anticipadas en condiciones no tan malas como la presente ,confiado en que la confrontación de programas le puede permitir un resultado que ,en el peor de los casos, evite las tendencias disgregadoras que la prolongación de la crisis empieza a evidenciar al interior del PSOE .Pero precisa par ello un mínimo respiro en la situación económica agravada por la crisis de confianza de los mercados financieros y es por eso que busca un acuerdo a cualquier precio a través de pintoresca iniciativa de la mesa para el diálogo con la que ,de alguna manera, pretende invocar el «espíritu de la transición». Es dudoso que le sirva esta vez, como le sirvió a su antecesor y referente FG, el apoyo y la participación en el Gobierno de CiU, la opción preferida por los «ancianos» del PSOE, del grupo PRISA, de la banca y la CEOE; pero no puede descartarse, si estuviera dispuesto a comprometer a cambio el futuro del PSC.
Resulta tal vez más dudoso que los partidos a la izquierda del PSOE pudieran servirle de sostén para ganar el tiempo que necesita. No es probable que el»izquierdismo» de ZP le dé para comprometer el futuro electoral del PSOE por las políticas algo más de izquierdas que un acuerdo de esta naturaleza le supondría, ni siquiera con el compromiso de UGT y CCOO con dicha fórmula. La debilidad de estas formaciones, su alejamiento de las responsabilidades de gestión y su extrema fragmentación haría muy difícil la labor de formar equipos de gestión eficaces para una etapa tan complicada como la presente. Sin olvidar el más que posible efecto de rechazo social e incremento a las posiciones de derecha extrema que esta «izquierdización» del Gobierno podría suponer.
La crisis se ha desplazado al terreno político y funciona ya como una crisis política, como la imposibilidad para el actual gobierno de aguantar hasta el final de la legislatura. Sindicatos y patronal han pasado a un segundo plano y lo saben por lo que sus manifestaciones no pasan de ser un ejercicio obligado para recordar su existencia en un tablero político que tiene a expulsarlos por irrelevantes.
Algún analista ha discutido las posibilidades o escenarios de pactos múltiples que existen para la práctica de gobierno, incluyendo los que pasan por una moción de censura del PP apoyada en los votos de CiU. Personalmente doy escasas posibilidades a este último escenario; ni al PP le conviene mostrar en público su programa, arriesgando una movilización de respuesta de la izquierda social antes de tiempo, ni CiU, cada vez más cerca de volver a Sant Jaume arriesgar esta posibilidad aliándose con un PP que en Catalunya sigue portando el estigma de heredero del franquismo. Creo más probable que el PSOE siga practicando su política de acuerdos de geometría variable a la espera de que la recuperación económica de los principales países de la UE le permita, vía aumento de las exportaciones, si no alcanzar los irreales objetivos del plan de estabilidad, al menos registrar algún repunte del empleo con el que convencer a una izquierda social -siempre fácil de convencer- que merece la pena invertir de nuevo en voto útil.
El margen de maniobra política se le va a ir agotando al PSOE
Tras la implosión del «modelo de crecimiento» basado en la burbuja inmobiliaria, el consumismo desenfrenado y el endeudamiento generalizado, el capital financiero, después de haber superado la fase de dudas ontológicas sobre la «necesidad de refundarse», toma como rehén a las poblaciones y ,a través de los Estados, las obliga a un esfuerzo de austeridad (reducción de gastos sociales, recorte de los salarios y las pensiones, etc) para hacer frente a las obligaciones de las deudas contraídas por los Estados para salvar al propio capitalismo financiero. Convertidos en rehén de los «mercados internacionales», los Estados y su personal dirigente o clase política no dudarán en someter a las poblaciones asalariadas y pobres a los más duros sacrificios. Es el proyecto de la UE el que parece ahora amenazado por la ofensiva especulativa que amenaza con arrasar los restos de lo que fue el modelo europeo para sustituirlo por una modalidad más acorde con los designios del capitalismo alemán, una Europa a dos (como mínimo) velocidades en la que la segunda se vuelva a constituir como la reserva de fuerza de trabajo barata para las necesidades de acumulación del capital centroeuropeo. Si «ya no hay más afuera» el capital europeo, tras el respiro regalado por los Estados con sus espectaculares rescates de bancos y empresas, está dispuesto a recrearlo, dejando en el camino si ello es preciso su obra más querida en la segunda mitad del siglo XX y que ha unido en su construcción al capital y al trabajo, la Unión Europea.
La revuelta griega es la expresión del rechazo que esta pretensión suscita entre las capas populares. Más temprano que tarde los trabajadores españoles, con las organizaciones de que disponen, se verán enfrentados a pruebas similares en un contexto de relaciones de fuerza no especialmente favorable. No podrán demorar su respuesta, sin embargo, si no quieren afrontarla aún en peores condiciones.
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