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Se impone el cese al fuego bilateral y nacional

Fuentes: Rebelión

Con la sigla CFBTN: Cese al Fuego Bilateral Temporal Nacional, se dio fin al Cuarto Ciclo de Negociaciones entre el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Colombia. Desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 9 de enero de 2018, por un periodo de ciento doce días, se silenciaron los fusiles […]

Con la sigla CFBTN: Cese al Fuego Bilateral Temporal Nacional, se dio fin al Cuarto Ciclo de Negociaciones entre el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Colombia. Desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 9 de enero de 2018, por un periodo de ciento doce días, se silenciaron los fusiles en cuanto a enfrentamientos entre las fuerzas armadas del Estado colombiano y la fuerza insurgente que opera en todo el territorio nacional. Con «el propósito primordial de mejorar la situación humanitaria de la población, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y el ELN», rezaba el compromiso.

Siendo el primer cese al fuego pactado por el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) durante mas de 50 años de accionar insurgente, representó un salto cualitativo en el aprecio de adelantar conversaciones para el fin del conflicto armado interno entre esa fuerza beligerante y el Estado colombiano; no al calor del conflicto, como ha sido la premisa impuesta por el Estado colombiano, sino con los fusiles silenciados , para que el traqueteo de la metralla se hiciere a un lado y se escuchare, en las conversaciones de la Mesa de Quito, la voz de los que nunca han tenido voz, en el segundo país más inequitativo del continente Iberoamericano.

Fue centrado como propósito primordial, un cese al fuego, no solo atinente a la suspensión de acciones armadas entre las partes, como en el propósito primordial de mejorar la situación humanitaria de la población; para lo cual, al suscribir las partes en conflicto ese acuerdo de cese al fuego, crearon el Mecanismo Nacional de Veeduría y Verificación (MNVV) integrado por el Gobierno Nacional, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia(UNVMC) y la Conferencia Episcopal de Colombia. Este Mecanismo no surtió eficacia por cuanto el ELN señaló a 26 de diciembre de 2017 que posiciones intransigentes de los Delegados del gobierno no aceptaban ventilar situaciones de afectación a ese cese al fuego bilateral al no aceptar que el gobierno nacional unilateralmente había desplegado operaciones ofensivas contra el ELN, entre el 27 y 30 de octubre de 2017, contra campamentos del ELN en los Departamentos de Norte de Santander y de Chocó justificando «el cumplimiento de la Constitución y la Ley»; como tampoco reconocer responsabilidad en los asesinatos y atentados contra la vida de personas de la población civil, puntualmente señalados como cometidos por la fuerza pública; así como el escandalosos ataque a la Comisión de las Naciones Unidas en el escenario de la masacre en zona rural de Tumaco, donde la fuerza pública del Esmad masacró a 9 campesinos y días después con el asesinato, por ese mismo Escuadrón, de la periodista Ifigenia Vásquez del Resguardo de Kokonuko, Caldas. Por estas falencias la Delegación del ELN decidió retirarse del Mecanismo de Verificación, quedando sin aclararse esos puntuales casos; así como el del asesinato del líder indígena y reconocido en un Comunicado, por el ELN.

Si tomáramos como punto de referencia un balance en cuanto al aspecto humanitario y de protección a los derechos humanos, deja de ser loable. No obstante, las bondades retributivas del cese al fuego pactado resaltaron en cese de acciones armadas en los municipios de presencia histórica de la Insurgencia (170 municipios). No enfrentamientos con la fuerza pública en todo el país. Cese a boicots económicos a estructuras petroleras y de servicios públicos, bajo control del capital privado y capital invasor extranjero y la no acción de retenciones (secuestros) con finalidades económicas y/o políticas.

De la existencia de voluntad politica para continuar con el quinto ciclo de las conversaciones.

Concluido el plazo del cese al fuego bilateral, el pasado 9 de enero de 2018, conviene resaltar que las Altas Partes en conflicto han manifestado-por separado- en la necesidad de continuar con las conversaciones y en prolongar un cese al fuego bilateral, corrigiendo las falencias que el pasado cese al fuego bilateral trajo consigo. La existencia de los Negociadores de ambas partes y en el caso del ELN, su permanencia en Quito, Ecuador, así lo expresan.

De la esencia misma de un conflicto tan complejo y diferente al que se enfrentó con las extintas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia Farc- ep, resulta menester explicar que una orden presidencial de suspensión de las conversaciones en la Mesa de Quito no significa en modo alguno la debacle. Resulta propio de dos fuerzas encontradas y en permanente choque, el que, por la llamada ley o principio de las contradicciones, en relación con el mismo objeto, una cosa (las conversaciones) sufran el impacto de cosas contrarias con respecto a lo mismo. Para los curtidos en el manejo de los asuntos de política estatal y entreveres de la diplomacia; aquello que resulta confuso en un momento dado, por el mismo juego de las contradicciones, siempre asoma una ventana como algo nuevo. En esto juega aplicar el racionamiento del análisis concreto de la situación concreta.

Partiendo de las premisas que ambas partes en conflicto manifiestan el interés en permanecer en las conversaciones y en pactar un nuevo cese al fuego bilateral, que obviamente correspondería en superación a los defectos conocidos en el planteamiento del presente análisis; es dado resaltar el panorama presentado ad portas del fin del cese temporal al fuego. El día 17 de diciembre el general Mejía, como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, estreno su rango manifestando «que si se levanta el cese al fuego bilateral la prioridad sería perseguir al ELN…» Tal manifestación- eminentemente política- de un aforado a quien constitucionalmente no le está dado intervenir, reflejaba una invocación de causa de esencia militarista y contraria a la voluntad política de conversar y prolongar el cese al fuego. Pese a que tres días antes de la terminación del plazo del cese al fuego el presidente Santos manifestó en Cartagena interés en prolongarlo y que el vicepresidente Naranjo manifestara interés en conversar, saltan a la arena política las expresiones del Ministro de Defensa en el sentido que concluido el cese al fuego bilateral las fuerzas armadas intervendrían con toda su capacidad en atacar al ELN. De por sí el ELN había enviado, una Comunicación a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, por intermedio del Representante Especial Jean Arnault, en el que indicaba que debido a los factores militares y políticos implicados en esa decisión de prórroga «necesitaban realizar consultas internas exhaustivas» que estaban en curso en su organización. Pues esto generó toda una alerta en las filas insurgentes y por medio televisivos Pablo Beltrán expresó que ante tales expresiones de ofensiva militar ellos habían dado órdenes a sus unidades de permanecer en defensiva y responder con ofensiva. El mismo día de terminación del plazo del cese al fuego desplazaron dos mil efectivos del ejército nacional a Tumaco.

Pese a tal dubitación expresada en cuanto a incongruencias gubernamentales acerca de una simulada indecisión entre lo dicho y por hacerse, en modo alguno es dable concluir que ello se limite a explicar o justificar el golpe adelantado de ofensiva militar dado por el ELN al concluir el plazo del cese al fuego bilateral. En la naturaleza de un conflicto armado tan complejo y prolongado como el colombiano el aspecto de gobernabilidad es de primordial importancia y factor determinante para que los elementos esenciales como la buena fe y la confianza recíproca entre los interlocutores, como sujetos activos en las relaciones de conversaciones o diálogos, prosperen en la búsqueda de la solución alternativa.

De manera que pese a la decisión de una s u s p e n s i ó n de las conversaciones en forma unilateral, en este caso por la estatal colombiana, en modo alguno significa que se han roto en forma definitiva. El peso especifico de lo andado y en especial por la participación de los países Garantes y el grupo de países de apoyo, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega; así como la Veeduría Social, La Conferencia Episcopal, la Misión del Consejo de Seguridad de la ONU, augura otra salida; desplazando a quienes presagian males o desdichas y la situación concreta es totalmente diferente a la presentada con la interrupción de Tlaxcala, México, en 1972. Y como para no olvidar mi práctica docente. La irrupción o entrada brusca e inoportuna del general Mejía y el ministro Villegas interrumpió la continuación normal del cese al fuego bilateral. La suspensión del presidente Santos deja en el aire la continuidad de la finalidad. Por ende, difieren entre sí.

Nuevas oportunidades

En mi condición de ciudadano, careciendo de ostentación, atendiendo al clamor de búsqueda de la solución política a la terminación del conflicto armado interno con el ELN y en consonancia con el mandato constitucional de búsqueda de la paz, sea el momento propicio para que se recomponga la Mesa de Conversaciones. Dado el estado de cosas inconstitucional (eci) en Colombia por el desconocimiento de las ramas del poder Legislativo y Judicial a la implementación de los Acuerdos de La Habana y que he ventilado en otros escritos publicados en Rebelion.org, valga la oportunidad para que la Alta Parte Contratante estatal tenga representantes plenipotenciarios por parte del Legislativo y lo Judicial en la Mesa de Quito. Que las Conferencias Exploratorias de la Sociedad en el marco de las conversaciones con el ELN permitan avanzar eficazmente en los diálogos y en tal sentido se amplié el espectro de su participación con la reglamentación de aportes con debates de las organizaciones sociales, incluida la de las organizaciones de profesionales en todas las disciplinas. De igual manera se implemente la participación de la ciudadanía en municipios y ciudades intermedias inferiores a doscientos mil habitantes con Cabildo Abierto Populares que en ejercicio democrático debatan y aporten sobre temas de manejos de recursos naturales y defensa del medio ambiente, en sus jurisdicciones. Y para impedir la burla por desconocimiento a lo Acordado, la parte insurgente presente como eje de conversación el tema del manejo energético y el de la salud, bajo la premisa que todo lo Acordado, sea inmediatamente implementado.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.