El lunes 14 de julio comenzará en la Audiencia Provincial de Valencia el juicio por la llamada «Operación Panzer», que supuso en 2005 la desarticulación por parte de la guardia civil del grupo nazi «Frente Antisistema» (FAS). Se sentarán en el banquillo de los acusados 18 miembros de esta organización (de los 22 detenidos inicialmente), […]
El lunes 14 de julio comenzará en la Audiencia Provincial de Valencia el juicio por la llamada «Operación Panzer», que supuso en 2005 la desarticulación por parte de la guardia civil del grupo nazi «Frente Antisistema» (FAS). Se sentarán en el banquillo de los acusados 18 miembros de esta organización (de los 22 detenidos inicialmente), entre los que se encuentran el asesino confeso del joven independentista Guillem Agulló (Pedro Cuevas) y un concejal del partido España 2000 en el Ayuntamiento de Silla (José Alejandro Serrador).
Representantes de la acusación popular -de la que forman parte organizaciones como Movimiento contra la Intolerancia, Acció Cultural del País Valencià, Ca Revolta, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Jarit, EUPV-IU, Compromís y Esquerra Republicana- han destacado en rueda de prensa que se trata de la mayor causa judicial abierta en el estado español contra grupos neonazis organizados.
En el informe de la guardia civil, al que han hecho referencia las organizaciones personadas como acusación popular, se afirma que el Frente Antisistema se financiaba vendiendo armas y efectos de ideología nazi por Internet. De hecho, en la red ofrecían un catálogo de armas prohibidas con sus características y precios, además de propaganda nacionalsocialista con contenidos racistas y xenófobos en los que se ensalzaba la violencia.
La organización nacionalsocialista tenía su base en la provincia de Valencia, aunque extendía su actividad comercial por todo el estado español, e incluso la guardia civil no descartó en su día la posibilidad de que realizara envíos de armas prohibidas a otros países. En los registros se hallaron varias escopetas (una de ellas recortada), una carabina del calibre 22 y otra de aire comprimido, varias pistolas semiautomáticas, bolígrafos-pistola, puños americanos, una ballesta, armas blancas (puñales, catanas, machetes y hachas de doble hoja) y una máquina de recarga de munición, entre otros materiales.
El FAS se caracterizaba -según el citado informe- por «una estructura jerarquizada y una rígida disciplina». Entre otras actividades, destacan las relacionadas con la incitación al odio y a la violencia, así como las que pudieran originar lesiones contra las personas, grupos o asociaciones por razón de ideología, religión, creencia, etnia, nación, orientación sexual o minusvalía. Además, organizaban «cacerías» a la búsqueda de personas pertenecientes a colectivos de izquierda o inmigrantes.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha destacado la importancia del juicio que se inicia el lunes dado que el FAS era una organización relevante, «con potencia doctrinaria, de acción y armamento». Ha señalado asimismo la voluntad de que en el juicio «se aclare el origen de las armas y otros asuntos, como por qué uno de los distribuidores de armamento, inicialmente detenido, no está acusado; hay asimismo otros procesados cuyo caso se archivó, pese a que el informe de la guardia civil señalaba que eran miembros del Frente Antisistema». Además, «por qué el asunto no ha llegado a la Audiencia Nacional», se ha preguntado, «cuando se dan semejanzas muy claras con organizaciones terroristas». «Esperemos que en el juicio también se aclaren estos puntos».
Ibarra ha informado de que en 2013 el registro por delitos de odio del Ministerio del Interior computó 1.473 denuncias, y que según la agencia de derechos fundamentales de la Unión Europea, únicamente se denuncian el 90% de los delitos por odio. «Sólo conocemos una parte mínima de los casos», ha añadido.
El portavoz de la acusación popular, Toni Gisbert, ha subrayado que en los últimos años ha aumentado el número de agresiones vinculadas a la discriminación racial, ideológica u orientación sexual. Este incremento ha sido todavía mayor en el País Valenciano, ha añadido. Se ha detectado, asimismo, un descenso relativo de las agresiones a bines inmuebles, locales de partidos y agresiones, pero a cambio de un incremento de la violencia física y verbal ejercida sobre las personas. Así, son cada vez más frecuentes las agresiones en espacios públicos que incluso después son grabadas y difundidas en la red.
Gisbert ha hecho hincapié en la singularidad del caso valenciano, donde «la violencia -de carácter político- recorre un trayecto de larga duración que se remonta a la transición»; «en otros lugares del estado no se hubiera consentido la impunidad que se ha dado en el País Valenciano, donde la actuación de las autoridades y las fuerzas de seguridad del estado deja, por su pasividad, mucho que desear». «Hay una alarma creciente», ha añadido.
Otro aspecto muy polémico ha sido la destrucción por parte de la guardia civil de las armas de fuego que constituían una prueba en el juicio contra los miembros del FAS, según han informado recientemente Levante e Interviú. Ante la gravedad de los hechos, la acusación popular ha dirigido un escrito al juzgado en el que se pregunta «dónde se ha roto la cadena de custodia», ha informado Esteban Ibarra. Por otra vía, las formaciones EUPV-IU y Compromís han formulado preguntas parlamentarias para que se aclaren los hechos. Toni Gisbert ha añadido sobre este particular que, pese a la destrucción del material, «la existencia de las armas está documentada, catalogada y se cuenta con informes periciales y balísticos». «No se puede argumentar que no hay pruebas», ha concluido.
Por otro lado, el análisis de los documentos del Frente Antisistema realizado por la Guardia Civil, y presentado por la acusación popular a los periodistas, permite aproximarse a la ideología de esta organización. En relación con la estructura, objetivos y activistas, se dice pretender «la creación de activistas perfectamente instruidos y entrenados para cualquier situación». Sería el punto clave «el fanatismo nacionalsocialista de sus miembros y su fidelidad absoluta al Fuhrer y los demás miembros del grupo». «Debemos por tanto ser los más preparados, los más inteligentes, los más calculadores, los más violentos y los más fanáticos», añaden.
En cuanto a la formación de carácter militar, se pedía que fuera «específica en el conocimiento de armas; que todos tengan al menos una y también a disposición de otros activistas», con el objetivo de tener un «polvorín». En los documentos internos del FAS se apelaba, asimismo, al «conocimiento en el manejo y fabricación de explosivos». Los párrafos transcritos de algunas conversaciones telefónicas ofrecen una perspectiva nítida del ideario de la organización. Se habla por ejemplo de organizar una «batida» para «cazar a moros o guarros» y propinarles palizas, además de dirigirse a determinadas poblaciones con el fin de entablar conflicto con grupos de ideología opuesta.
En un artículo titulado «El banquillo espera a los neonazis», publicado en el 14 de febrero en Interviú por el periodista Joan Cantarero, se detalla que entre los procesados en la causa del FAS figuran «un concejal ultra, dos militares, un deportista paralímpico, un vigilante de seguridad y un asesino confeso». Cantarero, dedicado durante más de 30 años al periodismo de investigación -sobre todo a las tramas de ultraderecha- explica que un modelo de puño americano («panzer»), «fabricado clandestinamente en serie en un taller por los neonazis Pedro José Cuevas Silvestre y su amigo Sergio Gutiérrez Prats», puso nombre a esta operación que se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2005. Añade que durante el operativo «se destapó una organización de ideología nacionalsocialista, integrada por más de 40 miembros, que consiguió reunir un auténtico arsenal al servicio de su causa».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.