En las últimas semanas, han salido a la luz multitud de casos, algunos de ellos antiguos, en los que tanto policías como guardias civiles se ven implicados en delitos y agresiones a lo largo de todo el territorio andaluz y en diversos ámbitos sociales. Desde asesinatos, a falsos testimonios, pasando por agresiones y multitud de […]
En las últimas semanas, han salido a la luz multitud de casos, algunos de ellos antiguos, en los que tanto policías como guardias civiles se ven implicados en delitos y agresiones a lo largo de todo el territorio andaluz y en diversos ámbitos sociales.
Desde asesinatos, a falsos testimonios, pasando por agresiones y multitud de casos no resueltos, los cuerpos de seguridad del Estado español, se están viendo relacionados con escabrosas actuaciones que vienen ligadas a la cada vez más intensa presión policial hacia la población, lo que termina dejando al descubierto su verdadera cara.
Precisamente una de estas actuaciones ha sido el asesinato, el pasado lunes 17 de marzo del conductor de un automóvil en el puerto de Algeciras. Tras huir del puesto de la Guardia Civil en la que se le daba el alto al automóvil por haber enseñada un arma uno de los ocupantes, se inició una persecución en el puerto que terminó con unos disparos de un guardia civil a los neumáticos del vehículo para detenerlo. Sin embargo, una bala atravesó el cristal trasero e impactó en el conductor, que fue trasladado, herido gravemente al Hospital Punta Europa, donde murió más tarde. Por su parte, los dos acompañantes fueron detenidos.
Otra muerte, esta vez asociada a un calabozo granadino, se ha producido el lunes 17 de marzo. Se trata de un joven que había sido detenido por un delito de robo con fuerza de una cafetería. El joven de 24 años de edad, vecino de Pinos Puente, fue encontrado muerto el martes, cuando iba a pasar a disposición judicial. Desde la jefatura Superior de la Policía Nacional de Granada, donde se encontraban los calabozos, se apunta a que el joven murió por causas naturales, aunque está en proceso de investigación.
Otro caso nos llega desde Sevilla, donde un carcelero va ser juzgado por dos delitos contra la integridad moral. Durante el año 2004 el funcionario maltrató a varios internos del centro penitenciario de Sevilla, hecho que ha sido denunciado por la Federación Liberación y APDH (Asociación Pro Derecho Humanos). El juicio se llevará a cabo el 31 de marzo a las 10 h. en la sala de vistas del juzgado del penal nº1 de Sevilla, donde se ha convocado una concentración por diferentes entidades, condenando al carcelero.
Desde la policía costera, también nos llegan casos. En esta ocasión, es una actuación de la guardia civil, de septiembre del 2007, cuando interceptaron a cuatro subsaharianos nadando hacia Ceuta. Al detenerlos, los esposaron y a cien metros de la costa marroquí, los arrojaron, pinchándoles los flotadores. Haciendo caso omiso a los gritos de uno de ellos, que no sabía nadar, pensando que era una broma, dejaron que se muriera ahogado. Finalmente, fue trasladado a Ceuta y enterrado en dicha ciudad. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), fue la encargada de denunciar ante el Fiscal General del Estado a los tres guardias civiles por presuntos delitos de homicidio por imprudencia. Esta misma organización ha sido la encargada de ponerse en contacto con los familiares del fallecido, joven senegalés con familia en Almería. Por su parte, los otros tres migrantes, un hombre de Costa de Marfil y una mujer y un hombre senegaleses, sufrieron hipotermia, magulladuras y heridas como consecuencia de la presunta acción de los guardias civiles.
También se dan actuaciones ilícitas relacionados con las drogas, siendo estas de diversa índole:
En Cádiz, el departamento de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía ha verificado la denuncia de un confidente que atribuía a un policía el «colocar» droga en manos de determinadas personas con el fin de ser detenidas como narcotraficantes. El agente, del grupo segundo de la Unidad de Drogas y Crimen Especializado (Udyco), utilizaba al confidente para realizar dicha acción, para así arrojarse méritos y distinciones.
También en la provincia de Cádiz, en la localidad de Chiclana, la Guardia Civil apresó a un agente de la Policía Nacional en la segunda fase de una operación contra el tráfico de hachís. El policía, que fue arrestado junto a otras seis personas, está adscrito a la denominada UDEV, Unidad de Delitos Especializados y Violentos con sede en la capital gaditana. Paralelamente a este caso, hay otro policía nacional de la Udyco (Unidad Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) de la provincia gaditana contra el que hace unos meses se presentó una denuncia por parte de un confidente
De entre los policías detenidos en Málaga por su presunta implicación en diversos delitos de apropiación indebida de efectos incautados a bandas mafiosas, se encuentra uno pendiente de juicio por favorecer la fuga de un narcotraficante italiano. Este mismo policía, que será juzgado junto con otro por un delito de revelación de secretos y encubrimiento, ya fue juzgado por un delito cometido en 1994, por el que fue condenado a pagar una multa.
Por último, también se dan casos no tan claros, en los que se denuncian a policías y luego salen absueltos, o vale más la palabra de los policías que la de los ciudadanos denunciantes.
A primeros de marzo, un policía local fue absuelto por la Audiencia provincial de Sevilla, ante la denuncia de un particular de ser agredido por un puñetazo al negarse a hacer la prueba de alcoholemia. Por lo tanto, quedan absueltos de pagar los 360 euros de multa que pedía la fiscalía por el delito de tortura y la falta de maltrato.
También en Sevilla, dos guardias civiles negaron ante el juez que desnudaran a un joven y detuvieran a dos hombres sin motivo. Los hechos sucedieron en octubre del 2004, cuando dos hombres pararon en una estación servicio para arreglar su intermitente y dos guardias civiles los cachearon, aún cuando no les dieran el alto anteriormente, y, una vez llevados a un descampado, los detuvieron y dejaron incomunicados, desnudando a uno de ellos durante un cuarto de hora. Además, les cobraron 500 euros por la presunta multa de no llevar bien los intermitentes sin darles recibo del pago. La Fiscalía de Sevilla pidió para cada uno de los acusados 7 años de prisión por dos delitos de detención ilegal, un año por un delito contra la integridad moral, una multa de mil euros por un delito de cohecho y dos años de inhabilitación para empleo o cargo público por este último delito.