«¿Debe el ciudadano someter su conciencia al legislador por un solo instante, aunque sea en la mínima medida? Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? Yo creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia», escribió Henry David Thoreau (1817-1862), […]
«¿Debe el ciudadano someter su conciencia al legislador por un solo instante, aunque sea en la mínima medida? Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? Yo creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia», escribió Henry David Thoreau (1817-1862), uno de los grandes mentores de la desobediencia civil. A rebufo de esta reflexión, el movimiento «Juntes Sense Por» organiza una manifestación el 19 de febrero en Valencia, justo un año después de la primera, con consignas similares: «Desobeïm les vostres lleis!», «Fora la llei mordaza», «Solidaritat i amnistia» y «Fora repressió».
En febrero de 2014, igual que hoy, el movimiento «Juntes Sense Por» denunciaba en un manifiesto, al que se han sumado 60 organizaciones, sindicatos alternativos y centros sociales, que la Ley de Seguridad Ciudadana y la contrarreforma de la Ley del Aborto «iniciaban un camino de represión», como posteriormente ha podido apreciarse en el caso «Alfon» (activista social y miembro de la peña Bukaneros condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid) o la «Operación Pandora» (detención el 16 de diciembre en Barcelona de 11 personas de ideología anarquista).
Las enseñas del movimiento se visibilizan en un lugar privilegiado de Valencia, el nuevo cauce del Túria, donde un mural gigante alerta a los conductores: «Juntes Sense Por. Foc al capital». En la última semana se han multiplicado las actividades. Además de la próxima manifestación que partirá de la plaza de San Agustín, «Juntes sense Por» ha proyectado el documental «Ciutat Morta» (denuncia de un «montaje» político, policial y judicial el 4 de febrero de 2006 en Barcelona) en el Centre Social Terra, ha organizado una jornada-debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana en Ca l’Estudiantat y una mesa redonda con movimientos sociales y espacios de autogestión afines: el Patio Maravillas de Madrid, el Banc Expropiat de Gràcia (Barcelona) y las «Zonas a Defender» (ZAS) francesas.
Miembros de las asambleas de estos tres colectivos han compartido las experiencias de Okupación y autoorganización de espacios en un acto desarrollado en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de València. El Patio Maravillas vio la luz el 1 de julio de 2007 en el barrio madrileño de Malasaña, en el contexto de la Semana de Lucha Social. Se define como un «espacio polivalente y autogestionado», que se quedó pequeño con la explosión del 15-M. En sintonía con este movimiento, el eje divisorio no lo sitúan en torno a la dialéctica «izquierda-derecha», sino a las referencias «arriba» y «abajo». La primera sede del Patio Maravillas se ubicó, hasta el desalojo en enero de 2009, en una escuela abandonada de la calle Acuerdo nº8. El mismo día del desahucio se trasladaron al local que ocupan actualmente, en la calle Pez nº21 de Madrid. Ideas como «autogestión», «autonomía» y «potencia del común» orientan la acción de un colectivo que funciona con dos asambleas. En la primera, que se reúne cada 15 días, los debates giran en torno al Patio Maravillas como «actor político», principalmente en tres aspectos: Democracia y Proceso Constituyente, Economía Social y Solidaria, y Toma de Espacios. La segunda asamblea, «de colectivos», trata sobre la gestión del espacio.
En el Patio Maravillas bullen las iniciativas y talleres alternativos a la cultura oficial, de materias tan diversas como yoga, filosofía y meditación; reparación de bicicletas, inglés básico (conversación), coro de mujeres (organizado por el colectivo «La Dinamo»), teatro, club de lectura, taller de relatos o ensayo de siku (instrumento musical formado por tubos de caña). Integrada en el colectivo del Patio Maravillas, la distribuidora Tesla pone en circulación libros, fanzines y camisetas, además de organizar actos y talleres. A finales de febrero está prevista la presentación del último número de la publicación feminista «La Madeja», editada por otro proyecto autogestionado, Cambalache, nacido en 2002 en Oviedo. Pero el «Patio» es asimismo punto de reunión para numerosos colectivos: Comisión Cerremos los CIE; «No somos delito» (plataforma que incluye a más de 70 organizaciones contra la reforma del Código Penal y la «Ley Mordaza»); «Yo sí, sanidad universal» (desobediencia civil frente a la reforma sanitaria); «Malasaña Acompaña»; «Decrece Madrid»; Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda; «Bajo el Asfalto está la Huerta», la Oficina Precaria y la Asamblea del 15-M de Malasaña, entre otras.
Pese a la intensa vida política y cultural de este espacio autogestionado, pende una amenaza de desalojo sobre el Patio Maravillas, de la que tuvo conocimiento la asamblea a mediados de septiembre. La denuncia corre a cargo de la inmobiliaria «Nivel 29». «Hablamos de un edificio que ha estado años abandonado y en distintos concursos de acreedores, y que Nivel 29 compró por dos duros sabiendo que nosotras estábamos dentro; así contribuyen a la transformación de Malasaña en un barrio diseñado para el turismo y el consumo, no para las personas que lo habitan», denuncia la asamblea en un comunicado. El colectivo ha señalado la responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, al que ha pedido el «reconocimiento de la experiencia social y política del Patio Maravillas». Pero ni la ocupación de la Junta de Distrito (Centro), ni la reunión con el concejal responsable, David Erguido (cuyo nombre apareció en la «Operación Púnica»), ni con el director general de Participación Ciudadana, José Fernández, dieron resultado. El 5 de enero 2.500 personas participaron en una manifestación en Madrid a favor del centro social, a cuyo término se okupó un edificio de 3.000 metros cuadrados y sin actividad desde hace una década. La asamblea del Patio denunció la «violenta actitud» de la policía nacional antidisturbios.
La okupación en octubre de 2011 de una antigua sucursal de Caixa Tarragona (después integrada en CatalunyaCaixa) en el barrio barcelonés de Gràcia, dio lugar a una experiencia de «autoorganización», «autonomía» y «horizontalidad» en la lucha contra el capitalismo, según definición de la asamblea: el Banc Expropiat de Gràcia. La sede bancaria pasó de hacer negocio con el ahorro, las hipotecas y los préstamos, a acoger actividades como el «Espacio abierto de crianza» (para «criaturas» de todas las edades), biblioteca, tienda de libros y ropa gratis, cine-fórum, clase de catalán, inglés, alemán, euskera y árabe, y talleres de costura o guitarra. El Banc Expropiat sirve asimismo como lugar de reunión para la Assemblea de la Vila de Gràcia, el Grup d’Habitatge i Espai Públic así como redes de alimentos y de intercambios sin dinero, entre otras iniciativas. Pero esta vitalidad sociopolítica y cultural no impide que actualmente el Banc Expropiat esté pendiente de un futuro desalojo. Con la orden de ejecución emitida, y posteriormente paralizada, «en diciembre prefirieron desencadenar el llamado caso Pandora y las consiguientes represalias», explica la asamblea. El espacio autogestionado se inserta además en un contexto de represión palmaria: el Casal Popular Tres Lliris también está amenazado de desalojo; en Can Vies se produjo un intento fallido de desalojo definitivo y demolición; y en La Carboneria y l’Ateneu de l’Eixample se consumó el desalojo.
El Banc Expropiat ha trabajado intensamente en la campaña de resistencia, que se visibiliza en el barrio de Gràcia con pancartas («Rescatem persones, expropiem bancs»; «Si CatalunyaCaixa només entén de beneficis, nosaltres els parlarem de pèrdudes»); pegatinas, folletos y carteles que llenan las fachadas de las sedes de CatalunyaCaixa; escombros en la puerta de estas entidades, y también pintadas («Tenéis grumos de sangre en las corbatas»; «El banc expropiat és del barri») y acciones de boicot. Anticipadamente se han convocado manifestaciones a las 20,00 horas, el día que se produzca el desalojo, en barrios y ciudades como Vila de Gràcia, Sants, Nou Barris, Sant Antoni, Ciutat Vella, Sant Andreu, Premià de Mar, Manresa y Valencia, entre otros. El apoyo se prestará a una iniciativa que ha abierto un camino a las luchas sociales. «Son nueve los bancos expropiados que ya existen en el territorio, y que se tienen que multiplicar hasta el infinito», afirman fuentes de la asamblea.
Desde octubre de 2011 la sucursal expropiada ha pasado por circunstancias muy diversas a las que se ha tenido que adaptar. Nació como un punto de referencia para los movimientos sociales, en el barrio de Gràcia y en la ciudad, a lo que contribuía su localización entre un mercado, una biblioteca y una plaza en el centro de la barriada. La asamblea destaca el apoyo del vecindario, que aportó al principio buena parte de la infraestructura (muebles o electrodomésticos). Uno de los hechos que marcó el devenir del Banc Expropiat fue la compra del local hoy autogestionado por la familia Bravo-Solano, lo que forzó un cambio de estrategia.
Se trata de «toda una red de empresas vinculadas entre ellas tanto por su actividad -el sector de la construcción e inmobiliario- como por sus miembros: las mismas personas ocupando diversos cargos en diferentes empresas. No hay propiedades, no hay locales, sólo una oficina en un alto edificio con decenas de otras empresas», informa la asamblea. «Es evidente que una campaña contra un banco que tiene oficinas por todas partes es mucho más fácil que contra una empresa fantasma», añade. Pero en los últimos días el acoso al Banc Expropiat se ha tomado una tregua momentánea. La empresa propietaria del local -Antartic Vintage, en manos de Bravo-Solano- ha pedido la paralización temporal de la ejecución de la sentencia. Pero, advierte la asamblea, «la paralización del desalojo es temporal y éste puede ser retomado en cualquier momento».
Entre las experiencias «desobedientes» que más músculo han exhibido en Francia en los últimos años se hallan las «Zonas a Defender» (ZAD). Los orígenes de la más conocida, la resistencia al proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto internacional («Notre-Dame des Landes»), que sustituirá al actual de Nantes, se remonta a los años 70. Además, según informa la Web del movimiento Okupa de la ZAD, el megaproyecto incluye nuevas carreteras, autopistas, el crecimiento del puerto de Saint Nazaire y la configuración de una gran metrópoli en Nantes-Saint Nazaire, con impacto sobre una superficie de 1.200 hectáreas. La mega-actuación (calificada de «utilidad pública) fue impulsada de nuevo en 2003 por el alcalde de Nantes, Jean-Marc Ayrault, quien fue primer ministro francés durante la presidencia de Hollande, hasta la designación de Manuel Valls en marzo de 2014. En la ristra de damnificados, poblaciones locales y campesinos que se verán desposeídos de sus tierras, además de impactos sobre el medio natural que en ningún caso serán menores. Entre los grandes beneficiarios, la empresa VINCI.
Los activistas localizan un punto de inflexión en 2009. A partir de ese año, cerca de 150 personas de ideología anarquista y ecologista comenzaron a ocupar el territorio amenazado, al que denominaron «Zona A Defender», y también a rehabilitar casas abandonadas (en las que se instalaban), organizar huertos colectivos, bares, panaderías y tiendas gratuitas. Se articuló una lucha popular con la población local. Activistas franceses (y en menor medida del resto de Europa) se reunieron en la ZAD, donde convergieron múltiples luchas. Contra el nuevo aeropuerto, pero también contra la construcción de una nueva planta nuclear en Normandía, Trenes de Alta Velocidad o la línea de alta tensión Cotentin-Maine. «Después de tres años de ocupación y actos de resistencia de todo tipo, el 16 de octubre de 2012 la policía y el ejército francés empezaron el ataque contra esta zona capitalista», señala el movimiento okupa en su página web. La resistencia de las ZAD continúa, y también la resistencia. El 26 de octubre de 2014 un joven manifestante de 21 años murió durante los enfrenamientos con la policía tras la manifestación contra la construcción de una presa en el bosque de Sivens, en el humedal del Testet (departamento de Tarn, en el sur del país). Las fuerzas del orden protegían las obras de la presa.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.