Una frase repetida no solamente por quien ha sentido de cerca el dolor por la pérdida de un hijo, hermano o ser querido, sino por representantes de partidos que se ha visto obligados por las circunstancias. En efecto, hace mucho tiempo que «se podía haber evitado». Hace muchos muertos, torturados, agredidos y humillados que se […]
Una frase repetida no solamente por quien ha sentido de cerca el dolor por la pérdida de un hijo, hermano o ser querido, sino por representantes de partidos que se ha visto obligados por las circunstancias. En efecto, hace mucho tiempo que «se podía haber evitado». Hace muchos muertos, torturados, agredidos y humillados que se podían haber evitado. Hace muchas ilegalizaciones, cierres de medios de comunicación y vulneraciones de derechos que se podían haber evitado. Pero claro, para lograr ese objetivo es preciso que el problema y las ganas de resolverlo estén en las agendas de los partidos y no sólo en los momentos en los que el conjunto de Euskal Herria se convulsiona por la muerte inducida de uno de sus hijos.
Por la actitud que están teniendo, han demostrado que son frases y discursos de cara a la galería, brindis al sol. Con esta expresión pretenden hacernos creer que también están siendo parte activa en la resolución del conflicto y que toman iniciativas. Por desgracia, nada más lejos de la realidad, aunque en su mano está poner fin a tanto atropello y tanta vulneración de derechos. ¡Claro que también esta muerte se podía haber evitado!
La situación en la que se encontraba Kotto era conocida por Instituciones Penitenciarias. Los responsables de las cárceles de Iruñea y Soria tenían conocimiento de la depresión que padecía y por la que estaba recibiendo tratamiento por especialistas de Osasunbidea desde junio de este año. El mismo día 21 de Octubre en el que es detenido, solicita ser valorado por un siquiatra, por lo que es trasladado a Urgencias del Hospital de Navarra, en donde se emite un informe sobre la situación anímica en la que se encuentra y la medicación que tiene que recibir. Con estos antecedentes, el ingreso en un centro penitenciario exige la puesta en marcha de unas medidas de seguridad y la aplicación de un protocolo que supervise el estado sicológico del paciente que ingresa en el centro.
No es objetivo de esta carta comentar las circunstancias irregulares en las que se produjo su ingreso en prisión (que no le fue comunicada oficialmente), ni la desproporción en las formas en las que se produjo la detención. Pero no podemos evitar pronunciarnos sobre la injusticia y el agravio comparativo que supone el qué una persona que ya ha cumplido casi 4 años de cárcel, sobre los 5 de condena, se le requiera para volver a ingresar en prisión y no se le aplique la libertad condicional por haber cumplido las tres cuartas partes de la condena. Si estos razonamientos legales no son suficientes, tendría que haberlo sido la situación anímica y depresiva en la que se encontraba en los últimos meses. La excarcelación de Galindo y la libertad que disfruta Vera no hacen sino acrecentar nuestra indignación por el diferente trato recibido por unos y por otros.
Hemos repetido hasta la saciedad que la política penitenciaria aplicada por los estados francés y español pretende doblegar la voluntad del preso, y que en el caso de los prisioneros y prisioneras políticas vascas, busca directamente su humillación y aniquilamiento. ¿Cómo pueden explicarnos los responsables políticos de estas medidas excepcionales que un joven con un futuro por delante se sienta tan presionado que sea incapaz de afrontar el permanecer en la cárcel unos meses más? Sin lugar a dudas, son las condiciones de vida tan extremas a las que se somete a los presos las que condicionan su desmoronamiento. Cuando a una persona privada de libertad no se le tiene en cuenta su situación emocional y no se le garantiza su integridad física, se está actuando con negligencia. Si esa persona decide acabar con el sufrimiento a que se ve sometido, está gritándole a los políticos y los responsables de tanta injusticia, ¡Basta ya!
Por desgracia Kotto viene a completar una larga lista de 20 presos y presas políticas vascas que han pagado con su vida la resistencia en las cárceles de exterminio. En 1981 fallecía Juan José Crespo después de una larga huelga de hambre; Joseba Asensio, Josu Retolaza, Juan Carlos Alberdi, Mikel Zalakain, Peio Mariñelarena, Javier Gorostiza, Jean Louis Maitia, Santi Diez, Esteban Esteban Nieto, Kepa Miner y Juan José Urrutia fallecían como consecuencia de la desatención sanitaria en la cárcel, en el exilio algunos, o a las pocas semanas de ser puestos en libertad. El suicidio claramente inducido al que se han visto abocados José Ramón Goikoetxea, Mikel Lopetegi, Jean Groix, José Mª Aranzamendi, Juan Carlos Hernando, Ramón Gil Ostoaga, Oihane Errazkin y el último JoséAngel Altzuguren, nos habla de unas medidas de presión y condiciones de vida aplicadas sobre ellos que exigen su inmediata derogación.
Los responsables
Podemos hablar de varias parcelas de responsabilidad en la muerte de esas personas, que privadas de libertad están bajo la supervisión de una institución estatal como es el Ministerio de Justicia y de Instituciones Penitenciarias que depende directamente de él. Estos organismos públicos tienen sus obligaciones para con el ciudadano y no pueden eludir su responsabilidad.
En mayo del 2001 el Parlamento de Navarra aprueba una moción presentada por el PSN (entonces estaba Juan Jose Lizarbe de portavoz), con el único rechazo de UPN, por la que se reclama que sea Osasunbidea la encargada de velar por la salud de los presos de Iruñea. Se dice en uno de los puntos: «El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra para que articule los mecanismos necesarios de coordinación y colaboración con Instituciones Penitenciarias a fin de hacer efectivo el Derecho de los reclusos a la protección, prevención y promoción de la salud dentro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea». Los argumentos empleados fueron escrupulosos en las formas, y hacían suyos los derechos que tienen todas las personas incluidas las privadas de libertad para que se garantice la protección de la salud. Cabe recordar que en aquel momento EH solicitó que la medida se extendiese a los presos navarros que se encontrasen fuera del herrialde, sin conseguirlo.
Entendemos que en el caso del vecino de Bera, los informes emitidos por los especialistas de Osasunbidea eran conocidos por los responsables de las cárceles por las que pasó, y tenían que haber sido tenidos en cuenta a la hora de tomar medidas preventivas por el riesgo que suponía para su integridad física.
Pero no se nos puede escapar la responsabilidad compartida de quienes mantienen una política de dispersión que, aplicada de forma arbitraria sobre los presos vascos, supone un castigo añadido a sus condenas y un espacio de impunidad para encubrir el trato vejatorio que reciben.
Debido a la desasistencia y negligencia sanitaria a la que se ven sometidos los presos y presas vascas por la injusticia de la dispersión, se hace más necesario que nunca reclamar el traslado inmediato a cárceles próximas a sus domicilios para que puedan ser tratados de sus enfermedades de forma adecuada. Se hace necesario reclamar la puesta en marcha de un proceso de paz que acabe también con estas expresiones de violencia. No se podrá generar la confianza suficiente si no se ponen medidas urgentes para evitar que se prolongue el sufrimiento y se produzcan más victimas.
No podemos acabar sin mandar un abrazo solidario y cariñoso para Nikolasa, Esteban y Josefa, que sin duda necesitarán del apoyo de todos nosotros. Kotto, agur eta ohore.
* Koldo Morras Alzugarai. Médico. Miembro de la Asociación para la Defensa de la Salud de los Presos Vascos