La sección 2 de la Audiencia Provincial de Valencia ha emitido un auto en el que acuerda la reapertura de la causa que se sigue contra la exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, por la represión estudiantil durante la denominada «primavera valenciana», en febrero de 2012, según ha informado la […]
La sección 2 de la Audiencia Provincial de Valencia ha emitido un auto en el que acuerda la reapertura de la causa que se sigue contra la exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, por la represión estudiantil durante la denominada «primavera valenciana», en febrero de 2012, según ha informado la Asociación para la Defensa de las Libertades y los Derechos Sociales y Civiles.
La querella fue presentada en febrero de 2013 por 70 personas retenidas, identificadas y sancionadas en una concentración en el cuartel de Zapadores, al día siguiente de las cargas policiales contra los estudiantes del Instituto Luis Vives.
La querella, suscrita por una veintena de partidos, sindicatos y organizaciones sociales, incluye además de a la entonces delegada del Gobierno, al exjefe superior de la Policía Nacional en Valencia, Antonio Moreno, y a 40 agentes y 2 inspectores de la policía antidisturbios, a quienes se imputa supuestos delitos de detención ilegal, prevaricación, falsedad documental y una posible violación de los derechos fundamentales de reunión y manifestación.
El abogado de la Asociación para la Defensa de las Libertades y los Derechos Civiles y Sociales, Ricardo Cano, ha criticado la «lentitud de la justicia», ya que el auto de la Audiencia Provincial se emite 19 meses después de que se presentara la querella. El citado auto estima el recurso de apelación presentado por los querellantes contra el archivo de la causa decidido hace aproximadamente un año por el juzgado de Instrucción número 1 de Valencia. Aunque todavía no hay nada definitivo, Cano ha destacado que se trata de un «triunfo de las organizaciones populares». «Ahora el juzgado debe reabrir la causa y proceder a la investigación de los hechos».
Según el balance realizado por la Asociación para la Defensa de las Libertades y los Derechos Sociales y Civiles, durante la llamada «primavera valenciana» fueron sancionadas entre 200 y 300 personas con multas que oscilaban entre los 100 euros (para los menores de edad) y 301 euros (para los mayores de 18 años). «Casi todas se recurrieron, y en el 99 de los casos se ganó el recurso», ha detallado el abogado de la asociación. Hay asimismo tres personas procesadas pendientes de juicio, a las que la policía denuncia por atentado a la autoridad y los acusados, a su vez, acusan a la policía de torturas y detención ilegal. El cruce de acusaciones se dirimirá en dos juicios diferentes.
En movilizaciones estudiantiles posteriores a la «primavera valenciana» se produjeron también centenares de identificaciones, señala la asociación antirrepresiva, aunque la policía impuso escasas sanciones administrativas y los pocos juicios que se celebraron concluyeron con la absolución de los estudiantes acusados. El siguiente episodio represivo coincidió con la huelga general del 14-N de 2012, que en Valencia se saldó con 30 detenciones. Los casos llevados por la Asociación para la Defensa de las Libertades y los Derechos Sociales y Civiles concluyeron en absolución.
En otra de las movilizaciones estudiantiles (mayo de 2013), la policía nacional practicó 24 detenciones en los meses posteriores (junio y julio). Ningún juzgado ha iniciado diligencias, según las informaciones de la asociación antirrepresiva.
Ricardo Cano ha subrayado el «cambio cualitativo» que viene produciéndose en los últimos tiempos. «La brigada de información de la policía elabora atestados dos meses después de una concentración o manifestación; Se identifica a personas concentradas por el mero hecho de asistir a una convocatoria pública; si en ese acto se ha producido algún incidente, a estas personas se les imputa un delito por supuesta pertenencia al grupo organizador, se les cita posteriormente en comisaría y se les detiene». El abogado matiza que, ante la presión y las denuncias realizadas, estas prácticas policiales han remitido en las últimas fechas.
Pero hay, por el contrario, otras prácticas represivas que no remiten. Cano destaca que la policía pide el DNI a las personas que asisten a una manifestación cuando esta termina, o al disminuir el número de asistentes. «Cuando son personas a quienes se ha identificado en otras acciones, se les trata de intimidar o se les abre diligencias; da la sensación, además, que la policía quiere construir una gran base de datos de manifestantes, sobre todo de los sectores juveniles». «La represión está muy presente y nuestra sensación es que va a incrementarse con la Ley de Seguridad Ciudadana», añade el abogado.
Por ello, la asociación hace hincapié en que no se facilite la represión y subraya algunas cuestiones previas, por ejemplo, comunicar las reuniones y manifestaciones a la Delegación del Gobierno; llevar el DNI y mostrarlo ante un requerimiento policial (se han dado casos de personas retenidas hasta tres horas en la comisaría de Zapadores por no mostrar la documentación) y, en resumen, «no proporcionarles excusas para la represión», apunta Ricardo Cano, quien también insiste en la conveniencia de «grabar con prudencia las actuaciones policiales, ya que es nuestra principal arma de defensa en los juicios».
Por último, el abogado ha destacado algunos de los juicios pendientes en los que está personada la Asociación para la Defensa de las Libertades y los Derechos Sociales y Civiles. El juicio a un estudiante, a quien se imputa un delito de resistencia a la autoridad, por las movilizaciones que se llevaron a término antes del verano. Hay asimismo un juicio previsto contra 30 agentes de la policía antidisturbios por una supuesta paliza a una pareja en la plaza de San Agustín de Valencia. En este caso, apunta Ricardo Cano, pudo aportarse una grabación de las agresiones. En el mes de noviembre, por último, está previsto el juicio por una carga de la policía en la comisaría de la Gran Vía Fernando el Católico, por la que una persona denunció lesiones y hay dos agentes imputados. En la vista está citada como testigo la diputada Mónica Oltra, quien se encontraba junto a la denunciante y también recibió golpes.
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