En la mañana del jueves se hizo pública la resolución respecto a la suspensión cautelar de la expulsión de Luis Egaña, inmigrante que, procedente de Paraguay, lleva más de tres años en Asturias. El auto ha sido favorable a Luis: ratifica la suspensión cautelar de la expulsión basándose en su arraigo social y laboral (recordemos […]
En la mañana del jueves se hizo pública la resolución respecto a la suspensión cautelar de la expulsión de Luis Egaña, inmigrante que, procedente de Paraguay, lleva más de tres años en Asturias. El auto ha sido favorable a Luis: ratifica la suspensión cautelar de la expulsión basándose en su arraigo social y laboral (recordemos que una sentencia firme ratifica que Luis trabajó durante más de dos años, sin papeles, para la empresa Río Estructuras Modulares S.L., que aún le debe unos 18.000 euros).
Esta resolución no es el final del largo recorrido que cualquier persona sin papeles tiene que recorrer para lograr regularizarse. A Luis aún le queda un nuevo juicio, dentro de unos meses, para dilucidar su situación en el Estado español.
Desde la Ruta contra el racismo y la represión queremos agradecer a todas las personas y organizaciones sociales que han acompañado a Luis y a su compañero Claudio Maturana en su lucha contra las políticas de extranjería y contra la explotación laboral. Nos comprometemos además a seguir apoyándoles en la denuncia contra la empresa Escenasant S.L. (Santander), propiedad de Bernabé Solana Arenal, por impago de varias mensualidades; a hacer seguimiento y denuncia pública de nuevas medidas represivas que pudieran sufrir; y a seguir denunciando públicamente las fronteras interiores, ejemplificadas en este caso en los controles de Extranjería a la puerta del juzgado de lo Social de Santander y en la actuación policial en Oviedo contra Luis Egaña.
La Ley de Extranjería es el instrumento del Estado para generar miedo y vulnerabilidad social y jurídica a gran escala. Empresas como Río Estructuras Modulares o Escena Sant lo saben muy bien.
A continuación, adjuntamos dos de los comunicados elaborados a lo largo de esta semana de lucha.
Oviedo, jueves 19 de noviembre de 2009. AL CALABOZO POR DENUNCIAR LA EXPLOTACIÓN LABORAL
La policía detiene en Oviedo a un inmigrante paraguayo a 48 horas de su demanda judicial contra la empresa Escenasant.
El pasado 1 de octubre dos inmigrantes latinoamericanos, acompañados de su abogada, acudieron a Santander para personarse en el juicio que habían promovido contra la empresa Escenasant S.L., propiedad de Bernabé Solana Arenal, en la que habían estado trabajando durante más de un año en condiciones de miserable explotación y a la que demandaban por despido improcedente e impago de varias mensualidades. Esta empresa se dedica a la venta y alquiler de escenarios y carpas, con abundantes encargos de instituciones públicas, entre ellas el propio Ayuntamiento de Santander.
A la puerta del edificio de los Juzgados de lo Social de Santander se encontraron con que el personal de seguridad, previa consulta de la vista judicial a la que se dirigían, les reclamó su documentación. Al comprobar que eran extranjeros, dieron aviso a la Policía Nacional que, tras verificar su situación administrativa, les incautó el pasaporte, pretendiendo llevárselos detenidos a comisaría y abrirles un procedimiento de expulsión; solamente la labor de su abogada permitió retrasar estos hechos hasta después del juicio, para que al menos se pudiera celebrar. A pesar de las numerosas evidencias que demuestran la relación laboral con la empresa -que, por cierto, tiene una facturación anual de más de 380.000 euros con menos de un empleado en nómina de media-, la jueza Catalina Pérez Noriega ha fallado, en un primer juicio, en contra de los trabajadores. Tras la vista los dos inmigrantes sufrieron ocho horas de detención en comisaría y la apertura de los citados procedimientos de expulsión.
Pero esto no es todo: ayer se celebró el segundo de los juicios de estos dos trabajadores contra la empresa Escensant S.L. Y 48 horas antes uno de ellos fue detenido en Oviedo, lugar donde reside, y enviado durante 27 horas a un calabozo en ejecución -en tiempo récord- del procedimiento de expulsión abierto en Santander. ¿Casualidad? Hasta los policías que le detuvieron se extrañaban de la rapidez del proceso. Esta rapidez contrasta con la lentitud para avisar al abogado de Luis Egaña: la policía le detuvo el pasado lunes a las 11h de la mañana; y avisó a su abogado ¡al día siguiente!: la justificación fue ¡que se les había hecho tarde!
En los últimos meses el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha negado reiterada y categóricamente que la policía realice controles racistas de documentación, afirmando que tales controles solamente se realizan vinculados a la persecución de delitos. Sin embargo, hay miles de evidencias de redadas policiales contra la población inmigrante: en las estaciones de trenes y autobuses, a la puerta de las escuelas cuando las madres y padres van a recoger a sus hijos e hijas, en los locutorios, a la puerta de la sede de asociaciones, etc. La constatación -a través de una circular interna- de que las comisarías deben cumplir un cupo semanal de detenciones de inmigrantes sin papeles es un claro ejemplo de que estas prácticas son generalizadas.
Lo ocurrido a la puerta del juzgado de lo Social no 1 de Santander y posteriormente en Oviedo es un paso aún más grave en esta escalada represiva. Ya no se trata solamente de controles policiales basados en el aspecto de las personas que transitan por el lugar, sino de la detención de dos personas que acuden a denunciar su situación de trabajadores explotados en la economía sumergida. Los hechos son contundentes: poco antes de ambos juicios, se persigue a los trabajadores para dificultarles o incluso impedirles su comparecencia, lo que es una clara vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en la Constitución. Y es que, lejos de combatir la explotación laboral de centenares de miles de personas sin papeles, la implementación de estos controles racistas responde al objetivo de extender el miedo, la inseguridad jurídica y la vulnerabilidad social entre la población inmigrante.
Ante la rueda de prensa realizada ayer por la Ruta contra el racismo y la represión y diversos colectivos cántabros frente a los Juzgados de lo Social de Santander, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha sacado un comunicado negando «que se haya discriminado a ningún ciudadano extranjero». En dicho comunicado se afirma que se «siguió el protocolo que se aplica en estos casos»: El Tribunal afirma que fue el guarda de Seguridad el que «observó una irregularidad en la documentación» y dio aviso a los agentes de Policía en el edificio de los juzgados. El comunicado del Tribunal Superior de Justicia reconoce, por tanto, hechos aún más graves que los que fuimos a denunciar a Santander: ayer hacíamos público el control de extranjería contra Luis y Claudio; hoy el TSJC publica que no se trata de un caso aislado, sino que es el protocolo con todas las personas. Es decir, recuerdan a cualquier persona sin papeles que el guarda de Seguridad de la puerta de los Juzgados de lo Social de Santander llamará a la policía en cuanto intenten entrar al edificio. Desde luego se trata de toda una invitación a ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva…
El TSJC añade, además, que «el juicio se desarrolló con total normalidad». Desde luego, que la policía esté esperando a la puerta de la sala por el actor del juicio y por el principal testigo no es una situación muy normal; menos lo es que la jueza afirme en voz alta su deseo de que ambos trabajadores sean expulsados a su país y permita al abogado de la empresa en la sala afirmar que los trabajadores van a salir esposados. Tampoco es muy normal que el juicio no se grabe y, en ausencia de soporte audiovisual, el acta sea poco menos que indescifrable. Basten un par de apuntes para describir el rigor de la sentencia:
– entre las pocas cosas que se entienden en el acta, la sentencia señala entre los hechos probados la comparecencia de un testigo, de nacionalidad española, al que califica como ¡extranjero en situación irregular!;
– la jueza señala entre los hechos probados que se aporta un vídeo donde «al parecer se ve al actor subido en un camión grúa». Más allá de la desafortunada forma de relatar lo que ella misma incluye en hechos probados, su afirmación demuestra que ni siquiera se ha molestado en ver el vídeo, en el que se ve claramente al trabajador operando, vestido con el mono de trabajo, una grúa de montaje, con un mando de control ¡a pie de asfalto!. Sin embargo para la jueza se le ve, «al parecer», «subido en un camión grúa».
Por supuesto que se ha presentado recurso contra la sentencia de Catalina Pérez Noriega, y además se presentará en próximas fechas una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
Hoy estamos aquí para denunciar estos hechos y para exigir la revocación de la orden de expulsión contra Luis Egaña. Luis ya tiene una sentencia firme a su favor que prueba su relación laboral, en Asturias, con la empresa Río Estructuras Modulares S.L. durante casi dos años y medio. Dicha empresa se ha declarado insolvente para evitar pagarle los 15.000 euros más intereses que recoge la sentencia. Luis lleva más de tres años en Asturias y es un ejemplo de las consecuencias de la Ley de Extranjería: una Ley hecha a la medida de los intereses de quienes explotan a las personas sin papeles.
NO A LAS REDADAS CONTRA LA POBLACIÓN INMIGRANTE
NO A LA LEY DE EXTRANJERÍA
NO A LA EXPLOTACIÓN DE LAS PERSONAS SIN PAPELES
Oviedo, jueves 19 de noviembre de 2009. RESPUESTA A LA «NOTA ACLARATORIA SOBRE EL ACCESO A LOS JUZGADOS»
El TSJ de Cantabria, al tratar de negar que se discrimine a ningún ciudadano extranjero, reconoce implícitamente que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas sin papeles.
Ante la rueda de prensa realizada ayer por la Ruta contra el racismo y la represión y diversos colectivos cántabros frente a los Juzgados de lo Social de Santander, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha sacado un comunicado negando «que se haya discriminado a ningún ciudadano extranjero». En dicho comunicado se afirma que se «siguió el protocolo que se aplica en estos casos»: El Tribunal afirma que fue el guarda de Seguridad el que «observó una irregularidad en la documentación» y dio aviso a los agentes de Policía en el edificio de los juzgados. El comunicado del Tribunal Superior de Justicia reconoce, por tanto, hechos aún más graves que los que fuimos a denunciar a Santander: ayer hacíamos público el control de extranjería contra Luis y Claudio; hoy el TSJC publica que no se trata de un caso aislado, sino que es el protocolo con todas las personas. Es decir, recuerdan a cualquier persona sin papeles que el guarda de Seguridad de la puerta de los Juzgados de lo Social de Santander llamará a la policía en cuanto intenten entrar al edificio. Desde luego se trata de toda una invitación a ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva…
El TSJC añade, además, que «el juicio se desarrolló con total normalidad». Debemos recordar en primer lugar que fue la acción de la abogada la que permitió que los pasaportes que ambos trabajadores portaban les fueran devueltos, ya que habían sido requisados por la policía. Sin esta acción de la letrada, los dos trabajadores no habrían podido declarar, pues no podrían identificarse ante el órgano judicial. Que la policía esté esperando a la puerta de la sala por el actor del juicio y por el principal testigo no es una situación muy normal; menos lo es que la jueza afirme en voz alta su deseo de que ambos trabajadores sean expulsados a su país y permita al abogado de la empresa en la sala afirmar que los trabajadores van a salir esposados. Tampoco es muy normal que el juicio no se grabe y, en ausencia de soporte audiovisual, el acta sea poco menos que indescifrable. Basten un par de apuntes para describir el rigor de la sentencia:
la sentencia señala entre los hechos probados la comparecencia de un testigo, de nacionalidad española, al que califica como ¡extranjero en situación irregular!; la jueza señala entre los hechos probados que se aporta un vídeo donde «al parecer se ve al actor subido en un camión grúa». Más allá de la desafortunada forma de relatar lo que ella misma incluye en hechos probados, su afirmación demuestra que ni siquiera se ha molestado en ver el vídeo, en el que se ve claramente al trabajador operando, vestido con el mono de trabajo, una grúa de montaje, con un mando de control ¡a pie de asfalto!. Sin embargo para la jueza se le ve, «al parecer», «subido en un camión grúa».
Por supuesto que se ha presentado recurso contra la sentencia de Catalina Pérez Noriega, y además se presentará en próximas fechas una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, hoy jueves hemos acompañado a Luis Egaña a la vista judicial que tuvo lugar en Oviedo en relación con su procedimiento de expulsión. Se trata del procedimiento tramitado con gran diligencia para que, curiosamente, Luis fuera detenido el lunes pasado, a 48 horas de su juicio en Santander contra la empresa Escenasant S.L., propiedad de Bernabé Solana Arenal. Permaneció 27 horas en el calabozo y, a pesar de que la detención se produjo a las 11 de la mañana, no se dio aviso a su abogado hasta el día siguiente. Según la policía, ¡se les hizo tarde! Exigimos la revocación de la orden de expulsión contra Luis Egaña y recordamos que el trabajador ya tiene una sentencia firme a su favor que prueba su relación laboral, en Asturias, con la empresa Río Estructuras Modulares S.L. durante casi dos años y medio. Dicha empresa se ha declarado insolvente para evitar pagarle los 15.000 euros más intereses que recoge la sentencia. Luis lleva más de tres años en el Estado español y es un ejemplo de las consecuencias de la Ley de Extranjería: una Ley hecha a la medida de los intereses de quienes explotan a las personas sin papeles.