Colombia es un país que desde la independencia se lo repartieron entre caudillos militares, aristócratas, gamonales y terratenientes que marcaron con miles de kilómetros de alambre de púas su territorio. Un vil despojo que sufrieron los pueblos indígenas legítimos propietarios de esas tierras. Las leyes de la república de Colombia protegen a las castas dominantes y este crimen se legalizaba mediante los títulos de propiedad formalizados jurídicamente en las notarías que certificaba a los invasores como sus auténticos dueños. Entonces, en la entrada de sus haciendas colocaron los letreros de “prohibido el paso” “propiedad privada” “perros bravos”. Una mínima proporción de propietarios poseen casi el 80% de los predios privados rurales.
Colombia es un país bautizado y bendecido bajo el lema de “libertad y orden” frase que se encuentra escrita en una cinta de oro en el pico de un cóndor (ave en vías de extinción) símbolo de la legitimidad nobleza y progreso, y más que la libertad lo fundamental es garantizar el orden. Y para garantizar el orden es necesario implantar un sistema autoritario y guerrerista. ¿Cuáles son las prioridades de un país como Colombia? No es erradicar la pobreza, no es la lucha contra el hambre, las enfermedades, o el desempleo, Nada de eso, sino la SEGURIDAD porque la misión del poder establecido es defender a las elites, la clase dirigente, políticos, oligarcas, empresarios, inversionistas o, mejor dicho, las fuerzas vivas de la República. Seguridad es sinónimo de represión, manu militari, disciplina y obediencia. Colombia desde siempre ha sido un país de guachimanes, celadores, vigilantes, guardaespaldas, escoltas, policías, soldados, o agentes secretos al servicio del orden y la ley. Todos firmes y en guardia y en alerta y todos en sus puestos de combate desenfundando las armas y con el dedo en el gatillo a la orden del amo o el patrón. Hay que incentivar a la ciudadanía para que mediante denuncias anónimas delate ante las autoridades a los criminales y delincuentes. Por todos lados nos observan, son ojos nos escrutan hasta en la oscuridad; son muchos soplones e informantes dispuestos a cobrar valiosas recompensas a cambio de información. En muchas regiones del país rige un estado de guerra no declarada, una guerra de baja intensidad especialmente donde se explotan los cultivos de coca o la minería ilegal. Guerra cruel e inmisericorde que ha provocado miles de muertos como un síntoma palpable de la lucha de clases o enfrentamiento entre burguesía y proletariado.
Control, control y control, se necesita controlar a la población civil que hace parte de una estructura de ingeniería social perversa, porque el estado tiene todo el derecho a aplicar estrictos controles de seguridad, la seguridad siempre ha sido una obsesión: controles aleatorios, aduanas, checkpoints, barreras, fosos, vallas electrificadas ¡alto identifíquense! ¡Manos arriba!, ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿De parte de quién? santo y seña, contraseña; pase por el scanner, acredite pasaporte, cédula, antecedentes penales, registro de huellas dactilares, autenticación biométrica del iris, grupo sanguíneo y hasta el ADN. Ahora la tecnología facilita el reconocimiento facial mediante IA para analizar los rasgos y confirmar la identidad de la persona. Si por sus facciones es indígena, negro, mulato, zambo, mestizo, paria o lumpen, sin dudarlo es un sospechoso que inspira desconfianza; que no se acerque, deténganlo, revísenlo, échenle los perros que por su olor saben si son delincuentes. Desenfunden las armas para intimidarlos y desmovilizarlos, que nadie se atreva a alterar la paz y tranquilidad de las castas dominantes. Son los principios fundamentales de la Seguridad Democrática en defensa de la propiedad privada y protección de sus bienes y patrimonio como consta claramente en el artículo 58 del dogma constitucional: “la propiedad privada con arreglo a las leyes civiles se respeta”. Las FF.AA que cuenta con un pie de fuerza de 300.000 soldados y la Policía Nacional con 450.000 efectivos, tienen el deber de proteger la propiedad privada y a las dinastías herederas el país. Y para cumplir con tan “patriótica misión” se les ha dotado con un presupuesto en defensa y seguridad que supera los 66 billones de pesos 4.1% del PIB. En el 2026 el gobierno ha invertido 3,7 billones de pesos, un 47% más que en el pasado año. Cifra que denota la sumisión total del Pacto Histórico a las fuerzas militares.
A lo que hay que sumarle Servicio de Inteligencia Colombiano DNI (la Dirección Nacional de Inteligencia), y sus conocidas alianzas con la CIA y el Mossad, la DIPOL Dirección de Inteligencia Policial, la DIPEI y las agencias equivalentes de la inteligencia militar. A los que se les ha asignado un presupuesto para el año fiscal 2026 de 189.000 millones de pesos. La infiltración en la vida pública de los organismos de inteligencia y contrainteligencia es más que evidente.
En Colombia no solo existen el estamento policial y militar sino también agencias privadas de seguridad en el cuales participan compañías y empresas nacionales y extranjeras dirigidas por ex militares colombianos, mercenarios, asesores y contratistas extranjeros. La seguridad privada es un negocio muy lucrativo, un rubro que atrae a los inversionistas del mundo entero porque genera altísimos dividendos económicos superiores a los 17 billones de pesos anuales. En los últimos tiempos la máxima preocupación es la ciberseguridad -con centrales de monitoreo cibernético- pues se han producido peligrosos ataques a sectores críticos de salud, la banca, capitales financieros y la energía. También hay incontables casos de suplantación de la identidad y hackeo con el propósito de robar datos. El mercado de seguridad digital está valorado en 1.24 mil millones de pesos.
En total existen 1.500 empresas dedicadas a la vigilancia y seguridad privada. Estamos ante un verdadero ejército paramilitar legalizado por el gobierno y con el visto bueno de las FF.AA que son las que entregan los permisos y regula la compra de armas -Aunque clandestinamente entran más del doble de contrabando-
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autoriza a las empresas privadas para ejercer sus funciones y fortalecer la gestión de riesgos y mitigar el impacto negativo de la delincuencia. Siendo algunas de las más importantes: Seguridad G4S, Sevicol, Securitas Colombia, Prosegur, Seguridad Superior, Seracis, Seguridad Apolo, Cerrem, Cekaed, Segurcol, Seguridad Segal, Novasep, Vise Ltda, Fortox, Colviseg, etc. En total se calculan unos 450.000 agentes de seguridad privada (profesionales) dedicados a la vigilancia física, electrónica y tecnológicamente avanzada y sofisticada.
El vínculo entre seguridad privada y el paramilitarismo es más que evidente. Los grandes terratenientes han utilizado estas empresas como brazos armados irregulares para la defensa territorial y la lucha contraguerrillera. Como es el caso de las CONVIVIR (Cooperativa de vigilancia y seguridad privada) y que cometieron múltiples masacres y genocidios y violaciones a los derechos humanos fortaleciendo a las Autodefensas Unidas de Colombia. Parapolíticos de un narcoestado que siguen impunes.
La Doctrina de Seguridad Nacional es una concepción militar del estado y del funcionamiento de la sociedad y la ocupación de las instituciones Colombianas. En el siglo XX los EE.UU y el Pentágono organizaron en la Escuela de las Américas en Panamá el curso teórico y práctico para formar a los militares de América Latina. En principio enseñarlos a usar métodos represivos y violentos con la finalidad de aterrorizar a la población civil y neutralizar los oponentes políticos, principalmente comunistas o el enemigo interno. En nombre de la seguridad nacional es necesario aplicar mano dura para imponer la paz y la libertad en aras de la Seguridad Democrática que es la esencia de la “democracia neoliberal capitalista”.
El Plan Colombia, implementado por el presidente Pastrana y los EEUU con una inversión de 16.940 millones de dólares para el rearme, la lucha contraguerrillera (FARC/ELN) y antinarcóticos. Intervinieron empresas de logística militar GSED con el asesoramiento y entrenamiento del Departamento de Defensa USA la DEA y la CIA y las compañías privadas Blackwater, DynCorp, Triple Canopy, AirScan, conformadas por mercenarios que operaron en territorio nacional para el combate de la guerrilla y el narcotráfico. Ellos son los directos responsables de las masacres, desplazamiento, represión, terrorismo, torturas, asesinatos, secuestros, desaparición forzadas en alianza con los terratenientes, ganaderos, narcotraficantes y esmeralderos. En nombre de la Seguridad Nacional sectores políticos y económicos armados acumulan riquezas despojando territorios rurales y urbanos a sus legítimos propietarios
La política de Seguridad Democrática (2002 y 2007) decretada por Uribe Vélez en su lucha contra la insurgencia y el narcotráfico arrojó un resultado “positivo” de 28.338 personas capturadas y el asesinato de 10.568 subversivos. Un verdadero holocausto plagado de múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
En el gobierno de Petro la Seguridad Democrática ha mutado a “Seguridad Humana” dedicada a proteger la vida, la naturaleza y garantizar libertades reduciendo el uso de la fuerza militar, buscando atacar las raíces de la violencia, orientar a las FF.AA hacia la protección ambiental, lucha contra la deforestación y promover la paz total, o sea, la negociación con grupos armados y restructuración de la lucha contra el narcotráfico para no criminalizar el campesinado.
Si sale elegido presidente el ultraderechista de la Espriella ha prometido revivir con mayor radicalidad el Plan Colombia. Porque se va a aumentar el pie de fuerza, renovar los arsenales armamentísticos, la infraestructura militar, y desarrollar la tecnología punta en franca colaboración con EE.UU e Israel
Porque este es el mejor método para acabar con “narcoguerrilleros”, carteles y organizaciones criminales, la solución más práctica es mano dura y represión, ·por la “razón o la fuerza” escarmentar para prevenir y disuadir construyendo más cárceles y centros penitenciarios donde recluir a los delincuentes enemigos de la “libertad y el orden”. La Seguridad Democrática es el único camino hacia la paz. Así se reafirman los principios neofascistas forjados por las oligarcas, terratenientes banqueros, o empresarios y la casta militar en confabulación con la iglesia católica, las sectas pentecostales, protestantes, evangélicas, en una clara alianza con el imperialismo norteamericano y el sionismo internacional.
El miedo intimida y paraliza, es uno de los sentimientos más profundos del ser humano relacionado con el instinto de supervivencia. Que se manipula para mantener a la población civil en un estado de sitio virtual y psicológicamente de angustia existencial. Hace parte de la ingeniería social que tanto le conviene al poder establecido para someter a las poblaciones vulnerables.
Se encienden las luces rojas de alarma y suenan las sirenas advirtiendo que nos acecha el peligro. Y cuando cae la noche es necesario protegernos, escondernos, autoencarcelarnos en nuestras casas, echarle llave a los tres o cuatros cerrojos; enjaulados con barrotes de acero y vallas electrificadas. En las calles rige la ley de la selva y los más fuertes armados hasta los dientes devoran a los más débiles. ¿Quién los defenderá? Solo el brazo armado de la ley podrá combatir a los delincuentes, a los hampones, los antisociales, esa mala raza maldita de los estratos más bajos de la sociedad como campesinos, indígenas, afros o el lumpen son señalados de intrusos o invasores de las zonas más exclusivas de las grandes ciudades colombianas. Condominios medievales bunquerizados protegidos por murallas, garitas, fosos, vallas electrificadas, cámaras infrarrojas, perros de presa, 24 horas de vigilancia con relevos constante de personal militar, policial o privado,
La Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior evalúa el nivel de riesgo de los servidores públicos porque el estado tiene el deber de proteger personalidades políticas que detentan el poder elegidos por el voto popular, que les confiere un aura de santidad. A los “padres de la patria” hay que brindarles las máximas garantías de paz y seguridad tanto individuales como colectivas. Por tal motivo asignan vehículos blindados, chalecos antibalas, escoltas, guardaespaldas o comandos especiales. Los esquemas de vigilancia deben extenderse las 24 horas del día y 7 días de la semana y los 365 días del año. La prioridad constitucional es salvaguardar la vida y patrimonio de tan altas dignidades que están en la mira de grupos delincuenciales o de la insurgencia, entre los que también se incluyen alcaldes, gobernadores, representantes a la cámara, senadores, jueces, magistrados, ministros, el presidente de la república, la primera dama de la nación, sus hijos, sus padres, sus tíos, sus abuelos, es decir, los familiares más cercanos y hasta las amantes y mascotas.
Se ha llegado a la paradoja que la JEP ha beneficiado al paramilitar Mancuso, que el gobierno ha nombrado como “gestor de paz” ¿Gestor de paz a un criminal genocida? A este sicario ahíto de sangre se le han asignado ocho escoltas, tres vehículos blindados, chalecos antibala, armas largas y cortas y esquema de seguridad con un gasto mensual de 200 millones de pesos a cargo de la UNP. Se ha comprobado que muchos de estos “protegidos” solo pretenden recibir vehículos de alta gama gratis y mantener su estatus y gozar la rumba o fiesta hasta altas horas de la madrugada en billares, restaurantes y prostíbulos.
Según la UNP a los senadores y representantes (los padres de la patria) se les destina más de una docena de guardaespaldas -lo que significa un inusitado derroche de caudales públicos para protección de políticos y funcionarios de Colombia. Es decir, 40.0000 millones de pesos anuales para garantizar su seguridad. Desde 2022 se ha adquirido una flota de 700 vehículos blindados último modelo (cada uno de los funcionarios tiene derecho a dos camionetas blindadas) más el mantenimiento, seguros e impuestos impactando directamente en el presupuesto legislativo. Seguridad y más seguridad reclaman los “padres de la patria”, más seguridad para ellos y sus familias, incluidas sus propiedades particulares, casas, mansiones y apartamentos de lujo. Que nadie toque su patrimonio y sus capitales mientras la inseguridad se desborda imparable por todo el país. La Defensoría del Pueblo advierte a las autoridades que han aumentado considerablemente los riesgos contra la población civil a causa de la violencia, los conflictos armados, la extorsión, los sobornos, chantajes, cobro de piso o secuestros.
Son dos realidades completamente distintas que se amparan en la democracia; unos para mantener sus privilegios, otros los que depositan sus votos legalizando este sistema esquizofrénico de siervos y amos. Un humillante sometimiento que debería ser estudiado a fondo por psicólogos y psiquiatras.
Si de la Espriella obtiene la victoria en segunda vuelta inmediatamente integrará a Colombia de pleno derecho en el Escudo de las Américas, una coalición de seguridad hemisférica creada por el gobierno de Donald Trump para el combate del narcoterrorismo, los grupos guerrilleros comunistas y frenar la inmigración ilegal. El imperialismo norteamericano, El Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA siempre ha necesitado aliados y cómplices para proteger su soberanía (lucha antiterrorista -hoy narcoterrorista) defender su economía, blindar sus fronteras contra la invasión migratoria y enfrentar a enemigos internos y externos. La doctrina Monroe se aplica rigurosamente en América Latina y el Caribe como lo demuestra la intervención yanqui en Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y los ataques contra los lancheros -presuntos “narcoterroristas”- en el Caribe y el Pacifico. Pero lo más inquietante quizás sea que la escalada intervencionista aumenta tras el ataque con un misil hellfair lanzado por un dron que asesinó al “niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, en el Estado de Bolívar en Venezuela. Esto significa que la campaña imperialista se va a extender a la frontera colombo-venezolana para eliminar a los líderes de carteles y grupos guerrilleros disidencias de las FARC y el ELN.
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