Contra la pobreza energética y la brecha digital, en defensa de la atención personalizada en los bancos y centros de salud, sobre todo de las personas mayores.
Fueron las reivindicaciones principales de Comisiones Obreras y UGT en la concentración unitaria convocada el 22 de febrero ante la sucursal del Banco de España en Valencia. En un manifiesto conjunto, las organizaciones de pensionistas de los dos sindicatos denunciaron que –debido a la exclusión digital– “9,4 millones de españoles de más de 55 años no pueden acceder a la banca online y/o interactuar con su banco”.
El manifiesto critica los recortes sanitarios aplicados en las comunidades autónomas; respecto a la pobreza energética (carencias en la electricidad y gas), apunta que puede darse la circunstancia de “muertes prematuras” sobre todo de personas mayores, “que podrían ascender a 7.200 fallecimientos evitables al año si se erradicara el problema”. Además recuerdan que, durante 2021, se ha multiplicado el coste de la factura eléctrica.
El 4 de mayo Comisiones Obreras presentó en Valencia un estudio realizado por la Fundación Primero de Mayo, en colaboración con la Federación de Jubilados y Pensionistas del sindicato; el informe señala que –en el País Valenciano- el 44,3% de las personas mayores que cobra una pensión se halla por debajo del umbral de la pobreza (688 euros mensuales).
En el desglose del porcentaje total, el 17,9% de estos pensionistas se halla por debajo del umbral de la pobreza severa (458 euros mensuales), la mayor parte mujeres, lo que pone de manifiesto “la brecha de género y la feminización de la pobreza”.
Otro punto destacado es el acceso a los suministros básicos por parte de las personas mayores: el 9,4% no puede mantener la vivienda a temperaturas adecuadas; el 4,4% ha retrasado pagos en relación con gastos de la vivienda principal; a ello se añade que más del 30% no tiene capacidad de afrontar un gasto imprevisto.
Publicado por Comisiones Obreras, el Observatorio Social de las Personas Mayores-2021 recuerda el “número muy relevante” de infecciones y muertes en las residencias” durante la crisis por la COVID-19, lo que ha hecho “saltar las alarmas” sobre la necesidad de incrementar los controles; “no debe olvidarse que el 70% de las plazas residenciales en España son privadas” (el 73,2% en 2020; y el 79,4% en el País Valenciano, en tercer lugar tras Cantabria y Cataluña).
En las conclusiones del Observatorio se aboga por una reforma fiscal en contraposición a las políticas de recorte; uno de los argumentos es que los ingresos tributarios en el estado español se sitúan en el 35,2% del PIB (6,3 puntos por debajo del promedio de la UE, lo que representa un déficit de 30.500 millones de euros anuales); la diferencia en la recaudación tributaria obedece “al fraude, la exclusión fiscal y el incremento de los impuestos indirectos en perjuicio de los directos”.
El número total de pensiones contributivas en el País Valenciano es de 1.009.234 (en todo el estado 9,8 millones) y la pensión media, de 954,9 euros mensuales (media estatal de 1.035 euros), aunque en la provincia de Alicante están en un escalón inferior (897 euros); con datos del Observatorio en agosto de 2021, la mayor parte de las pensiones contributivas son de jubilación, 630.100 en el País Valenciano (media de 1.091 euros al mes), seguido de las de viudedad, 243.005 (media de 696,2 euros mensuales).
El documento menciona el “importante retroceso” de la esperanza de vida (al nacer) en el estado español durante 2020, el año de la COVID-19; se situaba ese año en los 85,07 años en el caso de las mujeres (pérdida de 1,15 años) y 79,6 de los hombres (reducción de 1,26 años). La tendencia no se concretó del mismo modo en las diferentes autonomías: en Madrid la reducción fue de tres años (los hombres) y 2,2 años las mujeres.
Otro dato al que se hace referencia es el de personas mayores de 65 años que viven en hogares unipersonales: siete millones, principalmente mujeres, en 2020.
Asimismo según Eurostat (estadística con datos de 2018), el gasto público en salud supone el 6,3% del PIB en el estado español, lo que le distancia de Alemania (9,7%), Francia (9,4%), Suecia (9,3%), Dinamarca, Bélgica y Holanda. El porcentaje de inversión en España es similar al de la República Checa y ligeramente superior al de Eslovenia. La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras también resalta que el gasto privado en salud del estado español representaba –en 2018- el 0,7% del PIB (el octavo de la UE).
Si se considera el gasto público sanitario por habitante protegido en España, existen diferencias por comunidades autónomas; Madrid y Andalucía estaban, en 2019, en el último lugar de la ratio, muy lejos del resto de las autonomías. Y en cuanto a los conciertos con el sector privado, destaca Cataluña (23,9% de su gasto público sanitario); Madrid y Baleares también gastan en concertaciones por encima de la media estatal. Por otra parte, las camas hospitalarias en funcionamiento por cada mil habitantes en España pasaron de 3,36 en 2005 a 2,95 en 2019.
Uno de los capítulos está dedicado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. “En junio de 2021 se registran todavía 230.442 personas en lista de espera”, detalla el informe; el País Valenciano lidera el ranking sobre aumento de personas a la espera de prestación por dependencia (incremento del 56,5% respecto a junio de 2020). En cuanto a la cobertura de plazas residenciales, la media estatal se situaba en el 4,2% de la población mayor de 65 años en 2020 (2,8% en el País Valenciano).
El estado español dedicaba el 10,4% del PIB a las pensiones de jubilación ordinaria y supervivencia en 2018, un 0,6% inferior al promedio de la UE-28 (España ocupa, de este modo, la undécima posición en la clasificación europea). El Observatorio del sindicato recuerda los desequilibrios de género: “La pensión contributiva de jubilación media de los hombres es 454 euros mensuales mayor que la de las mujeres, lo que implica que para alcanzar la pensión media de ellos, la de ellas debería incrementarse un 49%”.
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