Señor Presidente: Ahora que usted acaba de renovar su mandato -por lo que le damos sinceramente la enhorabuena- y que ha pasado la campaña electoral (lo que podía hacer parecer oportunista el tema, acusando a quien lo sacara de hacer electoralismo), nos dirigimos a usted con la intención de exponerle algo que nos preocupa como […]
Señor Presidente:
Ahora que usted acaba de renovar su mandato -por lo que le damos sinceramente la enhorabuena- y que ha pasado la campaña electoral (lo que podía hacer parecer oportunista el tema, acusando a quien lo sacara de hacer electoralismo), nos dirigimos a usted con la intención de exponerle algo que nos preocupa como ciudadanos concienciados en la necesidad de promover los derechos humanos y la justicia cuando éstos han sido vulnerados gravemente.
En el programa «Tengo una pregunta para usted», emitido hace unos meses, un ciudadano le preguntó si usted estaría dispuesto a entregar al ex presidente José María Aznar en un hipotético juicio de un tribunal internacional. Usted contestó: «No soy partidario de que haya ninguna imputación sobre Aznar por su posición en la guerra de Iraq». Como usted conoce perfectamente, los costes humanos de esta agresión han sido, y siguen siendo, verdaderamente trágicos (varios cientos de miles de víctimas civiles, cuatro millones de desplazados, un país destruido…).
Pues bien, una vez renovado su mandato nos gustaría preguntarle qué significaban exactamente estas declaraciones. ¿Quieren decir que va usted a hacer algo para obstaculizar el funcionamiento de la justicia si hay indicios suficientes para enjuiciar a José María Aznar? ¿No le parece, señor Presidente, que esto podría interpretarse como una actuación destinada a encubrir delitos gravísimos presuntamente cometidos por el ex presidente? Esta posibilidad (comisión de graves delitos en la guerra de Iraq) no es una mera especulación, señor Presidente. Sólo como mero recordatorio, conviene tener presente algunos hechos que parecen irrefutables:
– José María Aznar, haciendo caso omiso de sus servicios de inteligencia (parece que el jefe del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, no confirmó en ningún momento que Saddam Hussein tuviera armas de destrucción o que tuviera algo que ver con el grupo terrorista Al-Qaeda), decidió apoyar al presidente Bush en su guerra contra Iraq. La Constitución Española establece (art. 63.3) que corresponde al Rey, «previa autorización de las Cortes», declarar la guerra. No recordamos que se cumplieran estos trámites.
– Podría decirse que no se declaró ninguna guerra, y, por tanto, no hay ninguna guerra -cosas más raras se han visto, por supuesto-, pero, en ese caso, ¿le afectaría al ex presidente Aznar el artículo 591 del Código Penal, que dice que será castigado con la pena de prisión de ocho a quince años el que «durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado». ¿No quedó la neutralidad de España comprometida con el apoyo manifiesto y entusiasta del ex presidente Aznar al presidente de Estados Unidos cuando éste ocupó Iraq?
– Por otro lado, el artículo 590 del Código Penal también señala una responsabilidad grave cuando señala que «el que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados […] expusiera a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, será castigado con la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario». Según todos los indicios, el atentado más grave de la historia de España cometido el 11 de marzo de 2004 está inequívocamente relacionado con el apoyo de España a la ocupación de Iraq.
– Parece indudable que España debe cumplir, como los demás países, las normas de Derecho Internacional, que, según las más autorizadas fuentes jurídicas, han sido gravemente vulneradas en la ocupación de Iraq.
Por tanto, si es que estamos ante unas actuaciones gravemente calificadas por el derecho penal, consideramos que usted, como Presidente de Gobierno, debería impulsar una investigación exhaustiva sobre la actuación del anterior presidente y asimismo favorecer el procesamiento oportuno.
Entendemos que sería lamentable que España, como Estado, se negara a investigar y enjuiciar estas actuaciones criminales (según el derecho penal e internacional) y que fuera la Corte Penal Internacional quien tuviera que tomar cartas en el asunto. Al parecer, el Estatuto de esta Corte prescribe que éste es un instrumento complementario al derecho penal nacional (art. 1) y, según su artículo 17, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando el Estado del que se trate (España) «no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento» oportuno. Es decir, que en el caso de que el Estado español no esté dispuesto a investigar o enjuiciar al ex presidente de gobierno por la posible comisión de graves delitos, la Corte Penal Internacional sí sería competente en el asunto. Entre los delitos que contempla la competencia de esta Corte están el delito de agresión a un país (todo parece indicar que se agredió a Iraq, a nuestro entender). ¿No le parece, señor Presidente, que sería un tanto bochornoso para nuestro país que se alentara la impunidad de un ex presidente que pudiera haber incurrido en esta batería de delitos?
Quizás en España los poderosos puedan gozar de algún tipo de impunidad, pero la Corte Penal Internacional establece en el artículo 27 de su Estatuto (bajo el sugerente título de «improcedencia del cargo oficial») que será aplicable «a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial». Es más, las posibles inmunidades «no obstarán para que la Corte ejerza su competencia» (art. 27.2). Sin embargo, no sería muy bueno para la imagen de nuestro país que un órgano internacional tuviera que defender los valores de justicia e igualdad que tan justamente nuestra Constitución proclama en su artículo primero.
Podría sugerirse que quizás el ex presidente Aznar no tuviera intención de provocar daños, pero también el Estatuto de la Corte contempla el «elemento de intencionalidad» en su artículo 30, en el que se dice que «en relación con una consecuencia» una persona será penalmente responsable si «es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos». Parece que es bastante normal suponer que la ocupación militar de un país va a producir numerosos muertos inocentes, ¿no le parece a usted? Las cifras que se manejan actualmente no bajan de varios cientos de miles de muertos
Estamos seguros de que usted es un firme defensor de los derechos humanos, como lo ha declarado en múltiples ocasiones, y de que no quiere dar la lamentable impresión de colaborar con la impunidad de los poderosos cuando cometen crímenes con las inhumanas consecuencias que estamos viendo. Y también estamos absolutamente convencidos de que a usted no se le ocurriría dar una instrucción al Fiscal General del Estado, al Ministro de Justicia o a cualquier otro órgano judicial, en el sentido de que intentara obstaculizar la justicia, a la que tienen derecho todos los ciudadanos, incluidos los muertos y millones de víctimas de Iraq.
* Pedro López López, Lluis Orri Riba y Javier Parra Molina son miembros de la Plataforma Juicio a Aznar