El reportaje de un medio de investigación periodística acerca de lo que es un verdadero escándalo político tributario de corrupción nos lleva a establecer un claro vínculo entre actores clave de poder en la escena política
(*). Es en el contexto del proceso constituyente tal que instalado después del contundente triunfo en las urnas de la opción Apruebo y de la Convención Constitucional que una trenza de poder se revela y lleva a interrogarnos acerca de su probable impacto político. Pues habrá que proceder a elegir delegados para redactar la nueva constitución que los chilenos y chilenas necesitan. Y es aquí, y a la luz de estas alianzas objetivas, que el poder de la oligarquía para influir y distorsionar todo proceso límpido de elaboración de una sociedad, con instituciones legítimas que respeten las normas mínimas de una sociedad percibida como democrática, aparece como una amenaza
Los hechos evidenciados por CIPER son que después de un juicio tributario por fraude al fisco, cohecho y lavado de dinero donde a los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, se los sancionó con clases de ética junto con una multa de 857 millones de pesos cada uno y una pena de presidio menor por “el financiamiento ilegal de la política” (que cabe llamar corrupción severa), a la influyente y opaca firma-empresa-holding Penta el SII le descuenta nada menos que 1.400 millones de pesos. Monto que gastó en insignes bufetes de abogados para su defensa y que son deducidos de sus impuestos del año tributario 2018. Resolución adoptada aprovechándose del clima de pandemia, el 3 de agosto pasado.
En resumidas cuentas, el Estado no cobra lo que debe a los ricos y poderosos ni recauda para las arcas fiscales. Y lo que es escandaloso, injusto e insensato es que la cuenta en millones a “asesores legales” de los ricos y poderosos la pagamos, en la práctica, los ciudadanos chilenos y chilenas.
Como lo reveló la investigación y el juicio, fue Penta quien financió ilegalmente –a través de boletas falsas– diversas campañas políticas en un caso de gran corrupción revelador de los mecanismos financieros de funcionamiento de la casta política institucional. Ahí aparecieron los nombres de connotados políticos de la ultraderecha conservadora y neoliberal como Ena Von Baer, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, Pablo Wagner, Laurence Golborne y Andrés Velasco, entre otras figuras públicas que se vieron involucradas cuando estalló el caso emblemático en 2014 que concitó una gran indignación en la opinión pública.
En el proceso a Penta también se expusieron sofisticadas fórmulas de evasión de impuestos, como contratos forward truchos y millonarios bonos pagados a altos ejecutivos y cónyuges con el fin de eludir el pago de impuestos.
Cabe insistir en el dispositivo de captura objetivo que se produce aquí entre cuatro actores de poder: 1. El Estado-SII cómplice; 2. la empresa corruptora-corrupta Penta; 3. los políticos corruptos por el dinero de Penta, y 4. los grandes bufetes de abogados que se hacen pagar fortunas por “defender” a clientes corruptos con profesionales (abogados) que están estrechamente vinculados, en una relación estructurante y sistémica, con los tres actores anteriores. Obvio, quien pierde es la democracia, pues el Estado en este tipo de sistemas de corrupción de la política debe defender la noción de “Bien común” y de interés general. Es aquí entonces que se revela también el carácter ideológico de lo que se denomina el Estado de derecho, pues éste, bajo el neoliberalismo, no funciona sometido al “derecho” (hecho sintomático: la jurisprudencia sirve para avalar criterios irracionales) sino que sus funciones son capturadas por dispositivos e intereses privados oligárquicos de poder.
Tanto los poderosos empresarios Bernardo Larraín Matte (patrón de la SOFOFA) y Juan Sutil (patrón de la CPC), representantes de lo más granado de la gran oligarquía empresarial, así como un político como Pablo Longueira (acusado de cohecho en el marco del caso SQM), han manifestado su intención de “intervenir en el debate constitucional”. Manera disfrazada de expresar sus ánimos de captura del proceso y de financiar las campañas en sus medios hegemónicos para hacer elegir delegados a la convención constitucional con el propósito de que les hagan una Constitución a su pinta. Una Carta que no cuestione el régimen de propiedad privada de estos grandes grupos económicos que no sólo controlan la economía capitalista y neoliberal chilena, sino que además han capturado organismos clave del Estado como el SII. Estos grandes propietarios oligarcas como Penta, Soquimich (Julio Ponce Lerou) o el grupo Quiñenco (Luksic) tienen a su servicio gabinetes de abogados que dominan la retórica legal como forma aceptable de la ideología del dinero y el mercado, y para uso de la oligarquía, de los cuales sospechamos vendrán no pocos “expertos constitucionalistas”.