Ante el debate abierto en la sociedad valenciana tras la aprobación de una resolución de Las Cortes Valencianas, en el debate de política general de la Comunitat Valenciana de los pasados 13-15 de septiembre, en la que se instaba al Consell a tramitar una Ley que contemplara una tasa turística, Ecologistas en Acción quiere fijar […]
Ante el debate abierto en la sociedad valenciana tras la aprobación de una resolución de Las Cortes Valencianas, en el debate de política general de la Comunitat Valenciana de los pasados 13-15 de septiembre, en la que se instaba al Consell a tramitar una Ley que contemplara una tasa turística, Ecologistas en Acción quiere fijar su posición. La propuesta fue impulsada por Podemos y tuvo el apoyo de Compromís. La recaudación de ese impuesto iría al sector turístico, para la mejora de los servicios y de las infraestructuras turísticas y la recaudarían los Ayuntamientos.
El turismo de masas (7,8 millones de turistas en el País Valenciano en 2016) tiene unos grandes impactos ambientales. Las infraestructuras básicas se han de diseñar para acoger una población flotante superior varias veces a la población residente en las temporadas altas: depuradoras de aguas residuales, abastecimiento, recogida y tratamiento de residuos, etc. A menudo no existe ese dimensionamiento y se producen vertidos de aguas sin depurar, residuos que se envían a vertedero sin tratar, vertederos que se colmatan, etc.
El turismo en la Comunitat Valenciana, impulsado por las administraciones, en su vertiente de «turismo residencial» ha tenido además gravísimos impactos en la ordenación del territorio, pues ha servido para promover la ocupación de territorios de alto valor ambiental (el litoral, los entornos de espacios naturales protegidos, espacios agrícolas de alto valor, etc) constituyendo un cerco a esos espacios y una auténtica muralla a lo largo del litoral. Además esos desarrollos turísticos promovían el urbanismo disperso, con gravísimas consecuencias ambientales asociadas al mismo: intensificación de la movilidad motorizada, emisiones de gases de efecto invernadero, agravamiento del cambio climático, impactos paisajísticos, etc.
Una parte importante de los turistas en la Comunitat Valenciana utilizan el transporte aéreo para su desplazamiento, contribuyendo de forma importante a las emisiones de gases de efecto invernadero. El reciente turismo de cruceros tiene unos grandes impactos sobre la calidad del aire donde recalan los mismos, pues queman un combustible de baja calidad (fueloil) y suponen un colapso puntual de los servicios de esas ciudades. El crecimiento de los apartamentos turísticos, empeora las condiciones de vida de la población residente, pues aparte de las molestias que genera (ruidos, aglomeraciones, etc.), eleva el precio del alquiler de las viviendas y expulsa de sus barrios a la población más vulnerable, el fenómeno denominado gentrificación de las ciudades. Por último el turismo de masas se está asociando a la precariedad y explotación de los trabajadores de la hostelería y restauración. El fenómeno de las «kellys» ha salido a la luz pública, y es un signo de la injusticia social asociada a ese turismo de masas.
Es evidente por tanto que el turismo debe gravarse con impuestos y tasas adicionales, que ayude en parte a hacer frente a esos impactos y que redunde en la calidad de vida de la población residente y en los trabajadores del sector. Ecologistas en Acción está en contra de que esa recaudación de la tasa turística engorde el propio sector turístico y que se utilice para mejorar sus infraestructuras, tal y como se plantea en la resolución aprobada en Las Cortes Valencianas. La recaudación debería ser autonómica para que no se disgregue en centenares de insignificantes miniproyectos. Tomando el ejemplo de las Islas Baleares y de otras regiones y ciudades, la tasa o impuesto turístico tiene que ser autonómico y con destino finalista, teniendo como objetivo prioritario la restauración del medio ambiente, sin olvidar otras posibles finalidades, también importantes como la recuperación del patrimonio histórico y cultural, la mejora de la calidad del empleo o lucha contra el cambio climático.
Los argumentos del sector turístico y hostelero (Hosbec, Apha, Apeha, Cámaras de Comercio, patronales, etc.) en contra de la instauración de la tasa no se sostienen. La implantación de la tasa no supondría, por desgracia, una barrera disuasoria para el turismo. La supuesta pérdida de competitividad frente a otros destinos, tampoco es cierta, pues la tasa redundaría en una mejora de la calidad ambiental y paisajística, muchas veces reclamada por los mismos turistas. Es necesario reducir los impactos y presiones ambientales y de recursos de la actividad turística, y mejorar la calidad de lo que se oferta al turista, consiguiendo un turismo de mayor calidad y reduciendo el número de turistas. Es necesario también imponer límites al turismo, estudiando la capacidad de carga de cada territorio, decrecer y crear alternativas al mismo desde la economía social y solidaria.
Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article35058.html?artpage=2-2#outil_sommaire_1