Remedando la incorrección sintáctica habitual entre nosotros, y que con gran humor rememoró Iban Zaldúa en su divertida novela «Si Sabino viviría», no es mal ejercicio adelantarse a pensar qué habría pasado si el Tribunal Constitucional (TC) hubiera confirmado, también por la diferencia de un voto, la sentencia de ilegalización de Bildu por parte del […]
Remedando la incorrección sintáctica habitual entre nosotros, y que con gran humor rememoró Iban Zaldúa en su divertida novela «Si Sabino viviría», no es mal ejercicio adelantarse a pensar qué habría pasado si el Tribunal Constitucional (TC) hubiera confirmado, también por la diferencia de un voto, la sentencia de ilegalización de Bildu por parte del Tribunal Supremo (TS). Hagamos la prospectiva probable de esa hipótesis que nos ha rozado con su aliento.
No antes sin pararnos a apuntar lo chocante que es la vida colectiva. El voto de un señor o señora en un lugar especial (el TC) ha cambiado el rumbo de la historia de catástrofe que ya estaba escrita por el voto de otro señor -no había señoras- en otro lugar especial, el TS. La historia la escriben las grandes variables pero no tanto como para que el azar o la decisión personal no fuerce también los acontecimientos.
Para empezar creo que quien mejor describió el porvenir inmediato que nos esperaba tras la sentencia del TS, fue el punto 4º del Manifiesto recogido en 24 horas el 3 de mayo, dos días antes de la sentencia del TC, mediante firma de 600 abogados y profesores universitarios, y que reflejaba la alarma colectiva ante el escenario convulso y de pucherazo que se avecinaba.
«Con la prohibición, los derechos de asociación y de participación política se verían suspendidos de hecho para un significativo porcentaje de población, trastocando cualitativamente los resultados electorales y las alianzas de gobierno consiguientes, así como la representatividad del sistema institucional resultante. Las elecciones mismas y las instituciones locales y territoriales, de singular importancia en nuestro país, verían mutilada su legitimidad. El Estado de Derecho quedaría en entredicho elevándose, en un clima de desasosiego, los riesgos para la gobernabilidad en la legislatura, lo cual no se corresponde a una época de apertura seria de las expectativas de fin de la violencia.
No sería entendible que unas decisiones incorrectas del sistema judicial deslegitimen la representatividad institucional y entorpezcan expectativas de paz largamente construidas.»
De haber ganado la posición no garantista en el TC, la campaña de dos semanas habría sido convulsa y abroncada, y con una calle rota, al estar excluidos candidatos queridos. La campaña -la menos libre de nuestra historia reciente- probablemente se habría refugiado en lo mediático, en un clima de pucherazo anunciado e interesado, organizado a modo de conspiración encadenada, por el propio sistema político e institucional-judicial español.
De haber sido excluida Bildu, PNV y especialmente Aralar y Ezker Batua, habrían sido reclamados para retirar sus candidaturas al entender un sector que no cabía legitimar unas elecciones amañadas. Aunque hubieran argumentado que no se podía dejar la gestión de todo el sistema institucional intermedio y local en manos de los partidos de Estado, habrían sido vistos con hostilidad por sectores más amplios que la propia base natural de Bildu, hasta el punto de no recoger el voto útil natural de Bildu, y quizás perder una pequeña parte del propio, en beneficio del fiel electorado socialista o del PP.
Es que el tema habría provocado no ya malestar sino una gran alarma social, la propia de un robo anunciado.
La tensión intraciudadana de los más partidarios y contrarios se habría elevado mucho con altos riesgos de conflicto social especialmente en muchos pueblos. Se habrían envenenado muchas relaciones sociales.
Y los resultados probables, una abstención y/o voto nulo de antología y una representatividad institucional viciada en Diputaciones y ciudades. No solo por el no voto a Bildu, sino por la ulterior alianza PSE y PP para echar al PNV de todas las instituciones.
La distancia entre el país real y el país institucional habría sido tan impresionante que me río yo de la desafección que por mucho menos tiene EITB. Probablemente se habría pasado al estadio del boicot y de la no gobernabilidad, sin llegar a lo que los EE UU, todavía colonia británica en 1750-60, se plantearon de «No taxation without representation» (No hay impuestos sin representación»).
Visto desde los problemas de fondo habrían sido dos años perdidos -hasta las autonómicas- para la recuperación moral, social y económica del país, prorrogables por otros cuatro, si Bildu u otro tampoco hubiera podido presentarse en el 2013.
La cínica y eficaz división de funciones entre un Rubalcaba exterminador y un Patxi conciliador habría dado como resultado el copo de todo el sistema institucional mediante compromisos mutuos entre PP y PSE. Aunque… para nada. Dentro de un año, tras las arrasadoras elecciones generales para el PSOE, el PSE seguramente habría estado obligado a cambiar de aliado, volviendo a mirar hacia el PNV. Posiblemente el país no habría entendido el cachondeo de una alianza antinatural desde hace dos años y ahora renovada (PSE y PP), incluida una convulsión de legitimidad e inestabilidad institucional profunda, para volverla a cambiar meses después. Francamente ese PSE oportunista y sin principios habría sido de una irresponsabilidad que asusta. Y más cuando el que tiene más por ganar es Basagoiti.
Junto a Bildu, al PNV, a Aralar y a EB, el TC le ha hecho también un favor al propio PSE evitándole entrar en un agujero sin retorno. Ahora podrá aliarse tontamente con el PP, en vez de reformular todas sus alianzas por lo que le viene encima a un año vista pero, al menos, sin pucherazo. El suicidio es inevitablemente libre.
El 6-5 también le ha hecho un favor al propio Estado. La sentencia contraria habría sido una máquina de hacer independentistas y soberanistas que, en cuatro años, habrían dado un vuelco a la situación. Las ollas a presión solo aguantan un tiempo.
Una situación de exclusión de la izquierda abertzale histórica habría elevado la tentación de una parte de ETA de volver a las andadas, con el resultado esperable de una fractura en la corriente y un alejamiento de la paz. Mala cosa para canalizarla. El escenario de derrota y exterminio es el deseado por Basagoiti y Díez que han tomado el testigo del «cuanto peor mejor».
Felizmente, todo lo apuntado es un ejercicio de política ficción. Nos hemos salvados por la campana, por un voto. ¡Qué alivio!. El sentido jurídico, común y también de Estado de Derecho de 6 miembros del TC nos ha evitado una pesadilla, y nos da la oportunidad de apelar a la inteligencia colectiva para resolver problemas en lugar de emponzoñarlos.
Pero esto no es serio. No es de recibo esta inseguridad en libertades fundamentales. Esto más que un Estado de Derecho es una lotería.
Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU
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