«Si no activan los procedimientos y decisiones jurídicos y diplomáticos, Salvatore Mancuso podría quedar libre y viviendo en otro país como Italia»

La Oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburgo de Berlín (FRL) y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz) se propusieron indagar sobre la situación actual del paramilitarismo en Colombia, después del incompleto proceso de desmovilización (2003-2007). Se auspiciaron investigaciones territoriales de las regiones más afectadas con miras a identificar continuidades y cambios en los fenómenos paramilitares durante los últimos años. Los hallazgos se recogen en este libro, que busca ser un aporte para entender la dinámica paramilitar en Colombia, sin perder de vista que no se trata de un fenómeno homogéneo, sino más bien de un entramado de violencias disímiles en diversos lugares del país, que no son totalmente aleatorias.

Autoras y autores de los nueve capítulos regionales y los dos ca­pítulos nacionales enfrentaron el desafío de encontrar fuentes confiables para el análisis de las nuevas estructuras para­militares. Se recopilaron datos de panfletos publicados por estos grupos, testimonios de las víctimas, cifras de organizaciones de derechos humanos y “alertas tempranas” emitidas por la Defensoría del Pueblo. Aun así, autores y editores del libro señalan la falta de una sistematización de la información, muchas veces dispersa y de difícil acceso, para comprender mejor la magnitud y las lógicas de los paramilitarismos actuales en el país.

Ferdinand Muggenthaler, director de la Oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburgo, ha comentado que “un reto ha sido el riesgo que corren quienes se atreven a investigar. Aunque se trata de recolectar información de dominio público y contextualizarla, en pleno desarrollo de los acontecimientos y dadas las circunstancias de violencia en Colombia, se vuelve una tarea complicada, tan importante como riesgosa. Denunciar las agrupaciones paramilitares e indagar sus vínculos con economías legales e ilegales, con élites locales e instancias del Estado, puede hacer que los equipos de investigación sean blanco de estos grupos. De hecho, las amenazas contra uno de los autores fueron tan preocupantes que se vio obligado a salir del país.

Esta obra no pretende dar respuestas definitivas. Más bien invita a un debate necesario, urgente e incluso incómodo sobre las causas de la horrible continuidad de la violencia, en medio de un precario proceso de paz. ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta también es un llamado a discutir y, sobre todo, a seguir indagando, denunciando y (de este modo) combatiendo a los grupos paramilitares. Por supuesto, la academia no puede ni debe asumir este rol en soledad. Se precisan respuestas integrales, el fenómeno paramilitar es un obstáculo central para la construc­ción de una paz real en Colombia y para el tránsito de la sociedad colombiana hacia una más justa, más democrática y más sostenible. Especialmente tras la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones presidenciales, que ha despertado muchas esperanzas en toda América Latina”, concluyó Muggenthaler.

Llamado del Presidente de la Comisión de la verdad CEV

El Presidente de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad CEV, jesuita Francisco de Roux, ha comentado el domingo 21 de agosto de 2022 a la agencia Sir, Vaticano que “El ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso tiene que enfrentar la justicia en Colombia, no en Italia. La comisión CEV – que represento como organismo gubernamental insidiado por el expresidente Santos en 2017 – pide el sometimiento a la justicia de Mancuso porque seguir en la guerra no es el camino.

Que Salvatore Mancuso diga la verdad sobre sus aliados políticos, empresariales, militares, de la policía, sus aliados criminales a nivel nacional y también internacional y con las mafias italianas. Eso implica que Mancuso entregue todos los capitales, que él restituya y satisfaga las peticiones de las victimas colombianas y solo si él hace todo eso, Mancuso podría acceder a la justicia restaurativa y no tendría que morir en la cárcel. Esto mismo camino que proponemos a Salvatore Mancuso Salvatore lo extendemos a todos mafiosos involucrados en el narcotráfico.”, concluyo de Roux (1).

Así cambió el paramilitarismo en Colombia

Desde hace varios años, distintos gobiernos, organismos nacionales e internacionales, así como medios de comunicación, entre otros, insisten en señalar que el paramilitarismo desapareció de Colombia. Sin embargo, fenómenos como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, las llamadas Águilas Negras, entre otros grupos, confirman que el paramilitarismo está presente en las regiones del país. El reciente libro “¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta en Colombia” analiza cómo se encuentra este fenómeno y sus actuales conexiones con el Estado, empresas y «grupos narcoparaterratenientes».

El día 24 de agosto, en el Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-, se realizó una rueda de prensa y la posterior presentación de este libro. Este evento contó con la presencia de Alexandra Valencia, Magistrada de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá; Javier Giraldo, Sacerdote Jesuita comprometido con los Derechos Humanos; Leonardo Luna de la Fundación Rosa Luxemburgo; y Camilo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-.

La investigación presentada en el libro analiza cómo se encuentra actualmente el fenómeno paramilitar en Colombia con datos inéditos. “Las regiones donde se hicieron las investigaciones evidencian que hay un re-acomodo, una cierta renovación del paramilitarismo” dijo el sacerdote Javier Giraldo, quien, además, señaló: “aunque asume nuevas dimensiones, no pierde las características de su origen, que es ser un brazo clandestino del Estado”.

Por su parte, la Magistrada Alexandra Valencia advirtió: “si no se toman en este momento las medidas o las decisiones políticas correctas, en unos 10 años estaríamos en una encrucijada de máxima violencia en el país”, y agregó que “podríamos, eventualmente, concluir que en este momento casi que nos encontramos en una etapa previa a lo que fueron los últimos años de los noventa, cuando se dio la gran confederación paramilitar”; y se refirió a la responsabilidad histórica de este gobierno, la cual es fundamental para evitar que esto suceda.

De acuerdo con las cifras de Indepaz del 2021, consignadas en el libro, existen más de 14 grupos narcoparamilitares con presencia en diferentes departamentos del país, siendo las autodenominadas AGC las que tienen mayor control en los territorios: Clan del Golfo o ACG (25 departamentos), EPL-Pelusos (4 departamentos), Los Rastrojos (9 departamentos), Los Caparros (3 departamentos), Los Pacheca (5 departamentos), La Oficina (Valle de Aburrá) (1 departamento), Los Puntilleros (2 departamentos), La Constru (1 departamento), Los Pachelly (1 departamento), Los Contadores (1 departamento), La Cordillera (4 departamentos), Libertadores del Nordeste (1 departamento), La Empresa (1 departamento), La Local (1 departamento), otros grupos (8 departamentos).

Leonardo Luna, coordinador de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo, oficina regional andina, explicó algunas de las diferencias de los actuales grupos paramilitares en comparación con las anteriores: “de las fases del paramilitarismo me parece importante resaltar su anclaje territorial y en este momento su forma de actuar frente al anonimato. Creo que algo que es muy sonado en el país es el tema de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Hubo un tiempo, antes de la desmovilización, en que los grupos paramilitares se posicionaban arguyendo ser los autores de los hechos criminales para generar ese terror y el copamiento del territorio; pero después de la ‘desmovilización’ su forma ha sido más el anonimato y se entiende que sigue habiendo una alta tasa de homicidios y de violencias sociales en los territorios. Sin embargo, ellos no se declaran como autores de estas acciones”.

Explicó, además, que los nuevos mandos de los grupos paramilitares no han logrado ser identificados: “no se logra desentrañar con tanta claridad cómo está esa relación de los políticos y los grupos paramilitares en el ejercicio de la violencia armada y sus nexos con las empresas y multinacionales”.

De otro lado, la Magistrada Alexandra Valencia analizó un asunto polémico respecto a las iniciativas del gobierno de buscar la paz y el sometimiento a la justicia de estos grupos: “uno de los primeros pasos sería la desvinculación de jóvenes que fueron vinculados a estas estructuras armadas siendo menores de edad, para que desde el primer momento se le dé un tratamiento jurídico distinto, es decir, un tratamiento jurídico de menores de edad. Me refiero a lo siguiente; la fuerza violenta o la fuerza humana en estos grupos ilegales por lo general se encuentra integrada por jóvenes que fueron reclutados sobre los 15, 16, 17 años. La decisión de desvincularse de estos grupos para ellos es muy compleja, porque al adquirir la mayoría de edad estás asumiendo un régimen de responsabilidad penal ordinaria; es decir, que podría llegar a pensarse un tratamiento jurídico distinto para personas que en estos momentos puedan tener 25, 27 años y les facilite la incorporación a la sociedad civil” (2).

Por su parte, el exministro y director de Indepaz, Camilo González Posso, indicó que, a pesar de que el libro presenta el entramado diferenciado en el que actúan los grupos paramilitares en las regiones, no se puede perder de vista la orientación política y económica de lo que llamó el complejo paramilitar: «No se puede tener una mirada abstracta totalizante ni tampoco pensar que es un asunto de casuística local de grupos armados», sentenció, agregando que “el componente armado del paramilitarismo, con mecanismos de economía y enlazas políticos, tiene dimensión y poder con dimensiones regionales, nacionales e internacionales (a través del Clan Del Golfo y mafias italianas). Es un entramaje de economía política a nivel nacional que se une al narcotráfico y acumulo de la riqueza a través de la violencia armada que ha marcado la historia del país”.

Jesuita Giraldo cuestiona informe final de la Comisión de la Verdad

El jesuita Javier Giraldo ha cuestionado el informe final de la Comisión de la Verdad CEV que “ha omitido la primera parte de la conformación del paramilitarismo, impulsada por la Visita en Colombia en 1962, del general estadunidense Wiliam Pelham Yarborough. Este propone, en sus directrices secretas a los Gobiernos, establecer el entrenamiento de personal mixto, civil militar, de manera clandestina para “presionar cambios sabidos, necesarios para poner en marcha funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que se necesite, impulsar sabotaje y actividades terroristas paramilitares contra los partidarios conocidos del comunismo”. La Doctrina de Seguridad postulada en el decreto 3398 en el año 1965 buscó posicionar una nueva estructura cívico-militar en la guerra antisubversiva, obedeciendo las líneas de la misión Yarborough, permitiendo entregar armas de uso privativo oficial a grupos de civiles y organizando grupos armados civiles como auxiliares del ejército. Esto ocasiono que actores no estatales conformaran ejércitos privados, en especial narcotraficantes, ganaderos y militares retirados, situación que socavo el monopolio de la violencia estatal”, concluyo P. Javier Giraldo, Tercer vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP y acompañante de la comunidad de paz de San José de Apartado.

Entrevista exclusiva a la magistrada Alejandra Valencia

En la sede del Cinep, hablé personalmente con la Dra. Alexandra Valencia, magistrada con funciones de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con experiencia de más de 27 años en el ámbito de la justicia y el derecho penal. Le presento mi libro “La bomba que hizo caer el ministro. Europa empezó el boycot frente a las barberie de Colombia (Antropos Ed.2021), considerando que el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso, hijo de ganaderos italianos de Cordoba originarios de Sapri (Salerno), en una declaración del 1 de agosto de 2022 ha solicitado a EE.UU (donde esta en prisión desde 2008) de ser extraditado a Italia porque tiene la nacionalidad italiana.

Me impresiona el coraje de la Magistrada Alejandra Valencia, que me recuerda el magistrado italiano antimafia Giovanni Falcone (asesinado en carro-bomba en Capaci, mayo 1993) y comentó:

“La situación que se presentó con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez es una muestra de las encrucijadas que debe afrontar el sistema judicial colombiano frente a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado interno. En el caso de Mancuso, se puede decir que el hecho de que su responsabilidad penal circule tanto del sistema penal ordinario como en el transicional frente a los graves crímenes que cometió cuando fue comandante de las estructuras paramilitares bloque Catatumbo, bloque Montes de María, bloque Córdoba y bloque Norte, refleja el reto que constituye procesar tal nivel de criminalidad. Si bien es posible que ante la magnitud de crímenes cometidos durante el conflicto armado haya un cruce de competencias, la claridad al respecto debe darla cada jurisdicción sabiendo lo que le corresponde y respetando las competencias de las demás”.

La Magistrada Alexandra Valencia, afirmó que «Si no activan los procedimientos y decisiones jurídicos y diplomáticos, Salvatore Mancuso podría quedar libre y viviendo en otro país como Italia».

«Si no se toman las medidas políticas correctas, en 10 años estaríamos en una situación muy compleja para el país con la presencia del ‘Clan del Golfo, regresando a la violencia de la época de Pablo Escobar'».

Además, afirma que este grupo paramilitar está presente al menos en 300 municipios.

A la agencia Sir-Vaticano (3), la magistrada Alexandra Valencia, ha subrayada: “Es grave la impunidad de las masacre y las violaciones de los derecho humanos que han sufrido las victimas de Mancuso Salvatore, esta responsabilidad requiere la comparecía presencial de Mancuso en Colombia frente a la ley de Justicia y paz de 2005, para garantizar la no repetición frente a las víctimas, y continúe su responsabilidad pendiente en los programas de desmovilización. ¨Por eso he pedido la orden de arresto con fine de extradición de Usa a Colombia en 2020, para que se comprometa con la no repetición. Mancuso tiene todas las garantías del estado colombiano para responder a las víctimas de las masacres”.

La destacada magistrada Alejandra Valencia (que en muchas ocasiones ha explicado la búsqueda de justicia en alianza con la sociedad civil como Cinep y también con las Madres de Plaza de Mayo) ha revelado cuando el ex comandante Mancuso la ha amenazado: “En los primeros procesos via video conferencia desde EEUU, Mancuso de forma despectiva me decía … “flacucha” y después ha entendido mi determinación a condenarlo, también porque tiene procesos de lavados de activos relacionado al narcotráfico internacional (con mafias italianas NDR).

Unamos los esfuerzos para incidir en la Cancillería Colombiana y también con Italia (que ha pedido la extradición en Italia desde 2008 con el procurador de Catanzaro, Dr. Nicola Gratteri, NDR) para pedir la extradición de EE.UU. hacia Colombia, considerando mi orden de arresto con fines de extradición que he emitido en 2020”.

Hay que mencionar que desde 2006 las autoridades italianas tienen información concreta sobre las relaciones entre el presunto narcotraficante Giorgio Sale, la mafia calabresa y los carteles colombianos para comercializar cocaína, revelaron fuentes oficiales. El vicepresidente de la Comisión Antimafia del Parlamento de Italia, Senador Giuseppe Lumia, dijo que «la mafia italiana, especialmente la calabresa, ofrece a los carteles colombianos la apertura del mercado europeo que es amplísimo».

Agregó que esa misma mafia italiana «les presta el servicio de reciclaje, el de lavado de dinero al colocar el dinero en los diferentes paraísos fiscales (y) lavarlo de diferentes maneras». «Es claro que existe una relación directa entre Giorgio Sale, la mafia calabresa y los carteles colombianos», expresó.

Sostuvo que la relación entre la mafia italiana y los narcotraficantes colombianos viene de la época de los carteles de Medellín y de Cali y hoy en día se extiende a «los grandes carteles paramilitares, en especial el de Salvatore Mancuso, quien busca controlar el mercado de drogas en Europa».

Reveló que Mancuso «es propietario de terrenos donde se cultiva la droga y les cobra a los diferentes carteles por el hecho de producir la droga».

«Tiene un interés directo sobre las tierras de cultivo y sobre el tráfico un interés indirecto ya que él le cobra a los carteles que producen y por lo tanto le interesa que el mercado está abierto en Italia y en los mercados internacionales», anotó el Senador italiano Giuseppe Lumia.

Precisó que la causa contra el jefe paramilitar colombiano no es solo de Italia, sino de la comunidad internacional, aunque los principales delitos son cometidos por Mancuso en territorio colombiano, como documenta el estudio sobre la captura del Estado, ¿Es hoy posible un Estado mafioso en Europa? Un análisis del caso italiano, Cinep 2010 (4).

Conclusión

Marta Ruiz fue la única periodista que integró el grupo de once personas que tuvo el encargo de construir el Informe final de la Comisión de la Verdad. En una reciente entrevista al Espectador (5) la comisionada Marta Ruiz ha evidenciado que “el narcotráfico ha sido un motor para la aguerra y la guerra fue motor para el narcotráfico, tanto que hubo espacios para que el narcotráfico tuviera sus ejércitos privados. Ha habido esfuerzos en Colombia para acabar con el narcotráfico, aunque con la estrategia equivocada. Cuando el gobierno quiso acabar con Pablo Escobar, lo logró, y lo ha hecho así hasta con Otoniel. Yo creo que la pregunta es otra: ¿cómo se insertó el narcotráfico en el sistema político? Hay que preguntarles a los partidos políticos qué hicieron, por qué es imposible competir en una campaña electoral porque es imposible de pagar, quién financia esas campañas.

Y hay un elemento que ha señalado el exministro Andrés Felipe Arias: el narcotráfico como factor estabilizador de la economía colombiana. Los campesinos y los cultivos vienen después y se articulan con las guerrillas, pero los otros eslabones de la cadena se articulan al poder económico y político. Debemos preguntarnos si la estrategia ha sido la correcta.

Me quedan muchas preguntas sobre el poder en Colombia. No logré explicarme cómo Carlos Castaño pasó de ser, en el año 93, un pistolero del cartel de Medellín a ser un hombre tan poderoso en el 98. No entiendo cómo se delega el poder en un hombre como él por parte de algunos sectores en Colombia. Quisiera haber indagado más sobre los partidos políticos, porque tienen una altísima responsabilidad de lo que sucedió en el país, ellos decidieron irse a la guerra. Todos, los de derecha y los de izquierda”, concluyó la comisionada Marta Ruiz.

La misma comisionada CEV, Dra. Marta Ruiz ha admitido la necesidad de una nueva comisión de la Verdad sobre narcotráfico, destacando que “no sabemos nada de narcotráfico. Debería haber una comisión de verdad solo para este tema, porque esta encriptado. Colombia se ha negado a tener información seria, no sabemos cuanta es la tierra de los narcos en Colombia. Nosotros logramos arañar, pero falta verdad en este punto”.

Por esta razón es muy valioso este esfuerzo del Instituto jesuita, Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep, de la Oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburgo de Berlín (FRL) y del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz), organizar la investigación que ha producido el libro “¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta en Colombia” (6), de suplir a este vacío que menciona la comisionada Ruiz.

Concluyendo, este articulo representa una nueva actualización de la investigación de Cristiano Morsolin: «La alianza estratégica de jesuitas y DDHH que desafía a los gobiernos autoritarios», actualizando el libro de Cristiano Morsolin, “La bomba que hizo caer el ministro. Europa empezó el boycott frente a la barbarie de Colombia” (ediciones Antropos, Bogotá 2021).

NOTAS

1. Colombia: padre De Roux (Commissione Verità), “ex comandante paramilitare Salvatore Mancuso sia estradato qui, non in Italia” – https://www.agensir.it/quotidiano/2022/8/29/colombia-padre-de-roux-commissione-verita-ex-comandante-paramilitare-salvatore-mancuso-sia-estradato-qui-non-in-italia/

2. Así cambió el paramilitarismo en Colombia

3. Colombia: Valencia (magistrata) su estradizione ex comandante paramilitare italo-colombiano Salvatore Mancuso, “uniamo sforzi a livello internazionale” –

   Colombia: Valencia (magistrata) su estradizione ex comandante paramilitare italo-colombiano Salvatore Mancuso, “uniamo sforzi a livello internazionale”

4. https://revistacontroversia.com/index.php/controversia/article/view/64
5. https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/la-responsabilidad-de-los-partidos-politicos-de-colombia-en-la-guerra-segun-la-comisionada-de-la-verdad-marta-ruiz/
6. https://www.rosalux.org.ec/presentacion-publica-de-libro-sobre-paramilitarismo-en-colombia/

Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas, entre los cuales “Cambio Civilizatorio” (Ed. Antropos, 2018, con prólogo del Cardenal Turkson, Canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales de la Santa Sede). Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Comentarista invitado por algunas agencias internacionales, como SIR (Vaticano), VITA (Milán), CIPSI (Roma), Religión Digital (Madrid), ALAI (Quito). Actualmente colabora con el Instituto de Paz IPAZDE de la Universidad Santo Tomas de Bogotà.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.