Reproducimos a continuación la intervención de Empar Pineda en su comparecencia ante la Subcomisión de las Cortes españolas para realizar un estudio y elaborar unas conclusiones sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el pasado 12 de diciembre. Vengo aquí como cofundadora de una Comisión pro-derecho al aborto que […]
Reproducimos a continuación la intervención de Empar Pineda en su comparecencia ante la Subcomisión de las Cortes españolas para realizar un estudio y elaborar unas conclusiones sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el pasado 12 de diciembre.
Vengo aquí como cofundadora de una Comisión pro-derecho al aborto que el movimiento feminista creamos a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta y vengo aquí a intentar, en estos 15 minutos y en las respuestas, poner a su servicio la experiencia que he ido acumulando en tantos años de atención a las mujeres que se encuentran ante la dificultad de un aborto inesperado, de un aborto no deseado o ante la situación de un embarazo deseado pero que por la existencia de graves taras físicas o psíquicas del feto tiene que ser interrumpido. En primer lugar, quería plantearles algo que para nosotras fue nuestro punto de arranque en aquellos años. Nacimos -entre otras cosas- luchando contra aquellas falsas leyes proteccionistas del Estado franquista y, precisamente, defendiendo que las mujeres somos adultas, somos personas con capacidad de decisión y que estamos -dicho en un lenguaje coloquial- hartas de tanta tutela innecesaria. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hemos demostrado a lo largo de la historia y, más concretamente, de la historia reciente, que si se nos facilitan los medios, somos capaces de hacer cualquier gestión, cualquier asunto tanto en la vida privada -que casi se nos dedicó en exclusiva a nosotras- como en la vida pública. Creo que hemos demostrado tener suficiente autonomía para tomar decisiones y decisiones serias y responsables y, evidentemente, la decisión de interrumpir un embarazo en curso, es una decisión sopesada, es una decisión muy seria que ninguna mujer toma con frivolidad.
Empezamos puesto que aquí el aborto -como ustedes saben- estaba penalizado en el Código Penal franquista, salvo la eximente aquella hipócrita que consideraba que cuando el aborto se había provocado para salvar el honor familiar no era tan aborto como si no hubiera sido por ello. Luchamos contra esas leyes, insisto, falsamente proteccionistas y venimos exigiendo que se nos considere como personas adultas, con capacidad para tomar decisiones por muy graves y por muy serias que sean. Empezamos enviando a las mujeres, acompañándolas muchas veces, a Holanda, a Gran Bretaña porque aquí era imposible abortar. Creo que recordarán SS.SS. que las cifras que barajaba entonces -en la época franquista- el fiscal del Estado eran de unos 300.000 abortos al año y unas 3.000 mujeres muertas por abortar. No les voy a relatar a SS.SS. en qué condiciones se abortaba salvo aquellas que tenían la suerte de acudir a nuestra comisión y de poder ser informadas de la existencia de países y de centros hospitalarios donde podían ejercer ese derecho.
Llegó la democracia, trabajamos mucho por que llegara, participamos muy activamente por que llegara y, es más, en las primeras manifestaciones exigiendo la libertad de los presos políticos, las feministas junto con esto planteábamos que hubiera libertad también para aquellas mujeres que estaban en prisión por lo que empezamos a llamar los delitos específicos de las mujeres, propios de las mujeres, que eran el de prostitución, el uso de anticonceptivos que, como recordarán, hasta el año 1978 no se despenalizaron, el haber abortado. Lo hicimos precisamente porque no se nos tenía en cuenta, no formábamos casi parte de la historia a la que íbamos empujando para que avanzara. Luego llegó la despenalización en estas Cámaras, en 1983 y después su puesta en práctica en julio de 1985 a su paso por el Tribunal Constitucional. Permítame un paréntesis. A mí me sorprende enormemente que el Partido Popular defienda ahora la legalidad vigente cuando se opuso tan fieramente a esta legalidad vigente presentando aquel recurso de amparo. Puesta en práctica la legislación vigente, que no nos gustó y lo tengo que decir porque así se lo comunicamos a aquel entrañable amigo, entonces Ministro de Sanidad, luego asesinado por ETA, Ernest Lluch, le dijimos que no era una ley buena para este país. Él nos decía que en Gran Bretaña funcionaba, y nosotros le decíamos: Ernest, Gran Bretaña no es España.
Desgraciadamente, nuestros augurios de entonces -nos llamaban tremendistas- se han demostrado en la práctica y ¿cómo se han demostrado en la práctica? Por una parte por una no consideración de las mujeres como seres autónomos capaces de decidir por sí mismas; tiene que haber en la legalidad vigente alguien que decida por la mujer, bien un médico, una médica, dos médicos, dos médicas o una denuncia previamente presentada ante los juzgados, comisarías o cuarteles de la Guardia Civil en el caso de la violación. La absoluta inequidad que se da en este país para las mujeres según la comunidad autónoma en la que hayan nacido es algo absolutamente inaceptable y también impresentable. No puede ser que ese 2 o 3 por ciento que la sanidad pública realiza del total de abortos anuales, ni siquiera estén distribuidos equitativamente y no digamos ya las diferentes situaciones que se dan sobre si hay financiación por parte de la sanidad pública de esos abortos que en su 98 por ciento se realizan en las clínicas privadas acreditadas para ello. No puede ser que esto se sostenga. Cualquier mujer, nazca en la comunidad autónoma que nazca, en este país tiene los mismos derechos y no puede ser que se tengan que desplazar a otras comunidades autónomas para poder realizar algo que, curiosa y desgraciadamente porque no se cumple, está como prestación sanitaria dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
A cualquier persona que se le diga que un país en el que desde hace ya más de dos décadas la prestación sanitaria incluida en el Servicio Nacional de Salud no se lleva a efecto, no comprendería por qué no se cumple la ley, porque no se está cumpliendo ni siquiera la legalidad vigente. Esto por una parte y, por otra parte, creo que les puede sorprender a SS.SS. si les digo que, desde el principio, las feministas nos autotitulábamos como las más consecuentemente antiabortistas, ¿qué queríamos decir con eso y qué queremos decir con eso?, que no nos gusta que ninguna mujer tenga que abortar, que no queremos que ninguna mujer se encuentre ante un embarazo no deseado y, por eso, entonces y ahora exigimos que no puede haber una vida sexual satisfactoria, plena y feliz si en el caso de las relaciones heterosexuales no hay una buena -no solo información- sino formación en todo el currículum escolar -y digo en todo el currículum escolar- de lo que son los métodos anticonceptivos, lo que es la sexualidad que, como dice la feminista norteamericana Pfeiffer, no es un acto natural sino que se aprende a vivir la sexualidad y que, por lo tanto, en estos derechos sexuales y reproductivos sean educados, sean formados y formadas los niños, los adolescentes y los adultos y adultas de este país. Si no existe -porque no existe- este derecho a la información y a la formación en los derechos sexuales y reproductivos, no nos podemos llevar las manos a la cabeza cuando el Ministerio de Sanidad publica el número de abortos realizados el año anterior.
Por lo tanto -insisto- si este pie de la información y formación en derechos sexuales y reproductivos no existe, no nos extrañemos que haya muchas mujeres y, sobre todo, jóvenes que se encuentren en la situación de tener que enfrentarse a una interrupción de embarazo. Si además, como ocurre hoy día con el avance que ha habido en los métodos de anticoncepción, concretamente la anticoncepción de emergencia, no de uso continuado, como es la píldora post-coital, la vulgarmente conocida como la píldora del día después, si no está a disposición de las mujeres que lo necesiten, como ocurre actualmente, si hay que seguir haciendo una verdadera carrera de obstáculos y sobre todo en fin de semana para poder acceder a ella, no nos extrañe, insisto, la cifra del número de abortos. Pero es que aún y todo con eso, la cifra de abortos en relación a la población fértil de mujeres de este país, no nos engañemos, no es ni muchísimo menos superior a la de la mayoría de los países de nuestro entorno de la Unión Europea y, en relación a las últimas cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad, las referentes al 2007, esos 10.000 abortos más hay que contextualizarlos, no vale hacer demagogia con las cifras y contextualizarlo quiere decir que desde el 2006 al 2007 el número de mujeres en edad fértil en España ha crecido casi en 200.000; casi 200.000 mujeres más en edad fértil desde el 2006 al 2007.
Por otra parte, creo que hablar del derecho a interrumpir un embarazo teniendo en cuenta cuáles son los derechos de una mujer recogidos en nuestra Constitución, como ya se ha dicho aquí en otras comparecencias, como es el derecho al honor, el derecho a la dignidad, el derecho al desarrollo personal libre, como es el derecho a la integridad física, son derechos que tienen que prevalecer por encima de los derechos de un bien jurídico como es el embrión o el feto recogido en el desarrollo de la Constitución por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985 y para no abusar de su amabilidad terminaré diciendo que me parece una verdadera hipocresía el hecho de que haya comunidades autónomas cuyos gobiernos a través de sus consejerías de Sanidad financien unos abortos sí, otros no, sin saber realmente con qué criterio se aplican y, digo más, esta forma de financiación -y no de concierto- en las clínicas privadas de aborto por aborto, muy diferentes en cada comunidad autónoma, lleva entre otras cosas a un papeleo para el cobro, etcétera, donde sí se pone en peligro grave la intimidad de la mujer y la confidencialidad de su aborto y digo esto -muy especialmente dirigido al Grupo Socialista- porque creo que el decreto de confidencialidad que está preparando el Gobierno sinceramente no viene a añadir prácticamente nada a la realidad de la confidencialidad que hoy se mantiene en las clínicas privadas porque solo se facilitan historias clínicas cuando hay un mandamiento judicial que lo solicite y el resto, la Agencia Española de Protección de Datos vigila certeramente y muy de cerca a las clínicas privadas donde la mayoría de las mujeres pueden abortar para que esa confidencialidad se mantenga.
El acceso a determinados sumarios como acusación particular de determinadas organizaciones que, de ese modo, tienen acceso al total del sumario puede ser otra vía de escape de esa confidencialidad y con eso señorías no estoy diciendo que no me parezca un avance en la Administración de la justicia el hecho de que haya posibilidad de participar en un sumario como acusación particular.
Dicho esto, querría terminar diciendo que hay determinadas interrupciones de embarazo que se escapan a las fechas, a las semanas, incluso de las leyes más progresistas de nuestro común continente europeo. Como ustedes saben, Holanda plantea el aborto libre a decisión de la mujer hasta las veinticuatro semanas o Gran Bretaña que plantea también el aborto hasta esas semanas e incluso más y me estoy refiriendo por una parte a las malformaciones fetales y a las lesiones fetales que se producen fuera incluso de esos plazos, más adelante de esos plazos. Testimonios de esta realidad yo los tengo personalmente casi cada día, mujeres de diferentes comunidades autónomas me llaman porque saben que tengo la posibilidad de favorecerles direcciones y protocolos para poder abortar en esas condiciones, es decir, cuando a las veintiocho semanas, a las treinta -y tengamos en cuenta que son embarazos deseados- se les espeta porque muchas veces es así, es decir, no se les comunica, se les espeta: lo que llevas dentro es un monstruo, pero aquí no podemos hacer nada; o lesiones que se producen después de una ecografía a las veintidós semanas, a las treinta por ejemplo y ha habido una invasión cerebral, un derrame cerebral en el feto que imposibilita la vida de ese feto.
Esas mujeres tienen que salir de aquí, tienen que ir a Denver, Colorado, tienen que ir a Gran Bretaña, a las clínicas o van a Francia a las maternidades donde hipócritamente el Estado español paga esos abortos que no les hace aquí, representando para las mujeres y sus acompañantes el tener que desplazarse, pagarse los viajes, la estancia allí, etcétera. Son dramas humanos y creo que la labor de esta Comisión tiene que ser no las grandes abstracciones, sino conocer la realidad concreta y tratar de buscar solución a esas realidades concretas. Estoy convencida de que si tenemos de verdad una auténtica formación en derechos sexuales y reproductivos -en ese sentido creo que es muy saludable la reciente campaña del Ministerio de Sanidad tan marchosa como fue la del póntelo pónselo, que es un verdadero impacto social-, eso tiene que ir acompañado de este otro objetivo, si no no basta e insisto, una nueva ley que para mí debería ir acompañada de la supresión de los artículos 145 y 417 bis del Código Penal tanto del nuevo como del anterior que todavía sigue vigente, dejando en el Código Penal solo los abortos que se provocan contra la voluntad de la mujer, que sigue habiéndolos; al principio les llamábamos abortos blancos, cuando empezamos la Comisión pro-derecho al aborto, abortos blancos que se provocaban en lugares de trabajo donde a la mujer embarazada no solo no se le acomodaba en un puesto distinto, sino que se le mantenía sabiendo que corría riesgo de sufrir un aborto provocado contra su voluntad y, por supuesto, la ley que contemple los más amplios márgenes de decisión para la mujer junto con indicaciones para que después de ese margen y por indicación médica una mujer pueda abortar en circunstancias como las que he señalado o cuando corre grave riesgo su vida o su salud. Me gustaría que la sanidad pública asumiera el conjunto de los abortos, sé que eso significaría darle la vuelta a todo el entramado que tiene relación con este asunto, desde la carrera universitaria de medicina en la que no se enseña todavía hoy día los métodos de aborto ni las nuevas técnicas que hay, ya avanzadísimas a nivel mundial y conocidas aquí gracias a la labor de las clínicas acreditadas para la práctica de los abortos. Habría, evidentemente, no que paralizar la vida hospitalaria -porque sería imposible atender los abortos con el actual sistema sanitario y los centros en los que consiste- sino que habría que crear unidades de aborto en los centros incluso en centros de especialidades y, en cualquiera de los casos y mientras eso no sea posible -y, obviamente, el control de la objeción de conciencia-, que la sanidad pública garantice el derecho de las mujeres de acceder a una prestación sanitaria que está, insisto, incluida como prestación en el Servicio Nacional de Salud.
Empar Pineda es cofundadora de la Comisión feminista pro-derecho al aborto