La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acaba de cumplir 5 años de existencia, asegura que «estas alturas defender la tesis que la culpa es del comprador no se la cree nadie». Ada Colau es la cara más visible del movimiento social que ha conseguido transformar el drama individual de miles […]
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acaba de cumplir 5 años de existencia, asegura que «estas alturas defender la tesis que la culpa es del comprador no se la cree nadie».
Ada Colau es la cara más visible del movimiento social que ha conseguido transformar el drama individual de miles de familias en una cuestión política de la agenda nacional. En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que acaba de cumplir cinco años, es la voz de quienes no pueden afrontar el pago de la deuda con los bancos por su vivienda y que se han unido para buscar soluciones colectivas a un drama que antes se vivía, tristemente, en silencio. Su crítica profunda a la política de vivienda en España y su defensa de la desobediencia civil la han convertido en objeto de animadversión de dirigentes políticos, así como una líder social aclamada por millones de ciudadanos.
Tras cinco años de lucha de la PAH y siguiendo en medio de una crisis enorme, ¿observáis cambios en la política de vivienda en España?
En absoluto, no ha habido ningún cambio en la política de vivienda, pero sí que se han tomado diferentes direcciones. A nivel estatal, seguimos igual. Tanto los gobiernos del PSOE, como los del PP, actúan de la misma forma. Los dos partidos han ayudado, desde el gobierno, con miles de millones de euros al rescate de entidades financieras, y lo han hecho con nuestro dinero, con fondos públicos. A cambio de esto, a los bancos y a las cajas de ahorros no se les ha exigido nada. Se ha seguido, se ha priorizado, una política de rescate a la banca a costa de menospreciar a las miles de familias estafadas por las hipotecas.
La orientación de la política de vivienda no ha variado porque la última ley, aprobada en 2013 por el gobierno del PP -la llamada Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, más conocida como ley antidesahucios-, fue una gran reacción a la gran movilización ciudadana, pero este caso también es sólo para ganar tiempo. Recientemente, han salido los datos y se comprueba que pocas personas pueden acceder a los supuestos previstos por la ley, por ejemplo, para acogerse a la dación en pago, un tercio de los afectados queda excluido de las condiciones previstas por la ley ya desde el inicio.
Desde los movimientos, como las plataformas de afectados, o desde los mismos juzgados, se están consiguiendo más resultados que con la ley del Gobierno. Después, está el hecho que varios jueces han denunciado la ley española ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo porque incumple, de nuevo, la normativa comunitaria. En este sentido, nuestras denuncias se han confirmado. Es una ley inútil, que sólo sirve a los intereses de las entidades financieras y no a los de las personas.
En cambio, a nivel municipal y autonómico, comenzamos a ver algunas tímidas, aunque insuficientes, reacciones. Es el caso de Andalucía, donde se empieza a hablar de la «función social de la vivienda» o de limitar los intereses aplicados por los bancos, Navarra es otro caso positivo también. En Catalunya, por ejemplo, la PAH ha iniciado una campaña de mociones en los ayuntamientos para multar a los propietarios de pisos vacios, y tenemos una muy buena respuesta, más de 60 ayuntamientos se han adherido ya a la iniciativa. Quizás porque los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía es también la que más sufre los golpes de la crisis. Recibe a la mayoría de afectados y cada vez cuenta con menos recursos, sufre también los recortes y las políticas de austeridad que acaban con el gasto social.
Por ejemplo, en Lleida no se ha aprobado la moción porque, según el ayuntamiento, se quiere impulsar un programa de alquileres sociales reclamando a los bancos que pongan en el mercado las viviendas que mantienen desocupadas.
Cuando una administración dice que no a una medida de este tipo, se tiene que ver si está endeudada, a qué nivel y con quién. De hecho, y en un caso parecido, la Generalitat ha intentado desactivar estas mociones municipales. ¿Qué ocurre con esto? Pues que está muy endeudada y en manos de los bancos. Cada vez que desde las administraciones se critican medidas de ayuda, se niegan estas medidas o se aplazan, se tiene que mirar su nivel de deuda para comprobar que sus opiniones no son libres.
¿La ausencia de medidas concretas en las políticas de vivienda, el recorte en el gasto social… Siguen siendo una muestra de que, desde las administraciones, se carga la responsabilidad en los compradores de viviendas?
A estas alturas defender la tesis que la culpa es del comprador no se la cree nadie. Se ha demostrado ya de forma suficiente, la estafa generalizada que se ha producido, el alcance que ha tenido en todo el estado. Es cierto que la desinformación generalizada que se daba no es una única responsabilidad de las entidades financieras, la deben compartir los gobiernos que indujeron a la ciudadanía a creer que la vivienda era la mejor de las inversiones posibles y la más segura, algo que repetían mucho los ministros socialistas.
Es por todo esto que hablamos de estafa, ¿qué deben hacer los ciudadanos entonces, desconfiar de sus gobiernos? ¿Creer que directamente les mienten? A nadie se le informó que no sólo se podía perder la vivienda, sino que la deuda se mantendría de por vida. Si se hubiese informado, seguro que mucha gente no se hubiese endeudado jamás. Los afectados asumen su parte de culpa. El gran problema es que son los únicos que la están asumiendo, se les ha cargado toda la responsabilidad y son los menos beneficiados. Perder tu hogar es asumir una responsabilidad. Significa perder toda la inversión realizada, perder la casa y quedarte en la calle. Pretender que además se quede con la deuda de por vida, es simplemente extorsión, robo y esclavitud. No tiene nada que ver con la justicia.
¿Se hace algún caso a las recomendaciones de la Unión Europea sobre vivienda?
Ninguno. El Partido Popular lo que busca al aprobar la ley del 2013 es desactivar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Hace ver que incorpora las clausulas antidesahucios, que cambia los aspectos más abusivos de la legislación hipotecaria, pero de una manera tan restrictiva y tan limitada que no tienen un efecto concreto.
¿Sirve Europa para algo más que para seguir las políticas económicas que se indican desde Bruselas?
Europa tiene que demostrar que sirve para algo más. Cuando la Troika presiona e impone sus políticas, se le hace caso, cuando las decisiones vienen del Parlamento Europeo o del Tribunal de Luxemburgo, no se les hace ninguno. La Europa más democrática es la que menos capacidad de incidencia tiene, y la menos democrática, la del Banco Central Europeo, la de mayor capacidad de presión sobre los gobiernos.
¿El Parlamento de Estrasburgo o los tribunales europeos son entonces sólo instituciones simbólicas a efectos prácticos?
Es una democracia secuestrada. En las instituciones en que se debe decidir, no reside ningún poder. La Troika es quien decide y sobre la Troika, la sociedad no tiene capacidad de presión, ninguna incidencia.
A pesar de que, según datos del Banco de España, los desahucios han aumentado, han perdido importancia en los medios de comunicación.
Pienso que hay dos motivos para esto. Los bancos siempre intentan minimizar el problema. Hace ya un año que comparecí en una comisión del Congreso y llame «criminal» a aquel señor -el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero-, por entre cosas, decir que teníamos las mejores leyes hipotecarias de Europa y que los bancos no desahuciaban; se demuestra ahora que ese señor estaba mintiendo abiertamente. Sus propios datos, los de los bancos, indican que durante el primer semestre de 2013 se ha desahuciado más que nunca.
En cuanto al nivel mediático, los desahucios han dejado de ser una novedad informativa en términos de consumo. A esto, y es lo importante, se suma que hemos conseguido más capacidad de negociación con los bancos, con lo que las concentraciones de protesta para impedir desahucios y los despliegues policiales para llevarlos a cabo, ya no se producen con tanta frecuencia. Ahora cuando llega un caso a la plataforma, forzamos la negociación para que no se llegue a la fecha de la ejecución hipotecaria. Paramos los desahucios sin tener que salir a la calle.
¿La PAH realiza un trabajo que deberían hacer las administraciones?
Si, tenemos esa sensación. Es un hecho que hemos denunciado desde el primer día. La ciudadanía sin recursos está representando el papel de las administraciones. Hay una indefensión absoluta, una desatención de los derechos de la ciudadanía. Es la propia sociedad la que se organiza para demostrar que si hay voluntad se puede luchar, se pueden frenar los desahucios. Si lo hemos conseguido nosotros sin contar con recursos, cómo no lo podría conseguir el estado. Si no lo hacen, y no parecen dispuestos a hacerlo, es porque siguen las órdenes de los bancos.
¿Qué alternativas quedan? ¿Seguir con las movilizaciones, volver a los escraches?
Los tribunales nos han dado la razón con las hipotecas y con los escraches, pero en una democracia saludable los problemas no se deberían solucionar por vía judicial, el hacerlo así es una señal que la política democrática actual no funciona. Hay diferentes niveles de movilización democrática, una vía de emergencia es la organización social, que no sólo se realiza para movilizar y dar visibilidad a un problema, sino para ofrecer respuestas.
La PAH ha parado más de mil desahucios, se ha forzado a los bancos a sentarse a negociar, se han conseguido centenares de daciones en pago. Se recuperan viviendas y se negocian alquileres sociales, apretamos a los ayuntamientos con las mociones sobre pisos vacios. Buscamos mecanismos efectivos y sólo recurrimos a la desobediencia civil si no hay más remedio, pero a medio y largo plazo es evidente que hace falta una regeneración democrática en este país. Hace falta que en las instituciones se representen, de forma efectiva, los intereses generales, los de la ciudadanía y no nos podemos rendir ante esto. Si nos rendimos a la corrupción estructural, estamos perdidos como sociedad.
A la regeneración democrática se le debe unir unos partidos políticos transparentes, más democráticos, que respondan de sus acciones, que se puedan revocar mandatos por incumplimientos de programa, que las iniciativas legislativas populares (ILP) y los referéndums sobre asuntos centrales puedan ser vinculantes. Estos mecanismos funcionan en muchos países, y de lo que se trata aquí es que se dé una organización social suficiente para impulsar estos cambios.
La Sareb se está deshaciendo del stock de pisos de más calidad, no parece un gran cambio…
El problema es que las políticas de vivienda las siguen decidiendo las entidades financieras, que mantienen un enorme poder de presión sobre el gobierno. No necesitan manifestarse, usan la línea directa que tienen con el gobierno. Se están siguiendo políticas que no sólo no están solucionando los problemas creados, sino que están generando una nueva ola de desahucios y poniendo las bases para una nueva especulación inmobiliaria. Se han agilizado las medidas para los desahucios por impagos en los alquileres, se ha precarizado todavía más el mercado inmobiliario. Todo esto para dar más beneficios a los grandes inversores, para reactivar el mercado. Es una medida que sólo sirve a corto plazo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Es una política suicida desde un punto de vista económico, está pensada para ofrecer altas rentabilidades económicas a unos pocos, pero en términos sociales es un fracaso total.
La poca vivienda pública existente se está privatizando.
Es una medida que no sirve para nada, sólo les permitirá cuadrar algo el presupuesto de un año. Y al siguiente ¿qué harán? No resuelve el problema. La Generalitat dice que no cambiará los criterios de acceso a la vivienda pública y en Madrid se venden los pisos a Goldman Sachs. Es intolerable que la poca vivienda pública de este país se venda a fondos de inversión especulativa. Esto sólo puede agravar el problema.
Cada vez que se habla de una medida nueva, por ejemplo, de apoyo a los afectados por las hipotecas o por la pobreza energética, poca gente acaba beneficiándose de estas iniciativas, ¿por qué se establecen criterios tan restrictivos para recibir ayudas?
Es una política de apariencias, que en su letra pequeña se preocupa de no colisionar con los intereses de los grandes poderes financieros. Paso con las hipotecas y pasa ahora con los afectados por la pobreza energética.
Gamonal ha dejado un ejemplo de movilización ciudadana ¿es una muestra del camino a seguir? ¿Ahora qué?
La situación general es muy dura, mucha gente se encuentra en circunstancias muy complicadas. En la PAH, vemos que aumenta la tensión y la crispación en la gente que sufre situaciones límite. Son años difíciles y aún lo serán más. La parte positiva es que cada vez más personas se están dando cuenta que lo peor que pueden hacer es quedarse en casa. Sólo nos queda la movilización y la organización social. Si lo hacemos, conseguiremos cosas.
En Gamonal lo han hecho, en Madrid se ha paralizado la privatización de la sanidad pública. Nos dijeron que manifestarse no servía para nada, pero si nos organizamos vemos que somos mayoría. Al poder lo que le interesa es que la ciudadanía esté desorganizada, tenemos que conseguir ser una sociedad permanentemente movilizada en defensa de nuestros derechos, sino siempre aparecerán otros que harán política por ti.
De hecho, es lo que hace la clase política en este país.
En una democracia real y efectiva, los políticos responden ante la ciudadanía, pero aquí, ahora, los políticos de este país viven de espaldas a la sociedad y se manejan con una impunidad total. Los casos de corrupción se tapan, si se procesan, acaban prescribiendo. Nadie va a la cárcel, en cambio, los robos para poder subsistir se penan con varios años de prisión.
¿El proyecto de ley de seguridad pública es la respuesta del poder a la movilización social?
Por un lado, sirve para intentar atemorizar a una población que se está movilizando, pero por otro, es una clara demostración de debilidad. Se les han acabado los argumentos, la gente tiene muy claro para quién gobiernan. Sólo les queda amenazar con la policía y con multas. Cuando te faltan y te fallan cosas tan básicas como la casa o la comida, ya pueden meter miedo con multas o con porras que no tendrán policía para pararnos. Si nos dejamos amedrentar por esta ley, acabaremos en una dictadura pura y dura. En esta lucha va nuestro futuro y el de nuestros hijos.
En la presentación de la Alianza contra la pobreza energética, en la que la PAH participa, y que demanda que no se produzcan cortes por impagos en los suministros básicos, habláis de «insensibilidad y desconexión de la realidad» de la Generalitat a la hora de aplicar unas medidas concretas que ayuden a solucionar esta cuestión. ¿Qué es necesario para que este tipo de medidas vayan más allá de las buenas intenciones?
La teoría, las intenciones, son buenas, pero las medidas que se han concretado hasta el momento son más que insuficientes. No resuelven el problema, es una simple paralización parcial, a la que resulta difícil acogerse, de efectos muy limitados y, además, no se trata más que de un aplazamiento en el pago, una moratoria. La gente que en estos momentos tiene cero ingresos, es muy posible que en seis meses tampoco los tenga. Es una medida que no tiene en cuenta la realidad a la que se dirige.
¿El problema sólo se aplaza por una cuestión de imagen? ¿De mala conciencia?
Claro, el problema sólo se alarga en el tiempo, se hace ver que se intenta algo, pero no es más que una maniobra política para ganar tiempo. A quién realmente se concede tiempo suficiente es a las eléctricas y las grandes empresas de suministros básicos. Así pueden seguir con la misma política que han practicado hasta el momento, que es repartirse grandes beneficios entre los accionistas a costa de mercantilizar necesidades básicas de los ciudadanos.