La sociedad española tiene en alto grado, como valor positivo, la igualdad: de trato y de oportunidades. Este valor, la igualdad, tiene sus desarrollos en la vida cotidiana, reivindicando la ciudadanía, el mismo trato por ser ciudadano y pagar impuestos, reclamando la mejora de la calidad de bienes y servicios que se pagan o que […]
La sociedad española tiene en alto grado, como valor positivo, la igualdad: de trato y de oportunidades. Este valor, la igualdad, tiene sus desarrollos en la vida cotidiana, reivindicando la ciudadanía, el mismo trato por ser ciudadano y pagar impuestos, reclamando la mejora de la calidad de bienes y servicios que se pagan o que se reciben. Además, complementariamente, considera que las diferencias económicas deben ser limitadas y corregidas y por eso causa un cierto escándalo unas diferencias cósmicas retributivas o un trato fiscal desfavorable a las rentas de trabajo con respecto a las de capital.
Convivencia. Es un éxito social las limitadas expresiones de racismo o xenofobia y que éstas sean descalificadas generalmente e intenten mantenerse bajo velos y camuflajes camaleónicos. Por supuesto, el trato y visión hacia o desde personas que tienen marcadas señas identidarias, es manifiestamente mejorable. Como la integración, convivencia y el mestizaje con los nuevos residentes nacidos en otras tierras.
Afortunadamente, las parejas mixtas, de nacionales y extranjeros; los espacios de convivencia común, la escuela, el ocio; o como desgraciadamente ha ocurrido en atentados terroristas, ya sea el del 11-M o el de la Terminal de Barajas, son acervos de una sociedad mestiza, plural, con lazos comunes.
Ampliación del concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía ha ido ampliándose desde el primitivo y revolucionario de la Revolución Francesa. La democracia ya no se limita al sufragio censitario burgués, por el que sólo el alcanzar una renta otorgaba derechos de participar en la cosa pública, como si fuera una reactualización de la democracia ateniense, romana o de caballeros, que permite la participación señorial excluyente en una sociedad con esclavos o de laboriosos trabajadores o dual, sin la participación de las mujeres. Una vez superadas esas rémoras, el límite de la ciudadanía ahora está en el perfil de la nacionalidad.
Pero nuestras aspiraciones nos deben de llevar más lejos: la mejora de la participación sin exclusiones. Participar en el diagnóstico de problemas y en la búsqueda de soluciones. Participar en los ágoras de las asociaciones de vecinos, escolares, en los sindicatos o en la patronal, en los equipos deportivos y en los partidos políticos. Como afiliados y directivos. Como votantes y elegibles.
Por lo tanto, en nuestra opinión, se debe extender y profundizar el sujeto de la ciudadanía. Se trata de asumir e identificar la ciudadanía por el simple hecho de ser persona y ligarla a su residencia cotidiana. No a su origen nacional.
Ese es el sinequanon de la democracia.
Lo demás es salirse por la tangente. Es hacer como normal, lo que es normal. Respetar las reglas del juego, supone reconocerlas primero como apropiadas, lógicas y justas.
El reto en el que nos encontramos, si queremos dar una respuesta positiva, con respecto a los problemas de igualdad entre los que viven en nuestra sociedad, entre los nacidos aquí o allí, es si estamos dispuestos a ser coherentes entre la concepción democrática de que todos y todas puedan participar y las reglas legales que existen e impiden que los residentes nacidos en otro país, los extranjeros, puedan participar.
Desde las instancias partidarias, señalan la ampliación del derecho al sufragio activo o pasivo en las elecciones municipales a ciudadanos comunitarios y su ampliación a aquellos residentes de países con un acuerdo de reciprocidad como Noruega. Siendo valorable esa posición, es escapar por la tangente.
La decisión puede ser unilateral. La emancipación de esclavos o el sufragio femenino y universal a los nacionales, y estamos hablando de esferas dentro de la misma sociedad y por lo tanto adecuadas de ser citadas en este problema de ciudadanía, fueron hechas en tiempo y naciones de forma diferente. La desigualdad ajena no se remedia manteniendo la propia.
La cuestión demandada sería, de forma simple y directa, aferrándonos a nuestros valores morales, ¿los ciudadanos que viven en un mismo territorio tienen los mismos derechos y deberes?. Si no es así, como en el Estado Español, en lo que se refiere a la participación política: ¿hay que cambiar lo que proceda, para lograr la plena igualdad en la participación política?
Esa es nuestra pregunta. La respuesta todos y todas deberíamos darla y como privilegiados -decidimos el bienestar de otros- tendremos que ser coherentes con los valores de la igualdad.
* Santiago González, economista, Responsable del Departamento de Inmigración de la Unión Sindical Obrera (USO). Marta Segovia, abogada especialista en asuntos de inmigración