Una decena de organizaciones y colectivos sociales, entre ellos Ecologistas en Acción, han publicado un manifiesto con siete medidas concretas y urgentes para solucionar este grave problema social.
Un año más, con motivo de la Semana Europea contra la Pobreza Energética, los movimientos ciudadanos reivindican que es necesario actuar ya y con contundencia contra la pobreza energética.
Coincidiendo con la celebración de la Semana europea de la pobreza energética, las organizaciones sociales y ambientales Fridays for Future, Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han impulsado un manifiesto al que además se han adherido Amigos de la Tierra, Ecoserveis, Madres por el clima, Som Energía, Yayoflautas, CECU, CCOO y UGT. En el manifiesto se concretan siete medidas para hacer frente de manera inmediata al grave problema social de la pobreza energética:
1. Optimización de las facturas, para que las personas no paguen por encima de sus necesidades, ajustando el término de potencia a la demanda real. Además, las personas deben tener información precisa sobre las tarifas en relación a los horarios de consumo, para que puedan contratar tarifas que se adapten a sus hábitos. Esto lo deberían ofrecer las compañías distribuidoras, que están en posesión de los datos de consumo, y debería ser obligado aplicarlo a todas las facturas con descuento de bono social.
2. Reducción del tipo de IVA aplicado a las personas beneficiarias del bono social, del 21 % de IVA de lujo al 4 % de IVA reducido.
3. Concesión automática del bono social, sin necesidad que el usuario o usuaria tenga que realizar una petición o entregar documentación, sino a través del cruce de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Servicios Sociales.
4. Reducción efectiva de consumos energéticos, para lo que es necesario realizar al menos una inspección básica en los hogares más vulnerables, que identifique las carencias más evidentes y permita aplicar medidas de eficiencia sencillas.
5. Rehabilitación preferente a los hogares beneficiarios del bono social desde las administraciones públicas.
6. Creación de una oficina de atención a la ciudadanía para todo tipo de consultas sobre temas energéticos: dudas en las facturas, medidas de eficiencia, información sobre autoconsumo, etc. Estas oficinas se pueden llevar a través de las instituciones o agencias que se encargan de energía y eficiencia en cada comunidad autónoma, como la Agencia Andaluza de la Energía, AVEN (Agencia Valenciana de la Energía), EVE (Ente Vasco de la Energía), Fenercom en la Comunidad de Madrid o el Instituto Catalán de la Energía.
7. Ampliación de la concesión de ayudas (bono social) más allá de las unidades familiares justificables mediante libro de familia. Hoy en día existen otras unidades de convicencia más diversas, como pisos compartidos, parejas de hecho, así como otras, a cuya situación de ocupación de viviendas, deja fuera la actual regulación a pesar de que son la población más vulnerable al problema.
La situación de la pobreza energética en España es alarmante. Con la entrada en vigor de las nuevas condiciones del bono social, de aplicación desde el 1 de enero de 2019, solo se ha conseguido reducir el número de beneficiarios, pasando de 2,3 millones en 2017 a 1,1 millones en el momento actual. Sin embargo, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2018 del INE, el 21,5 % de la población vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, casi 10 millones de personas. Esto deja al colectivo de población más vulnerable en total estado de indefensión por parte de nuestras administraciones públicas.
Las organizaciones firmantes reivindican que es hora de actuar y exigen al Gobierno que actúe con contundencia. Por un lado, reconocen que el documento Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019 – 2024, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, define por primera vez de manera oficial el concepto de pobreza energética como: “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. Asimismo, supone un avance que en los cuatro ejes de este documento se acojan buena parte de las reivindicaciones sociales.
No obstante, las organizaciones denuncian que en el documento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico faltan por incorporar muchas soluciones importantes y efectivas que exige la ciudadanía, y que los tiempos de actuación que plantea el documento no son los que la población afectada demanda y necesita. Además, insisten que para actuar contra la pobreza energética, hay que intervenir primero en las causas: rentas bajas, alto precio de la energía y mala calidad de la edificación.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las condiciones de las viviendas influyen directamente en la salud de las personas, de modo que la pobreza energética deja en evidencia las injustas desigualdades de nuestra sociedad, que permiten una relación directa entre nuestro nivel económico y nuestras expectativas de salud y esperanza de vida.