Xabier Alegria, Elena Beloki, Miriam Campos, Mikel Korta, Mikel Egibar, Juan Mari Olano y Joxe Mari Olarra han recurrido ante el presidente del Consejo de la Unión Europea su reciente inclusión en la «lista de terroristas». Siete militantes abertzales incluidos el pasado 16 de diciembre en la última ampliación de la «lista de terroristas» de […]
Xabier Alegria, Elena Beloki, Miriam Campos, Mikel Korta, Mikel Egibar, Juan Mari Olano y Joxe Mari Olarra han recurrido ante el presidente del Consejo de la Unión Europea su reciente inclusión en la «lista de terroristas».
Siete militantes abertzales incluidos el pasado 16 de diciembre en la última ampliación de la «lista de terroristas» de la UE han recurrido esta decisión ante el presidente del Consejo. Destacan que sus condenas están recurridas y que el procedimiento de elaboración del listado conculca su derecho a la defensa, al tiempo que recogen resoluciones internacionales que denuncian el carácter extensivo con el que se aplica en el Estado español el delito de «terrorismo».
En el recurso firmado por los abogados Didier Rouget y Jone Goirizelaia -al que ha tenido acceso GARA- se comienza recordando que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa constató, en un informe del senador suizo Dick Marty, «que las normas de fondo y procedimiento actuales aplicadas (…) por el Consejo de la UE, a pesar de algunas recientes mejoras, (…) ridiculizan los principios fundamentales que son la base de los derechos humanos y de la primacía del Derecho».
Xabier Alegria, Elena Beloki, Miriam Campos, Mikel Korta, Mikel Egibar, Juan Mari Olano y Joxe Mari Olarra basan su recurso tanto en cuestiones formales como de fondo. En cuanto a las primeras, denuncian que se ha visto violado su derecho a la defensa puesto que no pudieron hacer valer su opinión antes de ser incluidos en el listado. También consideran que la UE no cumplió el deber de motivar su decisión, puesto que a ninguno de ellos se le han expuesto los motivos precisos por los que sus nombres figuran en la lista.
Condenas no firmes
En cuanto al fondo del recurso, los siete señalan que las condenas que se les han impuesto a seis en el macroproceso 18/98 y a otro en el 33/01 están recurridas ante el Tribunal Supremo, que admitió a trámite sus recursos, por lo que no son firmes.
Los recurrentes piden al Consejo de la UE que tome en consideración la posición del Comité de Derechos Humanos de la ONU que tras su último informe de octubre de 2008 se declara «preocupado por el alcance potencialmente demasiado extensivo de las definiciones del terrorismo que, tal como figuran en los artículos 572 a 380 del Código Penal español, podrían dar lugar a violaciones de varios derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos». En dicho informe se instaba al Estado español a «definir el terrorismo de manera restrictiva» y a modificar estos artículos. El recurso recoge también otros informes de la ONU sobre la falta de garantías judiciales en el Estado español.
Además, los recurrentes señalan que su inclusión en el listado en estas condiciones supone un ataque a su presunción de inocencia, por lo que sus nombres no deberían figurar en esa lista y han de ser retirados. crítica interna
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa denunció hace un año la falta de garantías con las que se confecciona este listado, llegando a hablar de «prácticas indignas».
Castigo al trabajo ante instancias internacionales
La defensa de los siete recurrentes considera que su inclusión en la «lista de terroristas» de la UE es un intento del Estado español de castigar a personas que han hecho un importante trabajo en el ámbito internacional precisamente ante las instituciones de derechos humanos que después han elaborado informes críticos sobre la legislación y prácticas españolas.
Cuando se hizo público que la UE había aceptado la petición de los ministerios españoles de Interior y de Exteriores, las referencias de agencia ya dejaban constancia de la implicación de estas personas en labores internacionales y de la intención del Ejecutivo de Zapatero de entorpecer estos trabajos.