Una investigación realizada por organizaciones de derechos humanos recoge 251 casos de violencia por parte de funcionarios públicos a lo largo de 2010
«Según denuncia R.A., ciudadano colombiano, tras ser detenido fue trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, donde, días después, el 13 de enero de 2010, tres agentes de policía quisieron tomarle las huellas dactilares. Al solicitar R.A. que antes quería hablar con su abogada, los agentes le agredieron, propinándole un puñetazo en la cara, que le hizo caer al suelo, donde le pegaron más golpes y patadas, tras lo que violentamente le obligaron a poner sus huellas en el impreso, causándole la rotura de dos dedos de la mano derecha. Como consecuencia, R.A. tuvo que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde certificaron las lesiones sufridas».
Este es uno de los casos de torturas y agresiones recogidos en el informe que la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) hizo público a mediados de junio en Valladolid. Su investigación titulada La tortura en el Estado español. Informe 2010, recoge 251 denuncias de abusos a manos de funcionarios públicos. La CPDT, nacida en 2004, es una plataforma que reúne a 44 organizaciones de defensa de los derechos humanos de todo el Estado. Esta red de colectivos de activistas, de profesionales o académicos, lleva siete años publicando su informe anual.
«Lo primero que hay que concretar es el concepto de tortura», destaca Alicia Alonso, del Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades de Valladolid (Oteando), uno de los colectivos recientemente incorporado a la Coordinadora. Para sus informes, la CPDT recopila las denuncias de lo que la Convención de la ONU define como tortura: «Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, con el fin de obtener información o una confesión, de castigarla por un acto (…), o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público o con su consentimiento».
«En el informe se recogen 251 situaciones en que se produjeron torturas y/o malos tratos contra 540 personas. De entre toda la geografía del Estado español destacan Madrid, con 51 casos y 138 denunciantes y Euskal Herria con 44 casos y 132 denunciantes», resume Alonso. Y destaca que «se mantiene el aumento del número de agresiones a menores por parte de agentes de la Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), ya observado en 2009, fundamentalmente tras incidentes de tráfico y en la participación en fiestas populares. Además durante el año pasado, se tuvo conocimiento de la muerte de 52 personas cuando se encontraban bajo la custodia de miembros de las FSE, funcionarios de prisiones o personal de centros de menores. De este dato queremos matizar que, al menos, hubo otras 50 personas que fallecieron bajo custodia que no se ha considerado prudente añadir por carecer de información suficiente».
Y es que, como puntualiza Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora, «los informes no recogen la totalidad de las denuncias y menos aún todos los realmente producidos, solo los casos que nos llegan y están contrastados. Por ejemplo, hemos observado que en los últimos años ha aumentado el número de personas que, después de ser agredidas en movilizaciones sindicales, vecinales, etc. deciden no denunciar. Incluso, solicitan que no incluyamos sus casos en el informe».
Para Carlos Hernández, de la asociación de apoyo a las personas presas Salhaketa Bizkaia -otra organización que forma parte de la Coordinadora-, «ante todo, volvemos a constatar que pese a las declaraciones oficiales, las versiones policiales y la negación de una mayoría social, la tortura sigue siendo una realidad en España. Una realidad que, además, está más extendida de lo que se quiere reconocer, que afecta a todo tipo de personas y que implica la realización continuada de un crimen de lesa humanidad por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad».
La parte estadística del informe recoge que la media estatal de denuncias ha sido de 1,15 por cada cien mil habitantes. «Como en informes anteriores, observamos una clara relación entre la existencia de organizaciones de defensa de Derechos Humanos activas, en sociedades con mayor nivel de lucha social y alternativas políticas, con la existencia de un mayor número de denuncias por tortura y malos tratos«, sostiene Alonso. «No es tanto que haya más o menos agresiones, es la capacidad que tenemos de llegar a conocerlas».
«Respecto a los territorios en los que sí tenemos presencia y datos -mantiene Hernández-, Melilla (con 7,89 casos por cada cien mil habitantes), Euskal Herria (con 4,69) y Ceuta (con 3,75) son las zonas en las que la media de 1,15 está más que triplicada. Esto ayuda a entender las obsesiones del Estado español y donde aplica más violencia: la frontera sur (o lo que es lo mismo, la inmigración africana) y la frontera norte (el enquistado conflicto independentista vasco). Tras estos tres territorios viene Madrid, con 2,14 casos, tasa que se explica por el hecho de ser centro y capital (concentra protestas, manifestaciones… )».
Grupos de riesgo
El informe también analiza las personas a quienes se aplica la tortura. Según Hernández, «son ante todo las entendidas como problemáticas por el Estado, y se dividen en dos grandes grupos: los disidentes sociopolíticos y los marginados socioeconómicos (categorías que se confunden en algunas personas). Cada caso implica un riesgo específico: en primer lugar las personas detenidas en régimen de incomunicación, que están en una situación de alto riesgo de tortura. Son un 11% de las denuncias, pero dos de cada tres personas incomunicadas denuncia algún tipo de maltrato. La detención incomunicada se aplica a disidentes sociopolíticos».
«En esta categoría también entran las personas agredidas por el Estado por participar en movilizaciones sociales, que son la mayoría de las denuncias recogidas en 2010 y que suponen un 37% de las denuncias», añade Hernández. Éste destaca «la presencia de grupos marginados socio-económicamente: las personas migrantes (23,5% de las denuncias), las personas presas (16%) y los menores recluidos en centros de internamiento (2%). Finalmente, un 14% de las denuncias provienen de otras situaciones, como controles de alcoholemia, botellones, actos deportivos, etc.». En conclusión, explica Hernández, «si bien cualquier persona puede sufrir una agresión policial, las posibilidades se multiplican por tres para los marginados socio-económicos y por cuatro para los disidentes sociopolíticos».
Siete años recopilando los abusos de los funcionarios públicos permiten tener una perspectiva. «Si, con los datos de los siete informes, elaborásemos una gráfica con la tendencia general en el numero de denunciantes de tortura y situaciones en que se producen las agresiones, obtendríamos una recta prácticamente horizontal» afirma del Cura. Pese a ello, lamenta, «la actitud de las instituciones ha sido la misma año tras año: silencio oficial. Ninguna declaración sobre los datos: ni se niegan ni se confirman».
Hernández redunda: «Más allá de las tendencias, hay que sacar dos conclusiones: una que la tortura es una realidad «más que esporádica» como dijo un relator de la ONU, y dos, que no hay una voluntad política ni social de reconocer la existencia de este problema, lo que implica básicamente que no se quiere afrontar. La decisión de amparar la tortura con la impunidad es política».
«Las policías nacidas en ‘democracia’ también acumulan denuncias»
El informe aborda también la implicación de los diferentes cuerpos de seguridad. Según Alicia Alonso, «el Cuerpo Nacional de Policía acumula el 41,11%, con 79 casos y 222 denunciantes, seguido de la Policía Local con un 15,74%, los Funcionarios de Prisiones el 15,55% y la Guardia Civil, el 14,63%. Los Mossos d’Esquadra cuentan con un 9,63% y la Ertzaintza con 3,15%, sin olvidar lo que se ha incluido en ‘otros’ con un 2,40% en el que entraría Personal de Centros de Menores, Policía Portuaria, Policía Militar, etc». Datos que Hernández valora duramente: «Policías nuevas, nacidas y desplegadas en ‘democracia’ como la Ertzaintza o los Mossos acumulan denuncias y evidencian conductas violentas hacia la ciudadanía. Debería hacernos reflexionar la falta de voluntad política que subyace. El sacrificio de determinadas libertades en aras de la seguridad ha supuesto un mayor control policial y, en paralelo, malas praxis policiales».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Sigue-el-silencio-oficial-tras.html