Los problemas para acceder al derecho básico a una vivienda digna, con un endeudamiento que puede alcanzar el 70% del salario en los sectores más jóvenes, fue la base de un importante movimiento surgido hace poco más de un año, en medio de la desmovilización general impuesta por una izquierda subordinada al gobierno Zapatero. Con […]
Los problemas para acceder al derecho básico a una vivienda digna, con un endeudamiento que puede alcanzar el 70% del salario en los sectores más jóvenes, fue la base de un importante movimiento surgido hace poco más de un año, en medio de la desmovilización general impuesta por una izquierda subordinada al gobierno Zapatero.
Con el precio de la vivienda por las nubes (el último aumento, «moderado», fue del 7,2%) y mientras el 55% de la población tiene dificultad para llegar a final del mes, el gobierno ZP presume de que el 2006 fue el mejor año económico de la «democracia», mientras el movimiento por una vivienda digna sacó a la luz el debate sobre la situación de los hipotecados de por vida, de los jóvenes que no pueden emanciparse y de los inmigrantes hacinados en cuchitriles.
El boom especulativo toca a su fin
Sólo en el año 2006 se construyeron 830.000 viviendas, la mayor parte destinadas a la especulación. Los bancos, con un patrimonio inmobiliario equivalente a 14 veces las Islas Baleares, mantienen estrechas relaciones con las inmobiliarias y constructoras. El efecto dominó de abril con la devaluación de la inmobiliaria Astroc arrastró a otras inmobiliarias y a empresas como Telefónica, BBVA, Repsol e Iberdrola. Organismos como el FMI apuntan a un crecimiento futuro de la morosidad y comparan la evolución española con la de EEUU, donde prevén una situación de estancamiento. El escenario de recesión económica cobra así visos de realidad.
Los empresarios inmobiliarios esperan contar con la inestimable colaboración del gobierno para estabilizar el sector y garantizar que el sector inmobiliario siga siendo el «pilar de la economía» durante otros 10 años. Sin embargo, la previsión más razonable apunta a una disminución del ritmo de construcción, de modo que empezará a generarse desempleo masivo de obreros de la construcción, el cierre de gran número de empresas de sectores indirectos y un todavía mayor crecimiento de la precariedad.
Corrupción y demagogia
De este entramado de grandes negocios especulativos participan los partidos burgueses y socialdemócratas y las centrales sindicales, que los utilizan como una vía de financiación. El suelo, de recurso natural público pasa a convertirse en moneda de cambio a través de las recalificaciones, que son la base de los escándalos de corrupción que salpican a los ayuntamientos. La nueva Ley del Suelo de ZP entrega a la iniciativa privada los proyectos de urbanización. No por casualidad los principales asesores del Plan de Vivienda y de la Ley del Suelo son los mismos que asesoran a las grandes empresas inmobiliarias y constructoras. Así se entiende como el principal accionista de Astroc, Enrique Bañuelos, ha podido llegar a formar parte de la lista de las diez mayores fortunas del Estado Español, en contraste con el 45% de la población «mileurista» e hipotecada.
Sin duda alguna la falta de soluciones concretas para esta preocupación social fue uno de los factores determinantes del crecimiento de la abstención en las recientes elecciones, a pesar de los esfuerzos de todos los partidos institucionales (desde el PP o el PSOE hasta IU o ERC) por hacer creer lo contrario.
Intentando debilitar la lucha por la vivienda, la ministra Trujillo presentó la promesa de creación de 10.000 viviendas de 35 m2 para jóvenes universitarios. Esta cifra no supera el 2% de los universitarios que buscan pisos de alquiler. Esta medida de última hora, pensada para desactivar la presión que crecía en la calle en período electoral, evidencia la incapacidad del gobierno para impulsar políticas de vivienda pública y de alquiler. Sólo con el presupuesto de este año destinado a la vivienda se podrían construir 150.000 viviendas públicas en alquiler. Sin embargo, ese dinero se destina a apoyar la vivienda en propiedad.
Hay que continuar fortaleciendo la lucha por el derecho a una vivienda digna
El «derecho universal a la vivienda», reconocido en el artículo 47 de la constitución española, es papel mojado. La única vía capaz de solucionar el problema de la vivienda es invertir radicalmente la lógica actual de promoción de viviendas para la venta, impulsando la vivienda pública en alquiler con precios que no superen el 20% del salario medio. Por el contrario, lo que vemos desde el gobierno ZP y su Plan de Vivienda es el refuerzo de la política de incentivo a la falsa propiedad a través de las Viviendas de Protección Oficial, mientras se favorece y desarrolla una política de viviendas de alquiler residual y cara.
Ante este panorama hay que seguir movilizándose. Las organizaciones de la clase trabajadora deben encabezar esta lucha estableciendo un puente entre la clase trabajadora y el combativo movimiento juvenil por una vivienda digna que, con sus manifestaciones y sentadas, viene demostrando su capacidad para enfrentar al gobierno, denunciando su política en relación a este derecho básico.