El 1° de marzo de 2008, un escuadrón del Ejército colombiano ingresó de forma ilegal a territorio ecuatoriano y atacó un campamento de las FARC, donde asesinó a 25 personas, entre ellas, además de varios civiles de México y Ecuador, al comandante Raúl Reyes. Tres jóvenes sobrevivientes declararon que las fuerzas colombianas remataron a varias personas por la espalda y que todos estaban desarmados en el momento del ataque. Desde ese día, las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Quito se encuentran suspendidas y siguen las tensiones. Hace poco, el ministro de la defensa colombiano, Juan Manuel Santos, declaró que Colombia tenía el derecho de «legitima defensa» de incursionar en otros países si necesita atacar a fuerzas guerrilleras…
«Qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces (…) Déjese de tantas falacias, de tratar de justificar actos injustificables, reconozca abiertamente que no tenía ningún derecho para agredir al Ecuador.» Fueron parte de las palabras que el presidente ecuatoriano Rafael Correa le dirigió, en marzo de 2008, a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, durante la XX Cumbre del Grupo de Rio, en República Dominicana. «No trate de intimidarme con argumentos comunistas», respondió el acusado…
Tan solo a un demente se le hubiera podido imaginar la posibilidad de un conflicto entre Ecuador y Colombia. Y éste se produjo tres días antes de iniciarse la Cumbre. Tomó por sorpresa a todos. En la madrugada del día 1° de marzo fue bombardeado y asaltado, por tropas colombianas, un campamento provisional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), instalado a unos dos kilómetros adentro del territorio ecuatoriano. Murieron cerca de veinte personas, incluido el comandante Raúl Reyes, encargado de las relaciones internacionales de esa guerrilla.
El presidente Correa contó que muy temprano en la mañana, el presidente colombiano lo llamó. «Me dice que ha habido un encuentro, un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas colombianas y las FARC (…) Que en ese enfrentamiento, las FARC han huido a nuestro territorio, y que en la persecución había 10 o 17 guerrilleros muertos, once prisioneros, un soldado colombiano muerto.»
El problema comenzó con las primeras investigaciones, y Rafael Correa empezó a desmentir los hechos: «No nos habían dicho que era un bombardeo en nuestro territorio, planificado, deliberado, ordenado por el propio presidente Uribe. Todo fue mentira lo que dijo Uribe, lo único que era cierto es que había muerto Raúl Reyes.» Y prosiguió: «Los aviones ingresaron al menos 10 kilómetros en nuestro territorio para realizar el ataque desde el sur. Luego llegaron tropas colombianas en helicópteros que culminaron la matanza.»
Ante las evidencias, el presidente ecuatoriano no solo dispuso la expulsión del embajador de Colombia, y retiró al suyo en Bogotá, sino que ordenó el envío de tropas a la frontera.
Paralelamente a esta ya delicada situación se agregó algo que dio inmediatamente vuelta al mundo. El ejecutivo ecuatoriano aseguró que «las manos guerreristas y autoritarias» frustraron las negociaciones para liberar a doce rehenes de las FARC por Ecuador, y quizás a Ingrid Betancourt. «No podemos descartar que ésta fue una de las motivaciones de la incursión y ataque por parte de los enemigos de la paz». Aseveración apoyada por el presidente francés, Nicolás Sarkozy, quien manifestó que la operación y la muerte del jefe guerrillero se producía «en un momento crucial en el que todo debía hacerse para respaldar la dinámica positiva que se había activado con la liberación unilateral de varios rehenes».
Tan sólo el presidente estadounidense George W. Bush respaldó la acción de violación al territorio ecuatoriano. Con este apoyo, y en acto de soberbia, el Gobierno colombiano aseguró que «actuó en legítima defensa de la nación». Ante esta declaración, el presidente ecuatoriano expresó: «No aceptaremos que, a pretexto del combate a lo que ellos llaman terrorismo, se implanten doctrinas y prácticas inaceptables de falta de respeto a la soberanía de los Estados.»
Poco a poco las investigaciones fueron demostrando que otro país actuó en la operación, porque Colombia no poseía ni el tipo de nave ni las bombas «inteligentes» que se lanzaron sobre el campamento. Esas, en zona cercana, sólo se encontraban en la base militar de Manta, enclave estadounidense en Ecuador. i Un año después se supo que Washington estaba tan al tanto del operativo, que su embajada en Quito fue la primera en informar al jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales ecuatoriana, UIES, sobre el bombardeo. Aparentemente, éste informó al jefe de la Unidad de Inteligencia de la Presidencia, quien no lo comunicó al Presidente Correa. ii
La repercusión de la acción se volvió más delicada cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció su apoyo irrestricto a Ecuador. Durante una intervención televisada advirtió a Uribe de no intentar hacer lo mismo en Venezuela, o la respuesta no se haría esperar. Seguidamente ordenó el cierre de su embajada en Bogotá, así como el despliegue de diez batallones a la frontera.
Ante la reacción inesperada de Ecuador y Venezuela, Uribe optó por «revelar» la existencia de «vínculos» entre Quito, Caracas y las FARC. Dijo que las «pruebas» estaban en un ordenador hallado en el campamento bombardeado, y presuntamente propiedad de Reyes. Algunas copias de esas «pruebas» fueron entregadas a varios medios de prensa, en especial al diario El País de España, que fomentó todo un escándalo internacional iii . De tal modo se justificaba el ataque; y la violación de la soberanía ecuatoriana se fue relegando y hasta aprobando. El ordenador se volvió un denunciante «a la carta», utilizado para desacreditar ante la opinión pública a los presidentes Chávez y Correa y a muchas personalidades internacionales.
Curiosamente, los grandes medios apenas mencionaron la siguiente información: el 1° de diciembre de 2008, un capitán e investigador antiterrorista de la policía científica colombiana, Ronald Ayden Coy Ortiz, declaró bajo juramento ante la Fiscalía que no encontró los correos electrónicos de los cuales tanto se hablaba y que el diario El País tanto había citado: «Sólo había documentos de Word». Este tipo documento puede ser elaborado por cualquiera en cualquier ordenador, y por tanto no sirve como prueba. Con los correos electrónicos la cosa cambia, al tener un carácter más personalizado. La declaración podría dejar sin curso investigaciones y denuncias, aunque ya el «computador» había jugado un temible papel en la guerra sicológica y de desestabilización contra dos naciones hermanas.
Si desde ese primero de marzo del 2008 las provocaciones y presiones sobre el gobierno ecuatoriano se multiplicaron, estas ya venían en camino. El presidente Correa, sin proponérselo, se ha afirmado como otra piedra en el zapato para los planes del Pentagono, quien, para la región, ha contado como su caballo de Troya con el gobierno de Uribe.
Apenas posesionado, enero 2007, Correa repitió lo que había dicho durante la campaña electoral: no se inmiscuiría en la guerra civil colombiana; no consideraría a las guerrillas de ese país como grupos terroristas, a pesar de rechazar algunas de sus prácticas; y no apoyaría el Plan Colombia. Por esa actitud, el presidente ecuatoriano ha recibido buena parte de los ataques y provocaciones.
No es todo. El presidente Correa ha ofrecido a su pueblo llevar a la práctica acciones que nunca han sido del gusto de Washington. «Estamos por una revolución ciudadana, de cambio radical, profundo y rápido de las estructuras políticas, sociales y económicas». iv Y ha precisado: «Yo espero que ninguna nación, por poderosa que sea, intente dictar las políticas que debemos seguir.»
Pero las provocaciones de Bogotá y Washington no se han detenido. A un año de aquel ataque al territorio ecuatoriano, el ministro de la Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, insistió sobre el derecho de «legitima defensa» que tenía Colombia de incursionar en otros países si necesita atacar a fuerzas guerrilleras. El presidente Correa advirtió inmediatamente contra cualquier acción militar en su territorio, y lamentó que el funcionario no haya entendido que en Suramérica «no hay lugar para aspirantes a emperadorcitos.» Esta vez «nos encontrará preparados.» En el mismo sentido reaccionó el titular de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, al manifestar que su país sólo restablecerá relaciones con Colombia cuando esa nación haya abandonado la doctrina de arrogarse el derecho de violar la soberanía de otro país.
Ante los constantes señalamientos sobre la relación de su gobierno con las guerrillas colombianas, el presidente Correa dijo: «En el Ecuador no es ilegal tener amistad con las FARC, pero como Gobierno es una barbaridad decir que tenemos algún contacto con ellas (…) pero pregúntele a cualquier jefe militar cuándo hemos dicho no repeler con todo a cualquier fuerza regular o irregular que entre al país. » v
Si algo más ha molestado a Washington ha sido la depuración y reestructuración de las Fuerzas Armadas, de policía y de seguridad del Ecuador. Según conclusiones de comisiones de investigación, el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA eran quienes prácticamente mandaba en ellas. El presidente ya anunció que se juzgará a los mandos ecuatorianos que resultasen involucrados como traidores a la patria, «porque se han puesto al servicio de una potencia extranjera.» Una de las urgencias es desmontar todos los convenios militares, públicos o secretos, «que someten a nuestras fuerzas armadas al comando de la CIA y el Comando Sur del Pentágono.»
Demostrando que está decidido a parar la ingerencia de Washington, el 7 de febrero 2009 el presidente ordenó la expulsión del agregado de la embajada estadounidense, Armando Astorga. El motivo había sido una carta que el diplomático enviara un mes antes al comandante de la Policía. En ella le anunciaba el final de los acuerdos para apoyo logístico y operativo brindado a la Dirección de Inteligencia de esa institución. De igual manera le pedía que se devolvieran de manera inmediata los 340 mil dólares de ayuda anuales, así como todos vehículos, muebles de escritorio, cámaras fotográficas y motocicletas entregadas. Astorga precisaba que tal decisión se tomaba debido al rechazo del gobierno ecuatoriano a que fuese la embajada de los Estados Unidos la que calificase a los mandos de esa unidad policial, incluido su Comandante, como venía siendo costumbre. Correa calificó la carta como «insolente» e indicó: «Señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos (…) Aquí no vamos a aceptar que nadie nos trate como colonia».
En el Informe Semanal de Labores, el ejecutivo ecuatoriano anunció que enviaría una carta oficial a las autoridades estadounidenses donde propondría «una donación a Estados Unidos de 160.000 dólares anuales para proyectos que tengan como fin evitar la tortura en los Estados Unidos». Particularmente las que se cometen en Guantánamo.
No todo ha terminado ahí. El 18 de febrero, el Gobierno hizo pública la expulsión de Max Sullivan, primer secretario de la embajada de Estados Unidos. Y la causante era su «intromisión inaceptable en los asuntos internos», concretamente sobre la UIES. El funcionario, que según dijo el presidente Correa era el jefe de la CIA en Ecuador, «ordenó» el retiro de los computadores donados. Lo grave es que los mandos ecuatorianos no solo lo aceptaron, sino que los entregaron con toda la información almacenada durante años.
Quizás una de las decisiones del presidente Correa que más ha molestado a Washington, fue la de no renovar el contrato que permitía al Comando Sur tener una base militar en la ciudad de Manta desde 1999. Esto obliga a desalojarla definitivamente en noviembre próximo. La alternativa encontrada fue trasladar naves, armas y dispositivos para espionaje de alta tecnología hasta bases colombianas, según los acuerdos firmados a comienzos de marzo 2009, por el Ministro de Defensa colombiano con el jefe del Pentágono y la CIA. Esto multiplica la presencia militar, convirtiendo a Colombia en un portaviones estadounidense.
Coincidencial y peligrosamente, las bases que recibirán la mayor cantidad de ese equipo están situadas muy cerca de las fronteras de… Ecuador y Venezuela.
Hernando Calvo Ospina es periodista y escritor colombiano, radicado en Francia, colaborador de Le Monde Diplomatique. En abril 2009, supo, por acción directa, que el gobierno estadounidense no le permitía ni tocar su espacio aéreo por motivos de «seguridad nacional». Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84210
i La base de Manta está situada en el Océano Pacifico, a 400 kilómetros de Colombia. Fue cedida a Estados Unidos en 1999. El presidente Correa anunció que no renovara el contrato que se termina en noviembre 2009, y por tanto volverá a control ecuatoriano.
ii Cable de Notimex. 07 de marzo de 2009.
iii El 11 de marzo la corresponsal de El País en Bogotá, Maite Rico, en un reportaje titulado «Colombia acorrala a la guerrilla» se permite de manera irresponsable dar por ciertos los datos que supuestamente se encontraron en la computadora de Raúl Reyes al afirmar la existencia de un «apoyo logístico y político prestado a la guerrilla por Ecuador y Venezuela (que ha enviado armas y dinero)». El artículo completo se puede leer en el siguiente enlace: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Colombia/acorrala/guerrilla/elpepiint/20080311elpepiint_12/Tes
iv Entrevista realizada al presidente Rafael Correa por el autor. Quito, octubre de 2007. www.rebelion.org/noticia.php?id=58106
v El Comercio . Quito, 8 de marzo 2009..