La Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora «AVANCE SOCIAL» denuncia que VISOCAN (Viviendas Sociales de Canarias) sigue con los desahucios de familias sin recursos económicos, a pesar de las declaraciones de su presidenta, la Consejera de Vivienda, Inés Rojas, y pide que se paralice el lanzamiento de una familia […]
La Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora «AVANCE SOCIAL» denuncia que VISOCAN (Viviendas Sociales de Canarias) sigue con los desahucios de familias sin recursos económicos, a pesar de las declaraciones de su presidenta, la Consejera de Vivienda, Inés Rojas, y pide que se paralice el lanzamiento de una familia de Las Torres y se restituya la vivienda a otra familia de La Majadilla.
El Gobierno de Canarias declaraba públicamente, hace unos meses, que «ninguna familia que ocupe una vivienda social en régimen de alquiler podrá ser desahuciada por motivos estrictamente económicos». Sin embargo, a pesar de la situación de precariedad y de paro que están sufriendo muchas familias, observamos que se sigue procediendo a los desahucios por parte de VISOCAN:
Una mujer, con una hija menor de 11 años, que vive desde hace 14 años en la vivienda de promoción pública que se le adjudicó en las Torres (Las Palmas de Gran Canaria) a la que VISOCAN lleva años sin querer actualizarle la renta de alquiler, incrementando de forma brutal su deuda con VISOCAN, todo ello por un impago de una derrama de 90 euros.
VISOCAN inició, en el año 2009, un desahucio contra esa familia. Hasta ese momento la madre trabajaba y pagaba alquileres de 230 a 245 euros mensuales, pero su situación laboral cambió radicalmente y tuvo que afrontar, además, una serie de problemas personales de la que informó.
A pesar de todo ello, y con muchos sacrificios, consiguió ponerse al día, hasta octubre de 2009, tanto en lo que se refiere al alquiler como al pago de las cuotas de la comunidad de vecinos. Sin embargo, cuando quiso renovar el alquiler para recibir la ayuda correspondiente, no pudo hacerlo porque VISOCAN le reclamaba el certificado firmado por la Comunidad de Vecinos acreditando los pagos de la comunidad, certificado que le fue denegado, a pesar de estar al corriente de las cuotas mensuales de la Comunidad, por no haber pagado una derrama de 90 euros de la que le exigía el pago total.
En lugar de actuar de mediador, de manera a resolver el conflicto vecinal y que la derrama fuera pagada en varios plazos como hicieron los demás vecinos, actualizando, a la vez, la renta de alquiler de una familia en paro, VISOCAN se negó rotundamente a la actualización de los alquileres y fue cargando a esa familia sin ingresos las cuotas de 264 euros, mes a mes, hasta sumar una deuda de 6.029 euros en dos años, hasta el 2011, según consta en el resumen de facturación de VISOCAN y que sigue incrementándose con recibos mensuales elevados para la situación familiar , al no estar actualizados a la nueva situación económica real de esta familia.
Por lo tanto, nos encontramos con una deuda engrosada injustamente, una deuda impagable. Y también nos encontramos con una familia desesperada, en un callejón sin salida, porque no puede hacer frente a las cuotas de la comunidad y sigue sin poder actualizar sus rentas de alquiler y ve cómo crece injustamente su deuda con VISOCAN. Para colmo, estos días, VISOCAN ha solicitado al Juzgado que se proceda al lanzamiento de esta familia que ha recibido el auto de ejecución (se adjunta carta de VISOCAN solicitando el lanzamiento y auto del Juzgado). No se puede llevar a una familia a esta situación de desesperación.
Una familia que vive hace 14 años en una vivienda de promoción pública que se le adjudicó en La Majadilla (Las Palmas de Gran Canaria) y que tiene a su cargo tres hijos, de 18,15 y 13 años, y se han visto en la calle, recogidos por familiares, de una forma injusta después de haber pagado a VISOCAN la deuda de casi 1.900 euros. Mientras la vivienda permanece vacía.
Con fecha 22 de noviembre de 2011, VISOCAN presenta una demanda por impago del alquiler, reclamando la cantidad de diversos recibos que, según la demanda, sumaba casi 1.900 euros. Con fecha 31 de enero, se emite por parte del Juzgado un requerimiento en el que se le insta a desalojar el inmueble o pagar la deuda y una cédula de citación para la celebración de un Juicio Verbal para el 21 de marzo de 2012.
Se adjuntan el requerimiento y la citación. Con fecha 28 de febrero de 2012, y con ayuda de la familia por su falta de recursos, el vecino abona los 23 recibos. El Juicio Verbal previsto para el 21 de marzo de 2012 no se celebra.
A pesar de ello, esta familia recibe una orden de lanzamiento que se señala para el 17 de septiembre de 2012. El afectado por el desahucio se presenta en el Juzgado, con los recibos de pago pero le comunican que necesitan un informe de Visocan sobre el pago realizado, informe que no se presentó, por lo que cuando nos encontramos con esta familia, en una asamblea, ya había sido desahuciada y sus cinco miembros, entre ellos 3 hijos de 13 a 18 años, vivían recogidos por familiares.
Por todo ello, la Coordinadora Avance Social se dirigirá a la Consejera de Vivienda que es, a su vez, Presidenta de VISOCAN, para pedir que se paralice el lanzamiento de la familia de Las Torres y que siga vigente el contrato de la familia de La Majadilla para que esta familia pueda volver a su hogar de los últimos 14 años que permanece vacía. También se dirigirá al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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