Joan Tardá (ERC): «Aunque todos los catalanes estuviéramos de acuerdo con la independencia, nunca seríamos escuchados porque seríamos una minoría demográfica en España». Es verdad. España exige que aceptemos ser súbditos. Puigdemont explicó en el Parlamento los intentos desarrollados desde Cataluña buscando un acuerdo y la respuesta siempre negativa de España; el menosprecio, los insultos. […]
Joan Tardá (ERC): «Aunque todos los catalanes estuviéramos de acuerdo con la independencia, nunca seríamos escuchados porque seríamos una minoría demográfica en España». Es verdad. España exige que aceptemos ser súbditos. Puigdemont explicó en el Parlamento los intentos desarrollados desde Cataluña buscando un acuerdo y la respuesta siempre negativa de España; el menosprecio, los insultos. El pirómano Rajoy -él fue quien instó recoger firmas contra el Estatut tras ser votado por el pueblo catalán y quien decidió que su Tribunal Constitucional lo «cepillara»- ha vuelto a despreciar la propuesta de negociación y mediación planteada por Puigdemont, y ha puesto en marcha la maquinaria del 155.
Era impensable esperar otra cosa. Solo quien teme perder impide que se vote. Primera conclusión: En España no hay cauce para que las mayorías políticas democráticas catalanas y vascas lleven adelante sus decisiones y el Estado, si decides luchar contra ese veto, te reprime.
Cataluña dio prioridad a la legitimidad democrática de sus instituciones. Había que abrir espacios democráticos y eso solo se logra confrontando democráticamente. Querían que Cataluña actuara como Escocia pero… España no es Gran Bretaña. Aparecieron los defensores del pacto constitucional del 78, que, tutelado por militares, cierra cualquier vía a la autodeterminación. Cuarenta años después, ya sin los complejos que entonces tenían por un Franco recientemente fallecido, aparece en el Estado un neofalangismo arrogante y agresivo. Segunda conclusión: los representantes del pacto constitucional (PP, PSOE y Cs) no van a democratizar España.
El dinero nunca ha sido democrático. En España, menos. El capital está acostumbrado a recibir favores del poder político. Alguien apodó al capitalismo español como «capitalismo Cibeles» refiriéndose al estilo de hacer los grandes negocios basados en una relación estrecha del Gobierno con las grandes empresas: sin riesgo empresarial y con la ley a su favor para masificar el beneficio. Es la corrupción «legal». Que se lo pregunten a las eléctricas, a la banca… Y si algo sale mal está el dinero público para salir en su auxilio. El dinero chantajea en el Estado, en Cataluña y Euskal Herria. El dinero se ha apropiado de políticos que, cuando gobiernan, trabajan para él y, cuando dejan los puestos públicos pasan, sin solución de continuidad, a esas empresas con sueldos millonarios. Tercera conclusión: La democracia se gana venciendo al capital. Es una lucha continua; es la única manera de garantizar que el voto del presidente de La Caixa valga igual que el de una militante de la CUP. Dicho esto, el capital, pongamos por ejemplo, la Coca Cola, produce y vende sus productos en todos los países que se han independizado en los últimos 40 años. Cataluña independiente no será una excepción.
En Euskal Herria, tras el Estatuto Político despreciado por el Estado, el PNV y el Lehendakari Urkullu descartaron cualquier confrontación con el Estado. Decidieron representar al vértigo de la burguesía que hace negocios con Madrid. Se han limitado, año a año, a recordar que el Estatuto se incumple. Así 38 años. Sin confrontación y sin explicar que el Estado deja sin efecto nuestro autogobierno mediante Leyes de Bases y decisiones del Tribunal Constitucional. Actúan así para dormir el conflicto político, afirmando contra toda evidencia que la relación bilateral con el Estado funciona. Cuarta conclusión: La confrontación democrática no es una opción para el Gobierno de Urkullu y, sin ella, asistiremos a un continuo retroceso, más aún cuando los partidarios de uniformizar España, unos arribistas, ocupan la dirección política de las principales fuerzas políticas españolas.
La respuesta española a Cataluña precipita la definición del PSOE de Pedro Sánchez. Está donde siempre ha estado. ¿Había diferencias programáticas en las primarias entre Susana y Pedro? El Rey habló para que el PSOE no abandone el frente del «imperio de la Ley» que protagonizan PP, PSOE y Ciudadanos. Los «barones» marcaron a la nueva dirección, el grupo PRISA (El País) expulsó de sus medios las razones del independentismo y Felipe González y Alfonso Guerra arremetieron para que el PSOE estuviera donde ellos lo colocaron: España, ni roja, ni rota. El anuncio de reforma constitucional hecho público por Sánchez a la vez que apoya la aplicación del 155 es un señuelo para ingenuos y débiles. El colofón, el desfile del 12 de Octubre, expresión del nacionalismo español más agresivo de los últimos 40 años. Quinta conclusión: La posición del PSOE aclara aún más el panorama político. Podemos no puede pretender la democratización de España de la mano del PSOE. En Euskal Herria el PSOE que apoya a Rajoy contra una nación hermana, forma parte del Gobierno Vasco con el PNV. Pero no pasa nada. La Comisión de Autogobierno del Parlamento Vasco está vista para sentencia: otra legislatura en blanco. Quienes proponen la reforma constitucional, con quienes Urkullu busca el acuerdo, explican que es mejor dejarlo todo para cuando se concluya esa reforma.
Euskal Herria -y su clase trabajadora- debe mostrar su solidaridad con el derecho a decidir de Cataluña y rechazar el autoritarismo del Estado. Una respuesta lo más amplia posible que ayude a consolidar el inmenso capital social acumulado en Cataluña estos años y la cohesión política para continuar con el procés adelante.
Y en relación con el proceso soberanista vasco no hay que simplificar las comparaciones con Cataluña. La cosa no va de eslogans. Aquí, la clase política institucional no quiere concluir nada sobre el proceso involutivo español y, nuestra sociedad, desgraciadamente, no está estructurada y organizada como la catalana. En Cataluña los noes sistemáticos del Estado fueron acompañados de un claro rechazo de las fuerzas soberanistas; un rechazo que ha aumentado la conciencia política. Aquí no; aquí, los representantes institucionales vascos han preferido dormir el conflicto político. Para echar a andar deberíamos establecer unos mínimos entre quienes decimos compartir un proceso soberanista; unos mínimos que refuercen estructuras organizativas en la sociedad, no clientelares, con capacidad de interpelar a nuestras instituciones. Unos mínimos que pongan en valor el modelo social para sumar sociedad y romper, como en Cataluña, los límites de lo identitario en la lucha por la soberanía. Sociedad movilizada, estructurada, viva, que lucha por la justicia y la igualdad y una política valiente que concluya que Euskal Herria no debe mantenerse impasible ante la involución social, cultural y política que España representa. Sexta conclusión: La derecha vasca no quiere. Digan lo que digan, quienes dicen que la bilateralidad entre Madrid y el Gobierno Vasco y de Nafarroa funciona parten de la renuncia a las posiciones políticas por parte vasca. Y eso se nota en el autogobierno y en las políticas antisociales que sufrimos. El PP dice que son «patrióticas» porque unifican el Estado.
Adolfo Muñoz, «Txiki», es Secretario General del sindicato ELA
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