Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncian que las empresas eléctricas están realizando cortes de luz en cientos de viviendas en las que viven familias vulnerables. Alrededor de 200 familias, con más de 300 niños. Dos meses sin electricidad. Estamos en la calle Toledo número 15, en Parla (Madrid). El 26 de septiembre, […]
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncian que las empresas eléctricas están realizando cortes de luz en cientos de viviendas en las que viven familias vulnerables.
Alrededor de 200 familias, con más de 300 niños. Dos meses sin electricidad. Estamos en la calle Toledo número 15, en Parla (Madrid).
El 26 de septiembre, Iberdrola decidió cortar el suministro de electricidad por impago, dejando a cientos de familias sin calefacción, sin luz, sin nevera, hasta el 23 de noviembre.
«Lo han pasado bastante mal. Nosotras hemos estado allí todas los días, con velas, pasando mucho frío», explica a Diagonal Lola Andújar, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Parla. Esta plataforma, desde hace meses, acude al edificio a acompañar a los menores de edad y ayudarles con las tareas escolares.
El caso de Toledo 15
El caso de Toledo 15 es uno más de pobreza energética, pero también de vulneración del derecho a la vivienda. La promoción, planeada para vivienda joven bajo el gobierno de Tomás Gómez, fue adjudicada a una constructora que quebró en 2012, dejando la construcción sin terminar y con un solo contador de luz para sus 296 pisos. El complejo pasó a la Sareb.
Decenas de familias entraron en estos bloques ante la falta de otra alternativa de vivienda. Una ONG llamada Todo Ayuda, a través de un convenio con el Ayuntamiento, regularizó hasta 270 contratos de alquileres sociales en el edificio y coordinó desde 2003 los pagos de luz, recaudando entre los vecinos las sumas: 75 euros para pisos de una habitación, 90 en el caso de viviendas de dos habitaciones, según señalan a Diagonal desde PAH Parla.
El convenio entre el Ayuntamiento de Parla y la ONG se rompió en junio de este año. La versión del Ayuntamiento: rescindido por supuestos incumplimientos de la organización. La de la ONG: fueron ellos los que renunciaron a continuar con el convenio tras años de pasividad del Ayuntamiento. En el medio, una factura de electricidad cercana al medio millón de euros de la que ni el Consistorio ni la Sareb se quieren hacer cargo.
«El Ayuntamiento denunció por usurpación a los vecinos de Toledo 15, y entonces les cortaron la luz», señala Andújar. Iberdrola decidió mandar a dos operarios para que volvieran a subir la palanca y restaurar el abastecimiento eléctrico dos meses después, cuando los vecinos reunieron más de 2.000 euros para pagar a la eléctrica como señal. Pero, como apunta la activista, «la deuda sigue ahí».
No es el único caso en el que la pobreza energética se suma a la vulnerabilidad en la vivienda. En el mismo municipio, Parla, un centenar de familias que viven en cinco bloques ubicados en la avenida de Las Estrellas llevan semanas intentando evitar que les corten el suministro eléctrico.
Estos bloques son parte del parque de vivienda pública que el IVIMA vendió a Goldman Sachs. Muchos de sus inquilinos siguen con contrato, aunque el precio del alquiler se encareció de los 400 iniciales hasta unos 600 euros.
Otros entraron a ocupar estos bloques al no contar con otra opción de vivienda. «Hemos acudido mil veces para que les hagan un alquiler social, y no hay manera», explica Andújar.
Aunque varias comunidades han desarrollado leyes para paliar la pobreza energética, éstas no dan solución a la situación de miles de familias que se han visto obligadas a ocupar una vivienda y que en muchas ocasiones se enfrentan a cortes de luz y también de agua. «Esa gente sí está en situaciones dramáticas, porque no tienen un contrato a su nombre, muchas veces pinchan la luz, ¿y cómo van a pedir ayuda si legalmente no están pagando?», señala Nacho Escartín, diputado de Podemos en las Cortes de Aragón.
«En Aragón sabemos que existe gente en esta situación porque hablamos con las PAH, pero esta ley [la ley de pobreza energética aprobada en Aragón a principios de noviembre] no recoge estas situaciones, la gente que está pinchando sigue quedándose fuera», lamenta.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/panorama/32460-sin-derecho-casa-ni-electricidad.html