Saber la verdad, administrar justicia y dar indemnizaciones a las víctimas; el Proyecto de Ley de la memoria recién aprobado por el Congreso español ha soslayado y olvidado estas tres cuestiones. Según el Proyecto, el franquismo es ilegal, pero sus acciones fueron legales. Después de 40 años de dictadura y de 32 sin Franco, todavía […]
Saber la verdad, administrar justicia y dar indemnizaciones a las víctimas; el Proyecto de Ley de la memoria recién aprobado por el Congreso español ha soslayado y olvidado estas tres cuestiones. Según el Proyecto, el franquismo es ilegal, pero sus acciones fueron legales.
Después de 40 años de dictadura y de 32 sin Franco, todavía hoy no quieren que la Justicia intervenga para llevar estas cuestiones hasta el final. Las víctimas del franquismo no tienen derecho a recibir justicia, ya que no han declarado nulos todos los juicios penales y militares.
No deben investigarse en las instituciones las graves violaciones de derechos civiles y derechos humanos del régimen franquista. Por ello, no ponen medios para obtener la verdad y conocer sus crímenes contra la humanidad. Quieren dejar de lado el derecho de la sociedad a tener memoria, que quieren convertir en mera acción individual y personal.
Han dejado fuera del estado de derecho a todas aquellas personas que fueron víctimas del franquismo, a las que no han reconocido como iguales ante la ley y no tendrán derecho, ni ellos ni sus sucesores, a tener reconocimiento jurídico explícito. Es una ley de punto final para los franquistas. Esta lógica admite, entre otras cosas:
– Que la jerarquía eclesiástica olvide de nuevo que aquí, en el Alto Deba (Guipúzcoa), los franquistas detuvieron a cuatro sacerdotes: José Joaquín Arin Oiartzabal, José Markiegi Olazabal, Leonardo Guridi Arrazaola y Jorge Iturcastillo Aranzabal, a quienes llevaron a la cárcel de Ondarreta (San Sebastián) y dejaron libres para fusilarlos inmediatamente.
– Que una persona como Mayor Oreja, cuyos familiares ostentaron la dirección de la Falange Tradicionalista y de las JONS de Mondragón (Alto Deba), diga con toda tranquilidad e impunidad que él jamás condenará el franquismo.
En el Alto Deba los franquistas fusilaron a 115 personas, de las cuales seis eran mujeres: Francisca Lamarain Aranzabal, Paula Mugika Arregi, Florencia Olazagoitia Zeziaga, María Areitio Arana, Francisca Oianguren Iribecampos y Emeteria Aranburuzabala Beitia. La mayoría de estas personas no tuvieron juicio y a muchas las mataron después de que las dejaran en libertad. Acusaciones falsas, denuncias de los responsables locales del Movimiento, juicios sin garantías de ningún tipo, como en el caso del concejal de Mondragón del Partido Socialista Jesús Uranga Urrutia, acusado de ser miembro de un tribunal que no existió, tal y como declaró años después Ricardo Azkoaga cuando también le «juzgaron» a él.
Saber qué sucedió con estas y muchas otras personas es de todo punto necesario para cerrar definitivamente las heridas. La declaración institucional aprobada por todos los ayuntamientos del Alto Deba en 2006 reclamaba a los poderes públicos del Estado, entre otras cosas:
– Que ratifiquen la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad.
– Que anulen todos los juicios penales y militares, por arbitrarios e ilegales.
– Reconocimiento social y económico a todas las personas a que privaron de libertad.
Decisiones todas ellas que, después del Proyecto de Ley de la memoria, todavía están por tomar.
* Jose Uribesalgo, Julia Monge, Juan Ramon Garai y Josuren Murgizu son miembros de la Comisión de Familiares de Fusilados del Alto Deba
Traducción: Daniel Escribano