Barcelona, Pamplona, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Vitoria… Son algunas de las ciudades del estado español en las que se celebraron –el 29 y 30 de enero- manifestaciones contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos).
Precisamente el 3 de febrero, fecha prevista para votar la convalidación del Decreto (sobre la reforma) en el Parlamento, el sindicalismo alternativo ha impulsado una concentración frente al Congreso de los Diputados “Contra la No reforma laboral”.
En Valencia la concentración tuvo lugar el 28 de enero, convocada por la CNT, Intersindical Valenciana, CGT y la Coordinadora Obrera Sindical (COS)-L’Horta, con el lema “Per la derogació de les reformes laborals. Prou mentides!” (la consigna hace referencia a las reformas aprobadas por el gobierno del PSOE, en 2010; y del PP, en 2012).
En la acción participaron cerca de 500 personas, congregadas en la calle Colón/plaza Los Pinazo, entre unos conocidos grandes almacenes y el edificio que acogió –de manera provisional- la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Los manifestantes clamaron, dirigidos por la megafonía, “Reforma laboral, terrorismo patronal”; “Si açò no s’arregla, llenya, llenya, llenya”; “Dónde están, no se ven, Comisiones y UGT” o “Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”; en otro momento de la protesta cantaron Bella ciao, himno de la resistencia partisana en Italia contra el fascismo.
“Está todo fatal, vengo para protestar contra la contrarreforma laboral –todas caminan hacia atrás- del gobierno más progresista de la historia”, ironiza Manel Roc, militante de la COS, de 45 años, que trabaja desde los 17 años y lleva 15 cotizados a la Seguridad Social; tras una larga experiencia en el sector del metal, actualmente ejerce como profesor de la enseñanza concertada (tuvo que esperar más de una década para firmar en 2011, como docente, un contrato indefinido).
Pensionista y extrabajadora de la multinacional Ford, Irene destaca los incumplimientos del ejecutivo actual: “Nos prometieron que iban a derogar la reforma laboral del PP, pero los contenidos básicos se mantienen; continuamos en la precariedad más absoluta, como demuestran los datos oficiales, ya que no han de confundirse puestos de trabajo con contratos”.
En un comunicado del pasado 27 de enero, el Gobierno informó sobre la creación de 840.700 puestos de trabajo durante 2021, “la mayor creación de empleo desde 2005”; el ejecutivo se basaba en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados por el INE. La misma nota gubernamental reconoce que el número de parados en el estado español es de 3.103.800, la tasa de temporalidad se sitúa en el 25,4% y la de desempleo juvenil en el 30,7%.
La citada EPA, que se hizo pública el 27 de enero, subraya que el empleo temporal ha aumentado en 307.700 personas durante el último año; el índice de paro entre la población extranjera se sitúa en el 20,8% y el de los mayores de 55 años se ha incrementado en 23.400 personas durante el último año. Asimismo, 1.023.900 hogares tienen a todos sus miembros activos en paro. Una comparativa de interés es la de las horas efectivas trabajadas: las del cuarto trimestre de 2021 es un 3,8% inferior a las de los últimos cuatro meses de 2019, antes de la crisis sanitaria por la COVID.
Irene, militante de la CGT, valora en la manifestación vespertina de Valencia: “Esto no es futuro, pero hemos de insistir: la reforma actual no retorna a los 45 días por año trabajado en las indemnizaciones por despido improcedente; tampoco se tocan los salarios de tramitación; es cierto que se elimina la contratación por obra y servicio, pero ésta ya se hallaba condenada a muerte“.
En el sector donde se concentran las banderas de Intersindical-Valenciana se manifiesta Paqui, trabajadora del comercio y afiliada a esta organización. Señala su desacuerdo con el “pacto entre la supuesta izquierda en el Gobierno y unos sindicatos –Comisiones Obreras y UGT- casi verticales”. Además critica que en las reformas de 2010 y 2012 “no se dio un consenso con todos los agentes sociales, por el contrario en 2021 sólo se alcanzó un acuerdo cuando la patronal ha estado contenta”.
¿Qué opina sobre el rol de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos? “Puede ser un buen referente, pero no puede hacer más y es posible que acabe quemándose como un ninot de falla; además creo que el Gobierno no tendría que pactar la reforma con Ciudadanos –socio del PP y Vox-, sino con ERC, EH Bildu y el BNG, entre otras formaciones, para intentar volver a la situación anterior a 2010; contra las reformas laborales de 2010 y 2012 los sindicatos convocaron huelgas generales”, recuerda Paqui.
El manifiesto suscrito por CGT, COS, CNT e Intersindical afirma que el Decreto del Gobierno “deja en la penumbra” que el fraude empresarial en la contratación es uno de los factores principales del “salvaje aumento” de la precariedad. Este fraude está relacionado con variables como el tipo de contratación, pero también con las posibilidades de despido; o la capacidad de los empresarios para modificar horarios, turnos y lugares de trabajo; y asimismo con el acceso a la labor sindical y unos tribunales imparciales.
En términos similares, el manifiesto añade en el parágrafo siguiente que los trabajadores en situación de precariedad, falta de representación sindical efectiva o subcontratación, “no podrán denunciar gran cosa, si pueden ser despedidos en cualquier momento (porque en esta reforma no se toca el hecho de que un despido ilícito, ilegal, es decir, improcedente, puede hacerse si se tiene dinero); o si están sometidos a horarios arbitrarios e infernales, la no renovación de sus contratos y la hipervigilancia favorecida por las nuevas tecnologías de control”.
Los sindicatos firmantes abogan por terminar con los despidos improcedentes (“si es ilegal, no hay despido”); las cadenas de subcontratación (“si está en tu cadena de valor, son tus trabajadores); multiplicar la capacidad de las asambleas en los centros de trabajo; o establecer límites a las decisiones sobre horarios, turnos y el teletrabajo. “Hace tiempo que los convenios colectivos se han convertido en letra muerta”, remarcan.
Al finalizar la movilización en la calle Colón, Rubén –trabajador de Artes Gráficas y militante de la CNT, de 34 años-, declara que el ejecutivo no ha emprendido una reforma, sino “una actualización de lo que ya había; se han limitado a retocar cuatro puntos para contentar a la gente, apaciguarla y que la calle no se ‘queme’”. Explicita, además, sus razones para la sospecha: “Si la patronal y los sindicatos mayoritarios están de acuerdo, es que (la reforma laboral) no es buena para la clase trabajadora”.
Un tono diferente tienen los discursos oficiales. La nota de prensa remitida por La Moncloa a los medios informativos, el 23 de diciembre, subraya que el Gobierno y los “agentes sociales” (las patronales CEOE, CEPYME y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT) alcanzaron un acuerdo “histórico” en la “gran reforma estructural” del mercado de trabajo. Además, “el pacto alcanzado permitirá restablecer el equilibrio en las relaciones laborales y una recuperación económica más justa e inclusiva”. Cinco días después el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley sobre la reforma laboral.
En la concentración de los sindicatos en Valencia se han expresado otras reivindicaciones; por ejemplo la exigencia del incremento de las pensiones en función del IPC real, tal como plantea la Coordinadora Valenciana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones; frente a “una nueva pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas”, la Coordinadora ha convocado una concentración el 12 de febrero en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Los argumentos del colectivo se exponen en una hoja, repartida durante la concentración; tiene este papel entre manos Paco Guerra, de 62 años, prejubilado desde hace cinco; Empezó a trabajar con 14 años, de artesano. “Me quedan 865 euros al mes de pensión debido a las penalizaciones y coeficientes por la jubilación anticipada”; “Es una monstruosidad que, después de 45 años cotizados a la Seguridad Social, se haga tabla rasa con este tipo de prestaciones”, concluye este pensionista.
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