Se está debatiendo durante estos últimos días de un año para olvidar, en plena pandemia sanitaria e inmersos ya en una situación económica muy complicada, sobre la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
Cada año el Gobierno, tras consultar a los agentes económicos y sociales fija la cantidad del SMI, y únicamente en dos ocasiones (2012 y 2014), con Mariano Rajoy, se ha congelado el mismo. Estamos asistiendo, en este contexto, a una dura ofensiva neoliberal liderada por la derecha política, la patronal, los economistas capitalistas “ortodoxos” e incluso por destacados miembros del PSOE en el Gobierno, que pretende la tercera congelación del SMI desde la transición.
El principal argumento para la congelación del Salario Mínimo establece una relación directa y causal entre su aumento y la pérdida de empleo. Se trata, sin embargo, de un clásico mantra neoliberal que no tiene ningún soporte científico ni factual. Basta recordar que, tanto en 2017 como en 2019, se han producido las subidas más importantes del SMI en nuestro país, y en ambos años el desempleo se redujo o que los Salarios Mínimos más altos en Europa están en los países con menor tasa de paro.
Ningún experto se pone de acuerdo sobre el número concreto de trabajadores y/o empresas a quienes afectaría directamente el aumento del SMI. Lo que está claro, y admitido generalmente, es que se trata de un porcentaje escaso (entre el 3% y el 5% de los trabajadores). Debemos tener en cuenta que la inmensa mayoría de los salarios están definidos por los convenios colectivos y no por el SMI. Por otro lado, resulta difícil de creer que las contadas empresas que retribuyan salarios en función del SMI no puedan mantener a todos sus trabajadores por un aumento del 5% del coste salarial, tal y como se está planteando por los sindicatos como subida del Salario Mínimo.
No hay, por tanto, en ningún caso relación directa entre el aumento del SMI y pérdida de empleo. Más aún, no hay relación directa entre el aumento salarial en general y la evolución del empleo, que depende en una mayor medida de otros factores, y sólo en un pequeño porcentaje del coste salarial. Más aún, desde un punto de vista estratégico a medio o largo plazo, el aumento salarial de los trabajadores ayuda a generar un aumento del empleo, a través de la dinamización de la demanda interna como motor de un crecimiento económico bastante más estable que el crecimiento irregular, que no ve más allá del siguiente balance, basado en competir con bajos costes inmediatos.
Lo que realmente está en juego en el debate del SMI no es el empleo, sino el reparto de la participación de las rentas del trabajo y las del capital en la riqueza global. La parte del PIB que corresponde a los salarios de los trabajadores viene descendiendo sistemáticamente desde la década de los 80, gracias al neoliberalismo radical practicado por los distintos gobiernos (privatizaciones, recortes, precariedad, debilitamiento de los servicios públicos, etc.). Y, la principal forma de equilibrar este desajuste es aumentando los salarios. Si no logramos invertir esta deriva aumentando los salarios de la mayoría de la sociedad por encima de la productividad, seguiremos ahondando en un reparto cada vez más desigual de la riqueza, concentrando el poder económico cada vez en menos manos, minando la capacidad recaudatoria de los sectores públicos, cada vez más vinculada a los salarios y el consumo, y reduciendo su capacidad para responder a situaciones tan agónicas como la que están soportando ahora mismo, entre otros, trabajadores en ERTE, gente que ha perdido definitivamente su empleo, autónomos de la hostelería, pequeños comerciantes o artistas del mundo de la cultura.
Desde el punto de vista del beneficio de las grandes empresas nunca es buen momento para el aumento del SMI, ni en tiempos de crecimiento económico, ni en periodos de recesión, porque ello supone inclinar la balanza, aunque sea mínimamente, a favor de las rentas del trabajo a costa de las rentas del capital.
La actualización del SMI para el año 2021 en torno a un 5% resulta únicamente un tímido paso, que debería ir acompañado de otras medidas que sitúen la centralidad del trabajo como el principal sostén económico de la mayoría de la ciudadanía.
No se entiende, por tanto, que desde el propio Gobierno supuestamente progresista existan importantes resistencias a dar este paso, teniendo en cuenta que existe el compromiso programático de finalizar la legislatura con un SMI equiparado a lo que propone el Comité Europeo de Derechos Sociales, es decir, 1.200 euros mensuales que equivaldría al 60% del salario medio. ¿Acaso la parte más neoliberal del Gobierno está pensando en incrementar “de golpe” en el último año de legislatura un 25% el SMI? O es que, sencillamente, ¿No piensan cumplir con este justo compromiso social?
Carlos Ollero Vallés. Responsable Economía IU LA RIOJA