El Gobierno actual ya ha logrado expulsar de la Universidad pública a 45.000 estudiantes con la subida de un 66% de media en las tasas, la reducción de la cuantía de las becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas. El Gobierno actual ya ha recortado a los campus universitarios 1.523 millones en los […]
El Gobierno actual ya ha logrado expulsar de la Universidad pública a 45.000 estudiantes con la subida de un 66% de media en las tasas, la reducción de la cuantía de las becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas.
El Gobierno actual ya ha recortado a los campus universitarios 1.523 millones en los últimos 4 años y la sangría que desde 2010 sufren las universidades públicas en sus presupuestos ha hecho retroceder su nivel de gasto casi una década.
El Gobierno actual ha recortado el gasto medio por alumno un 16,48 % (25,2 % aplicada la inflación), consiguiendo que así que cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias, según el estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU).
Ahora, el Gobierno actual, mediante el decreto 3+2, quiere acelerar la expulsión de más alumnado de las universidades públicas y el creciente traspaso de estudiantes a las privadas, pues con los actuales precios de los masters, más allá de estudiar los tres primeros cursos, los costes de los dos siguientes (masters) serán inasumibles para la inmensa mayoría de las familias. En los estudios de grado únicamente poseen un 13% de los estudiantes, mientras que en los masters alcanzan un 27%, con el aumento del volumen de negocio de las Universidades Privadas. Además este decreto supondrá la eliminación de carreras, la devaluación del título de grado y el despido de profesorado universitario.
Pero la Secretaria de Estado Gomendio -que posee un patrimonio de 20 millones de euros- y el Ministro de Educación del Gobierno actual, Jose Ignacio Wert, insisten además en imponer «hipotecas en vez de becas». Quieren que los estudiantes repaguen los estudios de master endeudándose mediante préstamos, que tendrán que devolver a los bancos con intereses. Tener una deuda después de haber finalizado los estudios, con un mercado laboral donde el desempleo juvenil es del 50% y 25% el general, es condenar a los universitarios a estar hipotecados antes incluso de empezar a trabajar y generar una burbuja universitaria que conlleva más precariedad y explotación laboral para conseguir devolverla con intereses a los bancos. Parece ser que su modelo se concreta en masters de 18.000 € como el presentado por Aznar, significativamente un master privado adscrito a una Universidad pública, la Rey Juan Carlos.
De esta forma el Gobierno actual está imponiendo un proceso de privatización del sistema universitario, presionando además a los gobiernos autonómicos para que supriman titulaciones públicas y fusionen otras. Sin embargo son las universidades privadas las que están creciendo y duplicando títulos y carreras innecesariamente: la última universidad pública se levantó hace tres lustros mientras el número de privadas se ha multiplicado por dos hasta llegar a las 33 actuales, controladas mayoritariamente por la jerarquía católica y fondos de inversión.
Sin embargo los países de la UE están optando por una política radicalmente distinta: financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. En los países nórdicos los estudios universitarios son gratuitos; en Austria, Alemania o Escocia la matrícula es gratuita; en Francia la matrícula requiere tan sólo el pago de una tasa fija (183 € por año). Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
En definitiva estamos ante un paquete de decretos y propuestas, que se convierten en una auténtica «reforma» del sistema universitario, que implican la modificación no sólo de la ordenación de las enseñanzas universitarias, y de los requisitos para la creación de centros universitarios facilitando abrir nuevas universidades privadas sin las condiciones mínimas, sino un proceso de privatización y mercantilización universitaria.
Nuestra Universidad Pública está siendo acusada por las corrientes neoliberales, representadas por el actual Gobierno, de ser ineficaz, cara y mediocre, cuando, muy al contrario, los estudios internacionales muestran que nuestra educación superior y productividad científica son equiparables a los de los países de la OCDE, a pesar de que la inversión en nuestro país supone unos recursos anuales un 20% inferiores. Y todo ello se consigue en las universidades públicas, que acogen el 90% del estudiantado y son responsables del 97% de la producción científica total del sistema.
Aun así, es evidente que la universidad debe seguir mejorando y evolucionar para atender las nuevas demandas sociales que van apareciendo. La sociedad espera que la universidad sea no sólo una institución académica de calidad, sino también un agente dinamizador para un nuevo modelo social ético, justo, solidario y al servicio de la emancipación, la dignidad humana y la construcción de un mundo más justo y mejor para toda la sociedad.
Estos objetivos sólo pueden alcanzarse manteniendo y potenciando un modelo social de universidad, basado en dos principios fundamentales: por una parte, el compromiso social y la responsabilidad científica y ética y por otra, la autonomía universitaria y la independencia académica.
Lamentablemente, frente a este modelo social de universidad, nos encontramos con las propuestas neoliberales y de marcado tinte antidemocrático que en los últimos años propugnan reducir la educación superior a una simple mercancía y la universidad a una industria del conocimiento, donde solo tendría cabida la docencia que encajara con las exigencias de capital humano provenientes del sector privado y la investigación susceptible de ser comercializada de forma inmediata de cara a generar beneficios para la industria privada.
Sobran, por tanto, razones para apoyar la huelga de la comunidad universitaria el 24 de marzo, en contra este proceso de «liberalización» y privatización de la universidad pública que está empeñado en dejar como legado el Gobierno actual, recuperando la movilización y pidiendo que se vote en consecuencia en este decisivo año electoral 2015 para cambiar el futuro y construir un #NuevoPaís.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
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