Como todos los años cuando aparecen las cifras del INE sobre la natalidad en España se produce una gran algarabía de consideraciones sobre la necesidad de solucionar el problema, que luego desaparecen hasta el próximo año, cuando al conocer las nuevas cifras se retoman las jeremiadas. Es más que probable que esta vez vuelva a suceder lo mismo.
Lo primero que deberíamos de considerar es si se trata realmente de un problema grave, con una población mundial de 8.000 millones de personas que crece a un ritmo estimado de 100.000 personas al día, y si ante la emergencia climática que se nos viene encima, no seria más razonable una contención global del crecimiento de población, y una mejor redistribución de la misma para hacer más sostenible el planeta.
Ahora bien, si nos centramos en la situación española habría que tener en cuenta varias cuestiones:
La bajada de la natalidad en España es una situación que se arrastra desde los años 70 del siglo pasado y que tuvo una recuperación en 2008 debido a la elevada tasa de natalidad de la población inmigrante y la mejor situación económica. En los últimos años se ha acentuado, pasando de 9,17 nacimientos por 1.000 habitantes en 2014 a 7,10 en 2021, con unas cifras variables este último año, entre CCAA, desde 9,09 de Murcia hasta 4,74 de Asturias (Ceuta y Melilla están en la banda alta, siendo la natalidad en esta última de 11,13/1.000). Es evidente que esta menor natalidad se debe en gran parte a la pandemia por COVID-19, ya que debido a esta se han acusado los problemas existentes y han surgido otros nuevos.
Un fenómeno ya conocido es la mayor capacidad de las mujeres para decidir sobre su maternidad gracias a la utilización generalizada de métodos anticonceptivos. Se trata de un hecho positivo que permite una mayor autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y sus decisiones responsables; y que previsiblemente no va a cambiar.
También, la situación socioeconómica dificulta el acceso a la maternidad por problemas básicamente laborales (paro, inestabilidad en el trabajo, malas condiciones laborales, bajos salarios, etc.). Además, este problema se ha visto acusado en los últimos meses, puesto que ya no sólo nos ha afectado las consecuencias económicas por la pandemia, sino que se ha unido además la problemática de la guerra ruso-ucraniana. Esta ha provocado una mayor inflación, que como bien sabemos ha repercutido en los precios de productos básicos, así como en el gas, la luz, el combustible, etc.
Además, a raíz de la pandemia los ciclos de la inmigración han disminuido considerablemente, unido, también al punto anterior, pues los problemas socioeconómicos también influye en la inmigración ya que es en momentos de expansión económica cuando llegan inmigrantes que aumentan la natalidad, mientras que cuando el ciclo es depresivo una parte de esos inmigrantes vuelven a sus países y se produce emigración de los autóctonos, obviamente la población mas joven y en edad fértil.
El escaso apoyo de las políticas públicas a la natalidad: pocas ayudas económicas, escasez de guarderías públicas, inexistencia de rebajas fiscales (IRPF) para los progenitores y a los artículos relacionados con la crianza mediante reducción o exención del IVA (pañales, alimentos, etc.) o gratuidad de los medicamentos infantiles.
Falta de cobertura sanitaria en muchos casos para la infancia y que es especialmente sangrante en el área rural o en los pequeños centros urbanos que se refleja en casos flagrantes como el del Hospital de Verín (donde se pretendió cerrar los paritorios y las urgencias pediátricas) y la ausencia casi generalizada de atención pediátrica en el área rural.
Todo ello explica la situación pero no la justifica. Necesitamos otras políticas públicas que favorezcan la natalidad de quienes deseen asumirla, pero también hay que ser conscientes de que otra política migratoria es necesaria, porque en España habrá pocos niños pero hay centenares de miles de ellos que quieren vivir en nuestro país y no les dejamos entrar, y cuando llegan les maltratamos y criminalizamos. Tenemos que hacernos planteamientos de país más abiertos, solidarios y sostenibles si queremos garantizar el futuro.
Carlos Sánchez Fernández y Madalina Crisbasianu, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.