La nueva contrarreforma de las pensiones públicas, cuyo proyecto de ley pretenden llevar al Congreso antes del verano, quieren comenzar a aplicarla ya en enero de 2014. Las nuevas medidas se suman a la reforma de hace menos de dos años (que aumentaba la edad de retiro a los 67 y reducía las pensiones por medio […]
La nueva contrarreforma de las pensiones públicas, cuyo proyecto de ley pretenden llevar al Congreso antes del verano, quieren comenzar a aplicarla ya en enero de 2014.
Las nuevas medidas se suman a la reforma de hace menos de dos años (que aumentaba la edad de retiro a los 67 y reducía las pensiones por medio de la ampliación de los períodos de cotización y de la base de cálculo) y buscan reducir todavía más las pensiones futuras y, más aún, disminuir las actuales. Así:
-Las futuras pensiones se reducirán en función de la esperanza de vida. La pérdida estimada por este cambio es de un 5% cada 10 años.
-Las pensiones actuales y futuras ya no se ajustarán al IPC, de manera que cada aumento del coste de la vida significará un deterioro de nuestras pensiones. Pero no se quedan aquí sino que podrán directamente recortarlas, en función de los ingresos que haya por cotizaciones, justo ahora que estamos en 6,3 millones de parados, los salarios son cada vez más reducidos y las bonificaciones a las empresas mayores.
Esta nueva reforma afecta a los pensionistas actuales, a los que esperan su jubilación y a las futuras generaciones y es especialmente hiriente cuando, según datos oficiales, el 27% de las familias actualmente está aguantando con las pensiones de los abuelos.
Es por esto que este ataque no podemos dejarlo pasar. Lamentablemente, una vez más CCOO-UGT, con el beneplácito del PSOE y el silencio de IU, en vez de comenzar a preparar una huelga general hasta echar atrás esta reforma, han llamado al gobierno a «negociarla», a lo que éste dice estar dispuesto… mientras no se toque nada sustancial.
Una campaña a favor de preparar una huelga general que derrote la nueva contrarreforma
El Sindicalismo Alternativo, los Movimientos Sociales, la juventud, todos los que estamos contra este nuevo atropello, necesitamos poner en marcha una campaña unificada para la preparación de una Huelga General que derrote la nueva reforma. Una campaña para que los trabajadores y los sectores populares, desde abajo, exijan e impongan a CCOO-UGT la convocatoria de una Huelga General con la contundencia y duración necesarias para echar atrás la nueva contrarreforma y exigir la restitución de los derechos que nos han robado en estos años y el establecimiento de una pensión mínima de 1000 euros, cantidad mínima exigible para el Salario Mínimo Interprofesional.
¿Que son los Fondos privados de pensiones?
Los fondos privados de pensiones no son otra cosa que acaparar el dinero de montones de ahorradores para convertirlo en capital especulativo, con el que se lucran a nuestra costa bancos y aseguradoras. En el año 1991 se estimaba que en el Estado Español habían 302 fondos de pensiones, con un patrimonio de 4.900 millones. A finales de 2009, el número de fondos se elevaba ya a 3.308 y su patrimonio sumaba 84.800 millones. Se calcula que hay cerca de ocho millones de personas, el 45% de la población ocupada, que tienen contratado un plan privado de pensiones. Hay que tener en cuenta que la Administración ha convertido parte de los sueldos públicos en aportaciones a fondos privados de pensiones. Los fondos son hoy un suculento botín para inversionistas españoles e internacionales porque, a pesar de su crecimiento, están todavía muy por detrás de otros países.
Un curso privatizador que viene desde el Pacto de Toledo
El Pacto de Toledo, firmado en la época de Felipe Gonzalez y suscrito por todos los grupos parlamentarios (incluido IU), con el apoyo de CCOO-UGT, fue aprobado en el Parlamento en 1995. Formalmente, era un compromiso para «reforzar, consolidar y dar viabilidad futura» al sistema de pensiones.
En el Pacto se establecían tres «modalidades de protección»: una eran las pensiones contributivas, vinculadas a la cotización («el núcleo esencial del sistema»). La segunda eran las «pensiones no contributivas», que iban «dirigidas a compensar la ausencia de rentas en los ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad». La tercera eran «las prestaciones complementarias de naturaleza libre y gestión privada», que debían servir para «completar las prestaciones del sistema público», o sea, los «fondos privados de pensiones».
El Pacto de Toledo dio legitimidad a este modelo «mixto» que el capital financiero buscaba implantar desde hacía dos décadas: pensiones públicas escasas y «planes privados complementarios», junto a una ayuda de beneficiencia para los más pobres, que limara tensiones sociales. Al mismo tiempo, desvincularon el sistema de pensiones de los impuestos y lo vincularon directamente a las cotizaciones.
El Pacto sólo fue el principio. Después de tres Gobiernos del PSOE, la base de cálculo de las pensiones pasó de 2 a 25 años, los años de cotización de 35 a 38,5 y la jubilación a los 67. Ahora Rajoy, a las órdenes de la troika, quiere culminar la faena, convirtiendo las pensiones publicas en pensiones de supervivencia y haciendo de las pensiones privadas el negocio del siglo para bancos y aseguradoras.
CCOO-UGT son cómplices y beneficiarios de la privatización de las pensiones
Algunos compañeros pueden pensar que estamos exagerando cuando decimos esto, pero no es así. Tras la firma del Pacto de Toledo, CCOO y UGT se convirtieron en parte del negocio de los fondos privados de pensiones. Desde las grandes empresas alentaron, vía negociación colectiva, los «planes de pensiones», cuya gestión «externalizaron» entregándola a empresas privadas en las que eran accionistas ellos y los grandes bancos.
Un buen ejemplo es la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL, entre cuyos accionistas están dirigentes de UGT y CCOO como Toni Ferrer o Toxo. En el caso de la empresa Gestión de Previsión y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones SA (GPP), las acciones están repartidas entre el BBVA con un 60% y CCOO y UGT con un 20% cada uno. En FONDITEL, la empresa formada por Telefónica que posee el 70% de las acciones, CCOO-UGT se reparten a medias el otro 30%. Desde estas empresas «mixtas», CCOO-UGT gestionan buena parte de los fondos de pensiones más importantes, como el de los empleados públicos, trabajadores de Telefónica, La Caixa, BBVA, Repsol, Endesa, Iberdrola, Enagas, RTVE o AENA. Solo GPP gestionaba 46 fondos de pensiones de grandes empresas en 2007.
Así se explica por qué han legitimado con su presencia la «comisión de sabios» nombrada por Rajoy con el objetivo explícito de redactar el informe «técnico» con que justificar la nueva reforma, llegando al escándalo de que el representante de CCOO votara a favor. Es por eso que CCOO-UGT no tienen interés en defender el sistema público de pensiones.
Para más información ver artículo de fondo en: Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.