El artículo que publiqué en estas mismas páginas con el título de La deriva nazi del Partido Popular (http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/deriva-nazi-del-partido-popular-2336761) me ha valido toda clase de insultos, sin más justificación que la de censurar el empleo del adjetivo nazi. Tenía otros dos títulos como alternativa: La deriva autoritaria del PP y La Gleichschaltung del P P; […]
El artículo que publiqué en estas mismas páginas con el título de La deriva nazi del Partido Popular (http://www.elperiodico.com/
La verdad es que me arrepiento de haber adoptado finalmente la primera opción, no por ahorrarme los insultos, sino porque ha dado lugar a que se reduzca lo que quise decir a un ataque al Partido Popular, cuando lo que me importaba era llamar la atención acerca de una deriva realmente grave de nuestra política, a la que el Partido Socialista no es enteramente ajeno (no he visto que se haya pronunciado abiertamente por la derogación de la reforma laboral, que es una de les piezas esenciales de este desarme democrático).
La indefensión de los trabajadores ante el despido o la reducción del salario, y la asfixia del estado autonómico, entre otras medidas semejantes, van a completarse, al parecer, con una «racionalización de la administración» encaminada a vaciarla de contenido político y reducirla a funciones administrativas (a la mera prestación de unos servicios previamente fijados por el Gobierno central), a lo que se añade la supresión de salario a la mayor parte de los concejales, que reservará lógicamente la actividad municipal a quienes se la pueden pagar (o la pueden utilizar para beneficiarse de otros modos).
Mi trabajo como historiador me ha enseñado que en la base de toda democracia ha habido siempre la capacidad de los ciudadanos para intervenir desde los niveles más elementales, más próximos a sus vidas, en la organización de la sociedad, y que no hay estados democráticos sin una vigorosa participación de los hombres y las mujeres del pueblo común. Cortarles este acceso a la política, limitándolo al derecho a votar cada cuatro años las listas cerradas de dos partidos dominantes, solo puede conducir a la consolidación de una política autoritaria y a que la expresión del desacuerdo colectivo se traslade a la calle, como está ocurriendo hoy.
La España liberal no dudó en situar el Congreso, el lugar de reunión de los diputados, en el corazón de Madrid, sabiendo que estaba protegido por el respeto que los ciudadanos sentían por sus representantes. Nunca en la historia de España se había visto que hubiese de funcionar en una zona protegida, defendido por las fuerzas de la policía de las iras de unas masas populares que cada día aumentan en número, agresividad y conciencia. Hace mal la señora Cospedal en pensar que son los partidos de la oposición quienes alientan esta escalada de la protesta, porque ni tienen la capacidad de convocatoria necesaria para conseguirlo, ni están ellos mismos al margen de este desapego del ciudadano por quienes afirman representarle.
La multiplicación de las protestas procede, simplemente, de la multiplicación de los agravios: los desahucios que no cesan, el paro en aumento, el retroceso de las prestaciones sanitarias, el abandono de la educación pública, la falta de recursos para la formación de investigadores¿ El conjunto de estas y otras muchas protestas está tomando cada día más el carácter de un contraprograma de política que oponer al del Gobierno.
Y van a seguir. El señor Luis de Guindos, que parece ser una de las voces más sensatas del Gobierno, asegura que nos hemos salvado del contagio de Chipre. Me parece, por el contrario, que fue España quien inició el camino, con el desmantelamiento programado (desde fuera) de su sistema financiero. La diferencia está en que en Chipre van a pagar la factura las mayores fortunas, mientras que aquí pagaron una parte nada despreciable de ella los modestos titulares de participaciones y acciones, engañados para que entregasen unos ahorros de los que van a ser despojados. Espérese a ver su reacción cuando acaben de hacer las cuentas y se enteren de lo que les queda efectivamente, en dinero contante y sonante. Espérese a ver, por ejemplo, la reacción de los ciudadanos de Mataró, donde parece que el problema afecta a un 12% de la población, cuando sepan lo que valen de verdad las acciones de Bankia en que se han transformado sus ahorros.
A quienes se han dedicado a insultarme por advertir los riesgos del actual desguace de la democracia en España no tengo más que decirles que bastará que esperemos unos meses para ver cómo evolucionan las cosas: la calle nos dará la razón a unos o a otros.
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