Permítanme esta simple reflexión, que no simplista, espero: si la patronal, los partidos de la derecha y la vicepresidenta de economía, están satisfechos y se oponen a la reforma laboral del Partido Popular de 2012, es que no es buena, nada buena, para la clase trabajadora. Requiere una reforma total, tiene que ser derogada, como así firmaron el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo para la formación de un Gobierno de coalición progresista. Otra cosa es, si es oportuno reformar en estos momentos, en plena crisis sanitaria, social y económica; yo creo que no.
PSOE y Unidas Podemos acordaron la derogación de la reforma laboral del PP, para recuperar derechos y garantizar un trabajo digno, estable y de calidad, en el documento Coalición progresista, Un nuevo acuerdo para España. Entre otras muchas medidas acordaron derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. El PSOE y Unidas Podemos acordaron derogar la reforma laboral del PP y recuperar los derechos laborales arrebatados por aquel Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero. Además, entre otras materias, acordaron subir el salario mínimo hasta alcanzar el 60% del salario medio en España y aumentar los impuestos a las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos a las que superen los 300.000; recuperar el papel de los convenios colectivos y actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante una ley y de forma permanente.
Todo viene a cuento, por el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu, para conseguir la abstención del partido vasco, en la votación de la quinta prorroga del Estado de alarma, ante el riesgo de perder la votación en el Congreso. El documento firmado apuntaba «acelerar la derogación «íntegra», de la reforma laboral del PP, pese a que el Gobierno de coalición había acordado hacerla por fases. Los negociadores pidieron discreción a Bildu para no poner en riesgo los síes de Ciudadanos y no enfadar al PNV, que se juega precisamente con el grupo de Arnaldo Otegi la hegemonía nacionalista en Euskadi, en las elecciones del próximo 12 de julio.
La polémica quedaba abierta, cuando por la noche, el PSOE, que no Moncloa, rectificaba el pacto: «Respecto al acuerdo firmado a lo largo del día de hoy entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, se anula el punto primero». La nueva redacción de dicho punto copiaba el texto del acuerdo del Gobierno de coalición, e incluía «derogar con carácter urgente la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad», algo que ya está derogado hace meses. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, representante de la derecha liberal en el Gobierno, que había impuesto su criterio con la retirada de la dichosa palabra «integra» en el comunicado del PSOE, ve «absurdo y contraproducente abrir el debate» de la derogación de la reforma laboral en plena crisis del coronavirus. Lo cierto es que la situación da oxígeno al PP y a la CEOE, muestra que se ha gestionado mal y afectará directamente a la crisis que padecemos.
La Unión General de Trabajadores, en Febrero de 2019, urgía al Gobierno a derogar la reforma laboral de 2012 y crear empleo de calidad y con derechos, y valoraba negativamente los resultados de la reforma, porque: ha aumentado la temporalidad en el empleo un 1,7% desde 2011; ha aumentado la rotación de los contratos. Uno de cada cuatro contratos es de muy contra duración (un 6,5% más que en 2011); ha incrementado la parcialidad. Uno de cada a tres empleos creados desde 2011 ha sido a tiempo parcial y la mayoría es involuntario por no encontrar un trabajo a tiempo completo. Cinco puntos menos de poder de compra que en 2011; ha decaído los ingresos del Estado, ha deteriorado el Estado de Bienestar; y ha empeorado la salud y seguridad de los trabajadores y la calidad del empleo.
Por su parte Comisiones Obreras, en febrero de 2020 hace un llamamiento para derogar en el menor tiempo posible la reforma laboral. «Todos los contratos que se crean son temporales y de muy corta duración». Anualmente, el 38% de los contratos que se realizan tienen una duración inferior a un mes; además gracias a la reforma laboral, los empresarios disponen de facilidades para el despido y urgía al nuevo Gobierno a que derogue la reforma laboral, avance en reformas fundamentales que abaraten el coste de la vivienda y la energía y energía y apruebe unos presupuestos progresistas que permitan recuperar derechos y responder a los retos económicos, sociales y medioambientales de nuestro país.
La reforma del PP tiene sus orígenes a finales de 2011, cuando el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, solicitó a patronal y sindicatos que le presentaran una propuesta conjunta para la reforma del mercado laboral, ante la situación de crisis económica y a pocos meses de pedir el rescate del sector financiero. Los agentes sociales lograron un acuerdo para la moderación salarial, pero no avanzaron en temas como la contratación o el despido, lo que llevó al Gobierno a presentar una reforma unilateral, aprobada por decreto ley (se tramitó como proyecto de ley y se aprobó con los apoyos de CiU, UPN y Foro). La reforma facilitaba la modalidad más barata de despido, abarataba el despido improcedente y establecía un contrato indefinido para pymes sin indemnización por despido el primer año. La reforma de Luis de Guindos, calificada en Europa como «extremadamente agresiva», le costó una huelga general al Gobierno del PP.
Con la reforma del PP, desaparecía la exigencia de autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo; la indemnización por despido improcedente se redujo para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades (antes de la reforma eran 42). En el caso del despido objetivo −que permite a las empresas despedir por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado−, se entiende que concurren causas económicas cuando haya pérdidas o disminuyan las ventas durante nueve meses. Se considera causa de despido las ausencias de un trabajador aún justificadas pero intermitentes que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. (Derogado el pasado 18 de febrero por decreto ley).
Con la reforma del PP, los convenios de empresa tienen prioridad sobre los de ámbito superior; el empresario puede incumplir lo pactado en un convenio colectivo (descuelgue) en materia de horario, distribución del tiempo de trabajo, turnos, salarios o funciones, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se limita a un año la prórroga de los convenios cuya vigencia haya expirado (ultra actividad). Se crea un contrato para pymes con menos de 50 trabajadores, con un periodo de prueba de un año en el que no hay indemnización por despido, que desaparecerá cuando la tasa de paro baje del 15%. Las ETT podrán actuar como agencias privadas de colocación.
En septiembre de 2010, el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero había aprobado la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, lo que suponía la decimosexta reforma laboral de la democracia y una de las más regresivas, solo superada por la que en 2012 llevaría a cabo Mariano Rajoy.
El vicepresidente Pablo Iglesias dice que la derogación de la reforma laboral debe ser total como se firmó con Bildu después de que el PSOE limitase su alcance. Por su parte CEOE rechaza el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral, al entender que es un desprecio indignante al diálogo social.
El secretario general de UGT ha pedido a las patronales «mucha mesura» y que no rompan el diálogo social. «En otros momentos han pasado otras cosas y nosotros podríamos habernos aprovechado para levantarnos de la mesa y no lo hemos hecho. Comisiones Obreras en un comunicado valora el acuerdo PSOE-Unidas Podemos-Bildu y señala que el acuerdo PSOE-EH Bildu, reproduce el acuerdo de investidura, que recogía el compromiso de derogar la reforma laboral, sin entrar en el debate sobre si la derogación ha de ser parcial o íntegra.
El Gobierno reconoce su soledad en el Congreso y defiende el pacto con EH Bildu porque le permitió sacar la prorroga del Estado de alarma y así seguir frenando contagios; y tomará todas las decisiones en el marco del diálogo social. La ministra portavoz. Lejos de reconocer el caos desatado por el pacto con Bildu sobre la derogación de la reforma laboral, con sus posteriores rectificaciones y confusión, el Gobierno se ha atrincherado en sus posiciones. María Jesús Montero, dice que «la acción del Gobierno sobre la reforma laboral se llama Estatuto de los Trabajadores» y admite que hay «distintas sensibilidades» en el Gobierno sobre cómo afrontar este tema, pero que irán «todos a una» para derogar la reforma.
PSOE y Unidas Podemos cierran filas ante las presiones externas tras el pacto con Bildu, mientras que algunos miembros del Gobierno admiten errores en la gestación del acuerdo con la izquierda abertzale. Esperemos que no cierren en falso la crisis, que parece desmesurada y que la derecha busca para presionar a la coalición.
El pacto de socialistas con la formación vasca ha generado diferencias entre los dos partidos en el Gobierno, en cuanto que si la derogación debe ser «íntegra» o no. Las centrales sindicales han reiterado su demanda de eliminar la reforma laboral del PP, como reclaman desde hace años, pero ambas reiteran que el Gobierno lleve esta cuestión a la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos.
Con todo y con esto, la reforma laboral del PP, fue un ataque directo a trabajadoras y trabajadores. «Quieren acabar con todo, con los derechos laborales y sociales», fue el lema de la huelga general de aquel 29 de marzo; razón más que suficiente, como para que un Gobierno de coalición progresista, acometa a la mayor brevedad de tiempo posible la derogación de este instrumento, que ha venido a atacar los derechos de la clase trabajadora y dinamitar las bases del Estado de bienestar.
@caval00