«Análisis concreto de la realidad concreta.» Cita muy importante en la actual situación por varios motivos: La crisis sistémica del capitalismo, el estar en año electoral, y el estar inmersos en un ciclo de reformas neoliberales (Reformas laboral, pensiones, negociación colectiva, ofensiva privatizadora en la educación, sanidad y servicios públicos) que puedan dar lugar a […]
«Análisis concreto de la realidad concreta.» Cita muy importante en la actual situación por varios motivos: La crisis sistémica del capitalismo, el estar en año electoral, y el estar inmersos en un ciclo de reformas neoliberales (Reformas laboral, pensiones, negociación colectiva, ofensiva privatizadora en la educación, sanidad y servicios públicos) que puedan dar lugar a un nuevo ciclo de acumulación de capital en un mundo cada vez más multipolar.
Para ello el análisis de clase desde una óptica materialista es la mejor opción para hacer política y no politiquería, porque además ya saben ustedes que como decía el maestro Manuel Sacristán «política sin ética es politiquería, y ética sin política es narcisismo». Y estando en año electoral nada mejor que datos concretos para combatir las mentiras que lanzan el PP y el PSOE por ejemplo cuando presentan a sus candidatos o cuando hablan de crear empleo y proteger a los trabajadores.
Yo en este caso simplemente voy a dar los datos fundamentales de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2011 comparándolos con elementos centrales de los Presupuestos Generales del Estado, y al final una breve conclusión, aunque la verdad es que no hace ninguna falta.
Los Presupuestos Generales del Estado impulsados por el PSOE en lo que se refiere concretamente a Castilla y León la reducción de gasto se centra en los apartados de Ciencia e Innovación e Industria, pero en general la característica fundamental es que dejan en mínimos la inversión real, dato que evidencia el hecho de que de los 1755 millones de inversión real, 1029 millones se gastan en las líneas del AVE (A la vez que a nivel estatal -y lógicamente también al nivel regional- se potencia la privatización del ferrocarril y se reduce la inversión y kilómetros de vía en el ferrocarril de cercanías, que es el verdadero ferrocarril social para la ciudadanía, además de vertebrador del territorio social/económicamente y de gran importancia para una política de transportes ecológica).
En lo que se refiere a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma aprobados por el PP hay que decir que para empezar se hace un cálculo sobre el presupuesto de gastos e ingresos que no se ajusta con la realidad, se infla el apartado de ingresos en alrededor de 400 millones de euros procedentes de Fondo de Cooperación (211 millones) que el Ministerio de Economía ya afirmó que no abonará, el computo como ingreso de un anticipo de impuesto del Gobierno central a la Comunidad por valor de 88,7 millones y que ésta debiera devolver por haber quedado la recaudación por debajo de los valores de dicha entrega, 97 millones de préstamos financieros que no computarían a efectos de deuda, etc. Por otra parte se ahonda en el proceso de favorecer fiscalmente al capital al crear siete nuevos beneficios fiscales y ampliar otros seis (Lo que sumado a otras treinta rebajas fiscales existentes suponen 400 millones de euros), y como paralelismo de las políticas que están desarrollando en el país el PSOE y el PP se recorta gravemente el gasto social: Las inversiones totales se reducen el 21,08% (si se excluye de éstas a las empresas públicas se reducen el 32,47%), en Educación la reducción es del 6% pero contando las inversiones en la materia llega al 34%, en Sanidad el presupuesto global se reduce contando las inversiones reales Gerencia Regional de Salud al 7%, el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales en apariencia aumenta el 7% pero si se cuenta el conjunto de inversiones cae un 55% y las correspondientes a discapacidad el 76%. En Protección y Promoción Social el Presupuesto en conjunto cae un 3,28% y las Inversiones disminuyen un 41,98%. En resumen, el conjunto de asignaciones presupuestarias disminuyen en cada una de las áreas de gastos, con preponderancia de los subprogramas de Urbanismo y Vivienda (-12,77%) y Fomento del Empleo (-7,35%). Por sectores económicos la disminución del gasto es del 21,63% en Comercio y Turismo, del 33,46% en Infraestructuras y del 17,51% en Industria y Energía, del 3,32% en Agricultura, Ganadería y Pesca y del 8,35% en Otras Actividades Económicas. Por supuesto de la recuperación del Impuesto de Patrimonio y Sucesiones ni se habla, ni de apostar por una política fiscal progresiva, ni de Banca pública o protección de las Cajas de Ahorro frente a su privatización, ni de desarrollo del tejido productivo desde la inversión pública, etc.
Ahora pasemos a datos fundamentales de los PGE para el 2011. Pero añadiendo antes un dato importante sobre la deuda pública, fundamentalmente para evitar el engaño de lo relativo a la deuda y los «mercados» (¿Quién son los mercados? Fundamentalmente los grandes bancos y las grandes empresas, las mismas en cuyo beneficio están legislando los poderes públicos a nivel nacional y autonómico.): Dicha deuda ha sido al final del 2010 el 62% del PIB mientras que la media de la zona euro es del 84%, siendo superior la de países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, etc.).
Dicho esto, los datos: Disminuciones en Educación el 8,1%, en I+D+I el 7%, en el Presupuesto de Medio Ambiente el 31,3%, en el Ministerio de Fomento el 34,6%, en el Presupuesto de la Agencia Tributaria el 5% (Mientras el fraude fiscal se sitúa en el 23%, lo que supondría ingresos para la arcas públicas por valor de alrededor de 90.000 millones de euros), la financiación a las Administraciones locales disminuye el 21%. No se introduce ninguna medida de fiscalidad verde, no se recuperan los impuestos a las grandes fortunas abolidas en el pasado reciente y por el contrario se aumentan los beneficios fiscales (Renta de no residentes: + 30%; Sociedades de inversión: +898,2%), no se aborda una reforma fiscal progresiva ni lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, ni la creación de una Banca pública (Por el contrario se crean los mecanismos legales para la privatización de las Cajas de Ahorro), ni la creación de tejido productivo desde la inversión pública y la diversificación de la economía. Finalmente esto está acompañado por que España tiene un PIB por habitante en el año 2007 que es el 93% del PIB por habitante promedio de la UE-15, sin embargo, su gasto público social por habitante (2007) es sólo un 74% del promedio del UE-15. Si fuera un 93%, en lugar de un 74%, habría alrededor de 70.000 millones de euros más en su gasto público social.
¿Qué significa todo esto? Pues que se continua con la política de aumentar el grado de traslado de las rentas del trabajo al capital, progreso en el proceso de privatización de los servicios públicos, se renuncia a la inversión pública para favorecer el desarrollo económico de la región y el conjunto del país, también a combatir la crisis y a la vez se recortan los apartados de gasto más necesarios para los sectores más vulnerables de sociedad y el conjunto de los trabajadores.
Sólo hay dos opciones y dos orillas: Callarse y en consecuencia ser cómplice de estas políticas o denunciarles públicamente y organizarse para combatir a ellas y a sus impulsores a todos los niveles.
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