1.- La Comisión Europea ha dado el visto bueno al borrador de los PGE de España para 2023. Los informes de Bruselas califican los Presupuestos españoles de “contractivos”, mientras que el Gobierno los califica de “progresistas”. Presupuestos que han sido decididos por el Gobierno de coalición y apoyados por las fuerzas políticas que lo sostienen en las Cortes Generales.
2.- En resumen, los presupuestos limitan el gasto público en beneficio de las inversiones destinadas a salvar empresas, con el recate de medio centenar de grandes y medianas, a las que se les prorroga seis meses más la ayuda a las afectadas por la pandemia, mientras se hunden sin apoyo alguno miles de pequeñas empresas, que son quienes aguantan la inmensa mayoría del empleo. La financiación pública se extiende a empresas en crisis (“empresas zombis”), que puede que no vuelvan a abrir sus puertas con el retroceso de las conquistas sociales de decenas de años de lucha.
Los impuestos que más crecen son el IRPF de las rentas del trabajo y el IVA que castiga el consumo de los trabajadores y sectores populares; mientras que el impuesto de sociedades disminuye en un 40,6%. Las grandes empresas, multinacionales españolas y del Ibex, no tributan casi nada en España, y fuera de nuestras fronteras no pagan más del 1% de sus inmensos beneficios.
3.- A pesar de la austeridad presupuestaria y social se privilegia el presupuesto militar por presión de la OTAN y por vinculación a los planes de guerra. Así, la deuda del Estado Español ha crecido hasta situarse en el 116 % del PIB, siendo España el país de la UE en donde el alza de la deuda es la más grande, siendo los presupuestos para el 2023 los más militaristas de la historia ya que los gastos de Defensa se incrementan en más del 25 %, siendo más del doble que los dedicados a la Sanidad que poco a poco se está desmantelando sin contemplaciones, con listas de espera de miles de enfermos. Las pensiones públicas siguen siendo en muchos casos son de miserias y en proyecto avanzado de privatizarse y reducirse más de lo que ya están.
4.- La situación entre la clase obrera según los datos de la Agencia Tributaria es tal que más de 7 millones de familias trabajadoras tienen ingresos entre los 500 y los 1000 euros, de los que más de 4 millones están por debajo del SMI. Además, tras la reforma laboral que recordemos fue apoyada por la gran patronal y la FAES de Aznar se han intensificado los despidos en periodos de prueba en más de 9 veces respecto a los que se daban antes de la reforma. Las empresas han encontrado en estos despidos en periodos de prueba la forma de burlar los contratos indefinidos viniendo a ser los nuevos contratos temporales que quería eliminar la reforma laboral del gobierno de coalición.En los 9 primeros meses de 2022, se firmaron 5,2 millones de contratos ‘indefinidos’, de los cuales 3 millones se rescindieron durante ese mismo periodo, aumentando los fijos discontinuos un 723%. Tal y como señala El economista.es se han creado más de tres millones de contratos indefinidos fantasmas.
5.- A todo lo anterior se suma que los salarios reales (contando con la inflación) han sufrido la mayor caída en los últimos 40 años, mientras que las empresas están superando los beneficios que tenían antes del COVID. Este estado de cosas, caracterizado por la precarización salarial y empleos basura ha llevado a que casi la mitad de los españoles vivan hoy en día en el umbral de la pobreza y que un 21% no llegue a fin de mes.
A la devaluación de salarios y pensiones, a la carestía de la vida y de los alquileres, ahora hay que sumar la subida de los tipos de interés que genera un grave problema para más de un millón de familias afectadas por préstamos hipotecarios sobre sus viviendas. La actualización de pensiones es una exigencia de los jubilados y pensionistas. Los sindicatos mayoritarios, que no dicen nada de las pensiones negocian unos convenios que devalúan los salarios. En 2022 los pensionistas han pedido el 6,6%. Hay que recordar que la inflación, a octubre de 2022, es del 7,3%, a la que hay que restar la subida de enero 2021 de 0,9% y sumar 2% en el porcentaje de inflación prevista para 2022.
Además, la misma patronal CEOE se opone al aumento de las bases máximas de cotización previstas en los PGE 23. En consecuencia, los salarios pierden aún más capacidad de compra que las pensiones y, conjuntamente, pensiones y salarios pierden en beneficio exclusivo de los capitalistas. Sin dejar de subrayar que, por encima del IPC, debe tenerse en cuenta que los alimentos y productos de primera necesidad han subido en torno al 20%.
6.- En estos días recorre las localidades de Extremadura un autobús informando sobre el IMV, todo es una farsa propagandística para vender los valores solidarios y la bondad de un gobierno que pone en marcha el IMV para que muchas personas salgan de la pobreza. El IMV no sólo es una ayuda social raquítica, además presenta dificultades burocráticas que impiden el acceso para muchas personas, y especialmente para los jóvenes. Hay que estar empadronados en viviendas de manera independiente durante dos años, algo casi imposible pues la mayoría viven con los padres, compartiendo pisos o en habitaciones de alquiler con contratos de trabajo según las normas legales, y haber estado cotizando durante 12 meses, cuando el trabajo al que suelen acceder en muchas ocasiones es en negro.
7.-Ni los trabajadores en activo ni los jubilados se sienten representados por esta política de desvalorización de sus rentas, mientras se multiplican los beneficios extraordinarios del capital. Ni las cúpulas sindicales, ni la representación política que ostentan diputados y senadores tienen en cuenta las demandas de los asalariados y jubilados, profundizando con ello la crisis de representación, tanto en lo sindical como en lo político.
Combatir la desigualdad y la pobreza se sitúa en el primer plano de la lucha de clases, con las grandes desigualdades territoriales y sociales, con el hacinamiento de la población trabajadora e inmigrante en las grandes ciudades y, en el reverso, la España vacía, vaciada por efecto de la aplicación sistemática de las políticas destructivas de la Política Agraria Común, que beneficia solo a los terratenientes y capitalistas.
La lucha decidida contra la desigualdad pasa por la movilización conjunta de trabajadores y jubilados, de todos los sectores por el aumento general de salarios y pensiones de acuerdo al IPC, por un salario y pensión mínima de 1.400€. Por todo lo público. Por un Gobierno y unas Cortes que rompan sus compromisos con las instituciones del franquismo. Por la República y el Socialismo.
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