Seguir deconstruyendo el patriarcado y otras formas de discriminación, como la racial o por motivos de discapacidad, fueron algunas de las recomendaciones formuladas durante el Diálogo de la Sociedad Civil Cubana sobre Derechos Humanos, realizado el 17 de marzo en La Habana.
Convocado por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (Acnu), la cita tuvo lugar en la Casa de las Américas y contó con la participación de integrantes de organizaciones, redes, movimientos y otros actores sociales.
Este intercambio forma parte de los preparativos de la presentación de la nación caribeña a un nuevo Examen periódico universal (EPU) en el Consejo de los Derechos Humanos, puntualizó Norma Goicochea, presidenta de la Acnu.
Confirmó, además, el compromiso de la sociedad civil cubana con la defensa, promoción y protección de todos los derechos humanos para todos, así como de su decisión de seguir acompañando al Estado en el diseño e implementación de las políticas públicas vinculadas a esta temática, sostuvo Goicochea.
Participantes en el diálogo intercambiaron experiencias desde la academia, el trabajo comunitario y otros ámbitos de acción, reconocieron el efecto negativo que tiene el bloqueo de Estados Unidos a Cuba en el ejercicio pleno de los derechos y también analizaron, con mirada crítica, obstáculos y deficiencias internas que igualmente influyen en ello.
Miradas múltiples
Geudis Asnell Vega Pérez, de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (Anci), identificó avances en el ejercicio del derecho al trabajo por parte de las personas con discapacidad y la no discriminación por esta situación; sin embargo, reconoció vacíos en las terminologías legales y falta de incentivos para su contratación, fundamentalmente en el sector no estatal.
«Para que este derecho humano sea efectivo, uno de los retos mayores es avanzar más en el análisis de las capacidades o potencialidades que tenemos y en crear mecanismos que permitan reorientar la vida laboral», señaló Vega Pérez al intervenir en la comisión sobre promoción y protección de derechos económicos, sociales y culturales.
En opinión de Yaneidy Pérez Cruz, del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los desafíos están en seguir ampliando redes de apoyo comunitarias para el acompañamiento a mujeres en situación de violencia, desmontar prejuicios y estereotipos que la sostienen y seguir avanzando en un marco jurídico más coherente, cuando ya se han implementado políticas y estrategias que marcan el trabajo para el adelanto de las mujeres y contra la violencia.
Pérez Cruz citó datos de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, de 2016, en la cual más de 26,7 por ciento de mujeres de 15 a 74 años declararon haber sido víctimas de violencia en las relaciones de pareja en los últimos 12 meses antes de la entrevista y 39,6 por ciento dijo haberla sufrido en algún momento de sus vidas.
«Es importante deconstruir la cultura y la ideología del patriarcado, que tanto daño nos hace a todas las mujeres, sin distinción», puntualizó Teresa de Jesús Fernández, coordinadora de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales.
Desatacó el valor de la Constitución, que reconoce a las personas LGBTI como sujetos de dignidad y para «que pensemos un país realmente inclusivo, sin discriminación por el color de la piel, ideología, procedencia y credos religiosos o políticos; y que se piense desde los derechos humanos, sexuales y reproductivos», subrayó.
«Debemos tener en cuenta muchas realidades al construir una sociedad basada en los derechos humanos», reiteró a SEMlac.
Igualmente, rescató el papel de la educación para crecer sin prejuicios y combatir el acoso social, escolar y familiar, e instó a romper el bloqueo informativo que invisibiliza los avances en materia de derechos, así como a ser más trasparentes desde las instituciones que tienen el deber de informar.
«No basta con mejorar las normas si quienes tenemos que interpretarlas y aplicarlas no lo hacemos desde la sensibilidad, la capacitación y desde la preparación», sostuvo María del Mar Otero, de la Sociedad de Derecho Civil y de Familia, al referirse a la Constitución de 2019 y al nuevo Código de las Familias.
Este es un reto para el sector jurídico y toda la sociedad civil cubana, dijo la jurista: hacer que los postulados del Código de las Familias tengan efecto positivo en las dinámicas familiares.
En varias intervenciones se habló también de la necesidad de reconocer el racismo como primer paso para combatirlo.
«Cuba no tiene que avergonzarse porque exista discriminación racial, una problemática planetaria en un país que, además, vivió la esclavitud», señaló la investigadora e intelectual cubana Gisela Arandia. Pero este es un problema en el que se está trabajando desde diversos espacios y que necesita consenso, puntualizó.
Si bien se han dado pasos importantes en el ámbito jurídico, aún es necesario dar a conocer los nuevos programas y políticas en los espacios de socialización, para que las personas puedan apropiarse de esas herramientas, sostuvo la investigadora y activista Rosa Campoalegre.
La coordinadora de la Cátedra Nelson Mandela insistió, además, en la formación de capacidades para el cambio y en la necesidad de avanzar desde las normativas en el enfoque del cuidado como derecho universal.
Limitaciones por bloqueo
Las restricciones económicas, comerciales y financieras que impone el bloqueo de Estados Unidos a Cuba también afectan el ejercicio de los derechos, señalaron participantes en el intercambio.
La falta de determinados implementos como programas y equipos de computación, así como de apoyo y ayudas técnicas, incluidos sillones de ruedas, bastones, prótesis auditivas y otros artículos, limita el desarrollo y complejiza la vida de las personas con discapacidad, dijo Geudis Asnell Vega Pérez, jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de a Anci.
«Al tener componentes estadounidenses se hace más difícil acceder a ellos y se encarece mucho su adquisición», puntualizó.
Para Yaneidy Pérez Cruz, dirigente de la FMC, «el bloqueo es el acto de violencia más fuerte que se ejerce sobre las cubanas, por las carencias que genera en la vida cotidiana».
Lisset Fernández, presidenta de la Asociación Cubana de Producción Animal (Acpa), considera que esa política de sanciones es el mayor impedimento para acceder al mercado y traer a Cuba recursos para la producción e industria animal.
«Es un mecanismo que afecta directamente el derecho a la alimentación», aseguró, sin dejar de reconocer que internamente se necesita también flexibilizar normas y destrabar el acceso a recursos.
En materia familiar, «endurece los retos que tenemos«, dijo la jurista María del Mar Otero, quien mencionó las dificultades para acceder a recursos necesarios en el desarrollo de técnicas de reproducción asistida; a material probatorio en procesos de filiación, como las pruebas de ADN; así como las limitaciones de comunicación en familias separas por la migración.
Nancy Mora Rodríguez, activista por más de 25 años y referente en Cuba de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH/sida, comentó a SEMlac que esa política agresiva contra la isla ha perjudicado también a las personas que viven con VIH/sida.
«Nuestra red de personas que viven con VIH/sida tiene un reconocimiento en el país, con acceso a la terapia antirretroviral de manera universal y gratuita», reconoció Mora.
«Sin embargo, debido al bloqueo, se nos hace muy difícil adquirir medicamentos de primera línea e incluso tenemos dificultades a veces para comprar los que importamos habitualmente para nuestro esquema, que hay que buscarlos entonces en un tercer país», precisó.