El paro se eleva a términos históricos, hay preocupación por el escaso crecimiento y el ministro de Economía, Pedro Solbes, asegura que el Estado apenas cuenta con margen de maniobra para aliviar a quienes padecen con más fuerza la desaceleración. De todo esto se ha hablado durante los primeros meses del año. Pero la misma […]
El paro se eleva a términos históricos, hay preocupación por el escaso crecimiento y el ministro de Economía, Pedro Solbes, asegura que el Estado apenas cuenta con margen de maniobra para aliviar a quienes padecen con más fuerza la desaceleración. De todo esto se ha hablado durante los primeros meses del año. Pero la misma descripción valdría para 1993. El ministro que subió entonces el IVA, privatizó empresas y redujo el gasto público, es el mismo del que depende hoy la gestión de la crisis provocada por el fin de la burbuja. Analizamos las medidas que está tomando el Gobierno, que al menos, esta vez, no devaluará la peseta.
Con la peseta perdida en algún rincón de los museos de numismática, Solbes afronta su segunda recesión económica al frente del Ministerio de Economía después de la de principios de los ’90. Y es que Solbes es una de las pocas cosas de aquella bizarrísima época que aún quedan en pie. Efectivamente, el ministro valenciano es, hoy por hoy, el representante de la vieja guardia neoliberal que hacía furor a principios de los ’90 con su obsesión con la reducción del déficit público y su estrategia de redistribución generalizada hacia el capital financiero a través de los altos tipos de interés.
Sin embargo, muchas cosas han cambiado en el universo de las prácticas económicas dominantes. Recordemos que, sin ir más lejos, en 1992 el tipo medio de interés era del 15%, más de diez puntos por encima de los tipos actuales. Este neoliberalismo puro con sus «economías de oferta» y su reducción del gasto social coexiste en algunos países desarrollados, como Estados Unidos y España, con una tendencia gestada al calor de la «nueva economía» de finales del siglo pasado a la que el historiador económico Robert Brenner ha llamado «keynesianismo del precio de activos». Este término asocia la intervención pública en la economía propia de las políticas keynesianas con esas espirales de crecimiento de los precios de los activos financieros e inmobiliarios a las que denominamos «burbujas». Lo cierto es que estos nuevos gestores del capital defienden la puesta de todos los recursos del Estado a disposición de la creación y el mantenimiento de las burbujas económicas como base para la reactivación del consumo y, con él, el crecimiento económico. Es tentador personificar ambas tendencias en las figuras de Miguel Sebastián y Pedro Solbes, donde el primero sería el «economista de las burbujas» y el segundo el «viejo neoliberal».
La separación no es, ni mucho menos, tan estricta y, por supuesto, Sebastián es tan neoliberal o más que Solbes cuando se trata de contener el gasto social y Solbes ha aceptado de muy buen grado la gran mayoría de propuestas destinadas a regalar dinero a los sectores inmobiliarios y constructores. Lo cierto es que mientras que el ciclo económico ha funcionado al alza no ha habido ningún punto de conflicto entre las dos ‘familias’. A fin de cuentas el PIB crecía robustamente. A medida que la crisis inmobiliaria y la crisis de financiación han ido desplegándose y el espejismo del «milagro español» se ha ido difuminando, han aparecido algunos encontronazos que, aunque hayan sido magnificados por la prensa, revelan dos orientaciones ligeramente diferentes ante las políticas a seguir durante la crisis.
La primera tirantez llegó en febrero, cuando Solbes detuvo la aprobación de una línea de financiación de las inmobiliarias con créditos preferenciales del Instituto de Crédito Oficial que podía haber llegado hasta los 10.000 millones de euros. La propuesta partió del ahora célebre David Taguas, uno de los múltiples validos de Sebastián. Aun así, el día 25 de enero el ICO aprobó una línea de financiación preferencial para las empresas inmobiliarias de 3.000 millones de euros, destinada a convertir en paquetes de deuda, en forma de derivados financieros, las hipotecas de las viviendas (previamente reconvertidas en VPO) que vendieran las grandes inmobiliarias. Es decir, se destinaron 3.000 millones de euros públicos a la titulización de hipotecas, el mismo mecanismo financiero que ha generado la crisis subprime, cuatro meses después del estallido en Estados Unidos. Tampoco dijo nada Solbes cuando ese mismo enero se aprobó la revisión del Plan de Vivienda 2005/2008, que bajo la apariencia de una ayuda a la promoción del mercado de alquiler abría una línea de subvención a las inmobiliarias.
Pero Solbes sí que habló cuando la nueva ministra de vivienda, Beatriz Corredor, otro miembro de la familia Sebastián, intentó pasar un nuevo plan para la «rehabilitación de vivienda» que incluía un aumento de las desgravaciones fiscales de las inmobiliarias. Solbes, se manifestó contrario a esta medida con un argumento de fondo muy sólido : una cosa es dar dinero discrecionalmente a las inmobiliarias y otra, muy diferente, reducir la recaudación del Estado en un momento de crisis. El éxito que ha tenido Solbes parando esta legislación deja claro el reparto de poderes dentro de la gestión política de la crisis : Solbes, el neoliberal de la vieja escuela, se encargará de que las cuentas del Estado no entren en rojo y Sebastián, el hombre burbuja, de reactivar la demanda a través de otra burbuja inmobiliaria y, en este punto parece todo el mundo de acuerdo, de que las economías familiares profundicen su deuda. Que el pasado 21 de mayo Solbes haya apoyado que el Instituto de Crédito Oficial rescate a las inmobiliarias en dificultades con financiación preferencial dice mucho acerca de la fuerza de uno y de otro.
Isidro López del Observatorio Metropolitano.