Haciéndonos eco del profundo malestar producido entre historiadores, archiveros, periodistas y otros grupos sociales por el cierre indefinido e injustificable del acceso a documentos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio de Defensa de España, desde H-SPAIN solicitamos a las autoridades competentes la inmediata reapertura de dichos fondos y la garantía […]
Haciéndonos eco del profundo malestar producido entre historiadores, archiveros, periodistas y otros grupos sociales por el cierre indefinido e injustificable del acceso a documentos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio de Defensa de España, desde H-SPAIN solicitamos a las autoridades competentes la inmediata reapertura de dichos fondos y la garantía de su accesibilidad para todos los investigadores en el plazo más breve posible.
Consideramos que de ninguna manera cabe justificar las trabas que se está imponiendo al acceso a dicha documentación histórica por medio de argumentos inverosímiles sobre el riesgo que su difusión entrañaría para la defensa y la seguridad del Estado o para las relaciones de España con terceros países. 10.000 documentos de Defensa de los años 1936 a 1968 estaban listos para su desclasificación, tras el preceptivo examen, antes de que el Ministerio cancelara su publicación en mayo de 2012 en una decisión que cabe considerar, como mínimo, de arbitraria. Menos se comprende aún que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya declarado «secreta» o «reservada» la práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su archivo -compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al XX- que habían sido consultados hasta entonces sin mayores impedimentos por parte de historiadores de todo el mundo.
Que la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores a las denuncias de esta situación haya sido cerrar a los investigadores el acceso a su Archivo General, en septiembre de 2012, y dispersar sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración sin comunicar si esos fondos serán algún día consultables de nuevo, y en su caso cuándo y en qué condiciones -lo que hace temer nuevos obstáculos y demoras que sumar a las que sufrimos desde hace casi dos años-, no hace más que ahondar en la enorme preocupación que genera la actual situación.
El acceso y libre disposición de estos fondos históricos, dentro de los plazos y límites marcados por la actual normativa, no solamente constituye un derecho de los españoles, sino también un deber moral del ejecutivo. No se trata tan sólo del enorme perjuicio que se está causando a innumerables proyectos de investigación histórica tanto en España como en el extranjero, sino también del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras fronteras, así como de la degradación de la calidad de la democracia española que se derivan de unas decisiones que nos alejan de los estándares europeos e internacionales de protección de derechos democráticos básicos como el de libertad de información e investigación, el acceso al patrimonio y la cultura, y el control y rendición de cuentas por parte del gobierno y la administración pública.
En este sentido, instamos a nuestros gobernantes a que, rectificando su actual política, cumplan con los instrumentos internacionales que España ha suscrito en materia archivística y de documentación, como son la Recomendación Nº R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromsø, 18 de junio de 2009).
No se trata de una petición de unos pocos para unos pocos. Si bien este llamamiento parte del mundo académico, es a la sociedad en su conjunto a la que se está negando el derecho a conocer por sí misma, al margen de interpretaciones oficiales e interesadas, su propio pasado. No puede haber auténtica democracia allí donde no se garantiza a los ciudadanos el derecho a generar una visión crítica del propio desarrollo histórico basado en el acceso al patrimonio documental común.
Firmando esta solicitud, pedimos al Gobierno que adopte cuantas medidas sean precisas para garantizar el acceso de los investigadores, profesionales o no, a los fondos documentales de estos archivos y en el plazo más breve posible. Solicitamos asimismo a los distintos grupos parlamentarios que exijan y respalden estas medidas, así como que controlen su cumplimiento. Instamos también a toda la sociedad que apoye esta petición, para que pueda hacer del conocimiento crítico de su pasado la mejor guía para una construcción consciente de su futuro.
Todos aquellos que deseen adherirse deben enviar a [email protected] los siguientes datos: nombre y apellidos, institución académica de pertenencia (o «investigador independiente» en su defecto) y número de DNI o pasaporte (el cual no se hará público). En el caso de tratarse de un organismo, se deberá enviar el nombre de dicha institución y el de la persona que la represente, con su número de DNI o pasaporte.
En nombre del Consejo Asesor de H-SPAIN, suscriben el presente escrito:
David Jorge (Wesleyan University, Connecticut), Ángel Viñas (Universidad Complutense de Madrid), Helen Graham (Royal Holloway, University of London), Florentino Rodao (Universidad Complutense de Madrid) y Sebastiaan Faber (Oberlin College, Ohio).