Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull
Según el resumen publicado, la sentencia del Tribunal Constitucional es muy expresiva del exceso que se pretendía realizar con Bildu. Han llegado hasta «poner en peligro el propio Estado constitucional» mediante la imposición de «controles preventivos» y la conversión de «meras sospechas» en argumentos jurídicos. Es claro, reconocido por el Tribunal Constitucional, que quienes han buscado la anulación de las candidaturas de Bildu han actuado quebrantando las normas de la lógica y el razonamiento. Por ejemplo, al alegar los «vínculos subjetivos» de los candidatos han incurrido en grave contradicción. «En modo alguno puede admitirse que la inexistencia de esas vinculaciones se conviertan en un indicio.» Eso es lo que, contra toda lógica, hicieron con los candidatos independientes los autores de los informes de la Policía, la Guardia Civil, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y el Tribunal Supremo.
El Tribunal Constitucional ha destacado que en el litigio de Bildu no existen elementos que contengan suficiente valor probatorio. Más aun considerando que lo que está en juego son derechos básicos: el de participación política y el de difusión ideológica. ¿Por qué se ha llegado hasta ahí? Puede haber varias explicaciones que se complementan. Por una parte, porque desde múltiples instancias estatales se ha pretendido imponer, dentro de una estrategia general, un castigo político a la izquierda abertzale (y a los demás sectores aliados a ella): la prohibición de participar en las elecciones y en las instituciones. Por otra parte, porque se ha impuesto la lógica de la victoria policial y la venganza. Finalmente, porque no quieren que cambie la situación actual y quieren cuidar sus intereses de partido y electorales. Todo eso forma el agujero negro del sistema español, el espacio oscuro en que no rigen los valores democráticos. El informe presentado en el último minuto por la Guardia Civil (que recoge la supuesta acta de una reunión) es un ejemplo esclarecedor de ese tipo de actividad. Sabían bien que el valor jurídico de ese papel era nulo. La presentación de la supuesta acta y, sobre todo, su filtración pretendía apretar políticamente al tribunal, con la intención de lograr que la estrategia de la Guardia Civil saliera victoriosa. Todo valía en ese último intento desesperado, también realizar otra vez una traducción malintencionadamente errónea (1). Vistos todos esos engaños, debe tenerse en consideración lo endebles que han aparecido tantos dirigentes políticos, a pesar de que deberían defender los valores democráticos. La actitud evasiva del presidente Zapatero en este litigio no ha pasado desapercibida. Alegar en este caso respeto a las decisiones de los tribunales es una trampa, por cuanto lo que (por escasa mayoría) ha evidenciado el Tribunal Constitucional no son meros desacuerdos jurídicos, sino inaceptables excesos contra derechos fundamentales. Para conocer mejor las sombras y el oscuro agujero del Estado español no estaría mal conocer esos esfuerzos que el PNV ha hecho y no pueden contarse.
Nota:
(1) Durante el reciente juicio en la Audiencia Nacional a cinco responsables de Euskaldunon Egunkaria por supuesta ―e inexistente, como daría por probado la sentencia absolutoria― colaboración con ETA, los textos alegados por la acusación «popular» eran traducciones elaboradas por la Guardia Civil que, como documentaron durante el juicio los traductores Oskar Arana y Begoña Montorio, estaban plagadas de errores básicos y contenían elementos añadidos, ausentes en los originales, de carácter incriminatorio. (N. del t.)
Fuente: Berria, 8 de mayo de 2011. http://www.berria.info/m22/