¿Son los «Jordi’s» presos políticos?

Al momento de escribir el presente artículo, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart llevan ya 15 días en prisión preventiva. El cinismo de las fuerzas políticas autodenominadas «constitucionalistas» en Cataluña es monumental. Se puede comprobar a cada paso, en cada momento, en cada declaración. Los mismos que llevan denunciando la existencia de presos políticos en Venezuela, para referirse a Leopoldo López y compañía, son los mismos que niegan aquí en nuestro país, en Cataluña, que Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) lo sean. La comparación ya es odiosa en sí misma, pues mientras los Jordi’s son líderes sociales de entidades independentistas, Leopoldo López y su tropa son unos golpistas que no han dudado en intentar revertir por la fuerza el orden constitucional bolivariano. Las actuaciones avaladas e instigadas por Leopoldo López y sus compinches han causado varias decenas de muertos, mientras que en Cataluña no ha muerto nadie a pesar de la supuesta «rebelión» por la que acusan a estos líderes de la sociedad civil. Y es verdad que han liderado una rebelión, pero una rebelión pacífica y democrática, pensada para superar el marco de prisión fáctica en la que se encuentran los diversos pueblos del Estado Español, en este caso Cataluña. Remito a los lectores y lectoras al completo análisis comparativo que ha realizado el escritor y periodista Pascual Serrano en este artículo para el medio Publico, que vamos a resumir a continuación, para que se vean claramente las diferencias entre unos y otros, y pueda comprobarse por tanto la doble vara de medir de la derecha política, social y mediática españolista, esa que ha finalizado enarbolando la bandera del peligroso artículo 155 de la Carta Magna del régimen del 78.

Pascual Serrano destaca que el argumento de que los «rebeldes» soberanistas catalanes se habían situado fuera de la legalidad constitucional en España (que para nuestro país ven muy lógico), era el mismo argumento esgrimido en Venezuela por los defensores del chavismo (pero allí se veía en cambio muy mal). Para la derecha española los chavistas son los golpistas y los dictadores, por querer respetar el orden constitucional vigente, pero en cambio aquí en nuestro país los golpistas son los soberanistas catalanes, que se niegan a acatarlas. Pero tenemos una diferencia fundamental, que se refiere a que las manifestaciones catalanas siempre fueron pacíficas (la única violencia la practicaron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el 1-O), mientras que las venezolanas resultaron tremendamente violentas. En cuanto a ambos referéndums, celebrados con muy poca distancia en el tiempo, el Gobierno bolivariano del Presidente Maduro, pese a no estar conforme con él, lo toleró y no desplegó contra su celebración ninguna fuerza represora. El Gobierno del PP en nuestro país no sólo habilitó todas las vías legales a su alcance para prohibirlo, desacreditarlo y deslegitimarlo, sino que además lo reprimió por la fuerza. Pero curiosamente, el referéndum venezolano fue jaleado y apoyado por la derecha española, la misma que catalogaba el referéndum catalán como ilegal, ilegítimo, sin garantías, ni riguroso, ni fiable, etc. Y en cuanto a las detenciones, Pascual Serrano se expresa con meridiana claridad: «Tanto en Venezuela como en Cataluña, algunos líderes han terminado en la cárcel. En ambos casos no los ha encarcelado el Gobierno, sino los jueces. Por tanto, no es lícito que la casi unanimidad mediática que afirma que Maduro encarcela políticos opositores e ignora que se trataba de una decisión judicial, ahora insista en que los líderes catalanes de Ómnium y ANC han ido a prisión por una orden judicial y no por decisión gubernamental». Y concluye: «No es de recibo que en Venezuela Leopoldo López y Antonio Ledezma sean «presos políticos» y en España Jordi Cuixart y Jordi Sánchez sean «políticos presos».

Y para poner más elementos diferenciadores sobre la mesa, podemos recordar que mientras las movilizaciones lideradas por los «Jordi’s» no causaron ningún tipo de daño más allá de unos vehículos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sin por supuesto suponer muertos ni heridos, las agitadas en Venezuela contra el Gobierno bolivariano fueron violentas y provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos, además de la destrucción de numerosas infraestructuras públicas y privadas. Mientras los golpistas venezolanos persiguen el derrocamiento de un Gobierno legítimo por la fuerza, el independentismo catalán ha actuado siempre mediante la palabra, el diálogo y la democracia. Jamás han instigado a la violencia para conseguir sus fines políticos. Pero cuando esos ideales políticos, apoyados por una gran parte del pueblo, son sistemáticamente aplastados por un búnker que se ampara en una legalidad pensada para protegerlos, no queda otro camino que la desobediencia civil, como tantas otras veces ha ocurrido en la historia. Porque en nuestro país, ante el búnker representado por el bipartidismo (PP y PSOE, ahora apoyados también por Ciudadanos, que han declarado recientemente que nacieron para esto), una Constitución intocable considerada como un texto sagrado, una Ley Electoral pensada para favorecerlos (mediante una traslación no proporcional de los votos en escaños), y todo ello apoyado por los demás estamentos de poder (judicatura, medios de comunicación, incluso la Iglesia Católica y la Casa Real, que también se ha decantado claramente en este conflicto), está claro que la única vía es la desobediencia civil. Incluso la Unión Europea se ha puesto claramente a favor de la «democracia» española, y al igual que a Grecia le dijeron que «no existía la democracia frente a los tratados europeos», a Cataluña le han dicho «gane quien gane en las próximas elecciones, la independencia no es posible» (palabras de Antonio Tajani, Presidente de la Eurocámara).

Los «Jordi’s» sufren acusaciones que relatan y se basan únicamente en hechos políticos. Unas acusaciones que ignoran y desprecian la democracia, y tratan a los acusados como si fueran una banda de criminales desalmados. Unas acusaciones que no persiguen delitos, sino a determinadas ideas (que por lo visto no caben en la Unión Europea, ese remanso de democracia y modelo mundial a seguir) y a determinadas personas que las difunden. Ante todo ello, es fácil concluir que los «Jordi’s» son, evidentemente, presos políticos. ¿Pero qué vamos a esperar de un Gobierno que aplica un determinado artículo de la Constitución, el 155, que no se había aplicado nunca, y que por tanto no tenía desarrollada su propia normativa ulterior, para adaptarlo ad hoc al caso catalán? El 155 ha sido «un Golpe de Estado impulsado por el propio Estado», en expresión de Josep María Antentas. Un 155 que ha desmantelado toda la estructura política catalana, y la ha puesto al servicio del Estado Español. Un 155, como muy bien señalaba Pablo Iglesias, que ha hecho gobernar Cataluña a la fuerza política que había obtenido sólo un 8% de los votos en las últimas elecciones autonómicas. Esa «Troika del 155» (en expresión de Julio Anguita) que se pregunta en su artículo: «El que haya un vacío legal no puede servir de excusa para extralimitarse y aplicar acciones que la Constitución no contiene expresamente. ¿Acaso las ilegalidades hechas en Cataluña pueden ser combatidas con otras?». Un 155 dictado a continuación de afirmar que el referéndum no había existido, pero que destituye a 52 cargos públicos de la Generalitat, desmantela oficinas del Govern en el exterior, se hace con el control de los Mossos d’Esquadra, clausura el Parlamento catalán, y convoca elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre, ante las cuales el CIS catalán ya ha pronosticado en base a la elaboración de una serie de encuestas que el soberanismo catalán continuaría su mayoría absoluta. ¿Qué va a hacer entonces el Presidente Rajoy? ¿Va a ilegalizar a los partidos soberanistas? ¿Va a volver a aplicar el 155 al día siguiente de las elecciones?

Ramón Cotarelo lo ha explicado en los siguientes términos: «El 155 es deliberadamente impreciso para dejar manos libres al gobernante y que haga de mangas capirotes con las libertades y derechos de los ciudadanos, la democracia y el mismo Estado de Derecho. Habla de adoptar las «medidas necesarias» para los fines del gobierno, en el entendido de que por «medidas necesarias» entenderá lo que le dé la gana; por ejemplo, convocar elecciones cuando le plazca, pero permitir que se presenten solamente partidos de su bola y no otros. Por ejemplo: elecciones en Cataluña habiendo prohibido los partidos independentistas». El choque de legalidades y de legitimidades continuará, porque el soberanismo (los que desean decidir) y el independentismo (los que desean separarse de España) no va a desaparecer por muchos artículos 155 que se apliquen. Aún no se han enterado que no se puede poner puertas al campo, ni acabar por la fuerza represora con la fuerza de la democracia. Toda la estrategia desplegada (desde los recortes del Estatut de 2006 en adelante), incluida la usada para reprimir el referéndum del 1-O y todas las medidas posteriores, con el encarcelamiento preventivo de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, obedece al intento de perpetrar un furibundo ataque contra un pueblo que lucha por su emancipación de forma democrática y pacífica. Que los demás no la compartamos, o que apostemos por otros modelos (como el federalista), no quita que sea una lucha popular, democrática, pacífica y revolucionaria. Que las instituciones y los medios catalanes manipulen sus audiencias no les da derecho a intervenir dicha Comunidad, pues entonces habría que hacerlo también a nivel de todo el Estado, pues la manipulación a que nos someten TVE y los medios de comunicación dominantes es realmente de libro. Pues ya sabemos: en España existen, entre otras muchas cosas, impunidad para el franquismo (Ley de Amnistía), racismo institucional (CIE’s, no acogida de refugiados, devoluciones en caliente…), privatización de los servicios públicos, manipulación mediática, recortes sociales, culturales, laborales, en derechos y libertades públicas, involución educativa, precariedad laboral, desigualdad creciente…y ahora, también, presos políticos.

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