La ausencia del titular de Industria, José Manuel Soria, en el Consejo de Ministros de ayer, viernes, era la crónica de una muerte política anunciada. Ha sido una semana plagada de comunicados, declaraciones, contradeclaraciones, matizaciones y, como se ha demostrado finalmente, falsedades por parte del ministro, respecto a su participación en sociedades opacas u off-shore […]
La ausencia del titular de Industria, José Manuel Soria, en el Consejo de Ministros de ayer, viernes, era la crónica de una muerte política anunciada. Ha sido una semana plagada de comunicados, declaraciones, contradeclaraciones, matizaciones y, como se ha demostrado finalmente, falsedades por parte del ministro, respecto a su participación en sociedades opacas u off-shore localizadas en paraísos fiscales. Al final, Soria se ha decidido -o se ha visto forzado, según las interpretaciones- a dimitir. Los Papeles de Panamá se han cobrado una cabeza al más alto nivel en el Gobierno español.
La evasión fiscal como fenómeno funcional y consustancial a la lógica de acumulación del modelo neoliberal ha quedado, una vez más, acreditado. Esta vez con nombres y apellidos ilustres de por medio, dejando patente hasta qué punto esta práctica ha penetrado la lógica cotidiana de la clase político-empresarial que nos gobierna. Ante esta realidad, las grandes mayorías sociales ven como los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades colectivas son hurtados, en beneficio de una minoría que elude fácilmente sus obligaciones impositivas. Mayorías que asisten atónitas a un espectáculo que tiene la virtud de desnudar en toda su crudeza la complicidad estructural entre poder político y poder empresarial. De nuevo, con el impacto ilustrativo que otorga la posibilidad de poner caras y nombres a estas lógicas que determinan nuestras vidas. En este caso, la cara y el nombre de todo un ministro de Industria.
Lo cierto es que, más allá de la necesaria valoración personal y ética del comportamiento de Soria, su trayectoria en el Ministerio ha ejemplificado una realidad que trasciende lo estrictamente individual. Una realidad de carácter sistémico, que revela lógicas insertas en el corazón de un modelo hegemonizado por el poder corporativo y en el que personalidades políticas, como la del ministro Soria, resultan engranajes indispensables. Efectivamente, dado que el Ministerio de Industria tiene una competencia estratégica para el diseño de las políticas económicas, Soria ha sido una persona clave en las decisiones que han favorecido a los grandes capitales españoles. Se ha destacado por promocionar, desde las herramientas que le proporciona este Ministerio, los intereses de las empresas transnacionales y a defenderlos incondicionalmente ante los obstáculos de mayor o menor envergadura que han enfrentado en estos últimos años. Hay varios ejemplos muy ilustrativos en este sentido.
Argentina, Repsol-YPF y los «intereses españoles»
En abril de 2012 el Gobierno argentino tomaba la decisión de nacionalizar YPF, filial de la multinacional Repsol. Se trataba de fortalecer la capacidad de decisión y planificación soberana de los poderes públicos argentinos respecto a un sector tan sensible como el de los hidrocarburos. Frente a esta situación, el Gobierno español, con el ministro Soria a la vanguardia, asumió como causa propia la defensa de los intereses de la multinacional española en la confrontación generada, convirtiéndose en el ariete ofensivo de una entidad que representa única y exclusivamente a sus directivos y accionistas, y cuyo accionariado ni siquiera era ya por aquel entonces mayoritariamente español. Pese a ello, desde el Ministerio se enarboló el discurso de la defensa de «nuestras empresas», de los «intereses españoles».
Esta identificación tramposa entre los intereses del conjunto de la sociedad y aquellos que atañen a una gran empresa transnacional como Repsol, quedó claramente reflejada en declaraciones públicas como la siguiente: «El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España».
Hidrocarburos en Canarias
El ministro Soria calificó el posible hallazgo de yacimientos de petróleo y gas a 60 kilómetros de las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote como «la mejor noticia» que Canarias pudiera recibir en el año 2013. Una vez más, Repsol entra en escena, dejando en evidencia la especial predilección del ministro por esta entidad. No en vano, Soria asistió en enero de 2013 a la inauguración en Madrid de la sede capitalina de la entidad, el Campus Repsol, junto con Felipe de Borbón, en una muestra del carácter estratégico que en las perspectivas del Ministerio se otorga a esta entidad multinacional.
Así, esta empresa obtuvo los permisos pertinentes de Industria para efectuar prospecciones petrolíferas en la zona afectada, pese a contar con el rechazo del gobierno autonómico canario, de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, así como de la mayoría social canaria, que temía los posibles impactos socioambientales de este aterrizaje de las transnacionales petroleras en las islas. El ministro no dudó en confrontar con todas estas expresiones de la voluntad popular de la ciudadanía canaria en defensa del proyecto de prospecciones.
El «impuesto al sol» o la cruzada de Soria contra el autoconsumo energético
La vinculación del ministro de Industria con la defensa de los intereses del sector transnacional energético que opera en España quedó claramente en evidencia, con motivo de la aprobación en octubre de 2015, por Real Decreto, de un «peaje de respaldo» al autoconsumo energético, popularmente conocido como «impuesto al sol«. Se trata de grabar impositivamente la instalación y utilización de placas solares por parte de particulares, mediante las cuales se autoabastecerían de energía al margen de las redes de suministro preexistentes, hegemonizadas por un conglomerado de empresas transnacionales que controlan el mercado en términos oligopólicos, fundamentalmente Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa.
En este caso, a la defensa de unos intereses corporativos ajenos a los de la mayoría social se suma el ataque directo a las energías renovables, a la autoorganización popular para la gestión de la vida y los recursos, y a la sostenibilidad en tanto en cuanto ésta confronta con los intereses de las grandes corporaciones del sector energético. Frente a esta realidad, resulta llamativo uno de los argumentos utilizados por José Manuel Soria para aprobar dicha norma: «Es un nuevo impulso a la utilización de las energías renovables«.
Una trayectoria al servicio del poder corporativo
Son algunos ejemplos de la estrecha relación entre poder político y poder corporativo en nuestro país, encarnada como nadie en la figura de José Manuel Soria. Efectivamente, a nadie puede extrañar que un ministro de Industria que mantiene tal nivel de coherencia en la defensa del interés de las empresas transnacionales, desarrolle a su vez, las mismas prácticas que éstas llevan a cabo. Por ejemplo, en lo que se refiere al llamado patriotismo económico por el cual los grandes empresarios promocionan su apoyo a la economía española y, a la vez, domicilian sus sociedades y sitúan sus fortunas en paraísos fiscales como Bahamas o la Isla de Jersey, para no pagar impuestos. Y, en el despliegue de esta lógica, ha utilizado los mismos instrumentos que sirven a las empresas transnacionales para la evasión fiscal. Como es el caso de BBV Privanza, filial en Jersey del banco BBV, fue fundada en 1987 con el fin de ofrecer a su clientela «opacidad, flexibilidad y máxima optimización fiscal«.
Se trata de una misma lógica que atraviesa la esencia misma del modelo imperante, y que contamina desde la actividad individual hasta la acción de gobierno al más alto nivel. El poder corporativo penetra en todas y cada una de las facetas de la vida, y José Manuel Soria no es otra cosa que un ejemplo más. Sólo que, en este caso, ha quedado públicamente en evidencia.
Gorka Martija es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.