La Campaña por el Cierre de los CIE en Valencia pide que se suspenda la deportación del ciudadano argelino Zinedine E., encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, así como de los testigos de los hechos denunciados por los activistas el 27 de noviembre. El interno asegura que fue agredido por dos […]
La Campaña por el Cierre de los CIE en Valencia pide que se suspenda la deportación del ciudadano argelino Zinedine E., encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, así como de los testigos de los hechos denunciados por los activistas el 27 de noviembre. El interno asegura que fue agredido por dos policías, tras una caída en el intento de subirse al muro del CIE, lo que le produjo una fractura de tobillo además de numerosas contusiones. Los gritos de dolor llamaron la atención de los agentes, detalla la Campaña en una nota informativa. «Al verme tendido en el suelo sin posibilidad de moverme ni defenderme, me agredieron», declaró Zinedine E., que llegó hace aproximadamente un mes en patera al litoral de Almería y ha solicitado asilo en España. El comunicado de «CIES No» añade que se ha presentado la denuncia junto al informe médico en los juzgados. Por otra parte, las ONG han alertado del internamiento en el CIE de Zapadores de un ciudadano de origen ruso, portador del VIH, enfermo de hepatitis C y a quien el Estado español denegó la solicitud de asilo.
El Informe anual de SOS Racismo, que se publica desde 1995, incluye la discriminación en los CIE como ejemplo de «racismo institucional». El informe de 2018 (con datos de 2017) da cuenta de 357 casos de discriminación registrados en las oficinas de información y denuncia de la ONG en Aragón, Cataluña, Galicia, Gipuzkoa y Navarra. El apartado con mayor número de denuncias es el de «racismo institucional» (70), principalmente en relación con los trámites de extranjería; seguido de los conflictos y agresiones racistas (60), de las que la mitad fueron en el ámbito vecinal; la denegación del acceso a prestaciones y servicios públicos (59), el 57% en relación con la asistencia sanitaria; los abusos por parte de las fuerzas de seguridad (55); la discriminación laboral (54) y la denegación del acceso a prestaciones y servicios privados (47), sobre todo en los locales de ocio, restaurantes y respecto al acceso a una vivienda. Además se documentaron 12 casos en relación con la extrema derecha y los discursos de odio.
En cerca de la mitad de los casos, el agente discriminador fue una entidad pública. En cuanto a la situación administrativa de los denunciantes, la mayor parte (44,6%) estaban de manera «regular» en el Estado español, el 32% de modo oficialmente considerado «irregular» y el 23,4% eran ciudadanos de la UE. Cerca de un tercio de los denunciantes procede del África Subsahariana. «La gran mayoría de casos de discriminación no se denuncian», matiza la organización antirracista, entre otras razones-y sobre todo en los casos de estancia «irregular»- por el miedo. SOS Racismo pone el ejemplo de una migrante marroquí, que carecía de permiso de trabajo y fue detenida por orden judicial en febrero de 2017; la detención se produjo después que denunciara el despido del asador de Galapagar (Madrid) en el que trabajaba, y donde sufrió un accidente por el que perdió un dedo.
El informe de SOS Racismo dedica un apartado a los «controles migratorios» realizados en la frontera franco-española, particularmente en Irún. En otros términos, la deportación de migrantes que lleva a término la policía francesa. En noviembre de 2002 los estados español y francés firmaron en Málaga un acuerdo para la denominada «readmisión de personas en situación irregular» entre los dos países; estas «devoluciones» han de cumplir con una serie de condiciones, por ejemplo que se produzcan dentro de las cuatro horas posteriores al «paso ilegal» (terminología del acuerdo) de la frontera, el traslado de los migrantes a la comisaría de Irún o la apertura de un expediente de expulsión por estancia «irregular». Pero no resulta sencillo hacer un cómputo de las expulsiones, que incluya las de carácter extraoficial. «Un número muy importante de devoluciones se realizan al margen de cualquier procedimiento; las personas interceptadas en el lado francés son devueltas por la policía de Francia a Irún sin una comunicación previa a la policía española», explica la ONG.
El informe recoge los datos recopilados por el profesor de la Universidad del País Vasco, Iker Barbero, y publicados por el diario El País: 9.175 «rechazos» en la frontera francesa durante 2017, de los que 4.763 corresponden a la frontera de Irún, 4.411 al paso fronterizo de La Jonquera (Girona) y una al Alto Garona. Entre enero y octubre de 2018 la cifra de «devoluciones» en toda la frontera es de 9.038, lo que supone un aumento del 27% respecto al mismo periodo del año anterior (el incremento es del 59% en la frontera de Irún). Estos datos triplican los números difundidos por el Gobierno de España en una respuesta al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, en la que se informa de 2.690 personas migrantes «devueltas» por Francia durante 2017 en aplicación del acuerdo de Málaga.
«El punto de partida del Código de Fronteras Schengen es la ausencia de controles y, sólo en casos tasados, está prevista la reinstauración de fronteras interiores», recuerda el documento de SOS Racismo; los controles fronterizos (entre Francia y España pero también los establecidos por otros países, como Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia o Noruega) se realizan de manera selectiva y «en función del perfil étnico», critica la organización.
A finales de octubre el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, reconoció las devoluciones «en caliente» en la frontera hispano-francesa, aunque las calificó de «puntuales». El ministro realizó estas declaraciones días después que la Televisión Pública Vasca (ETB) informara en un vídeo de cómo la policía gala expulsó por la vía exprés y sin cumplir con los protocolos a seis inmigrantes, algunos de ellos menores, tras pedirles la documentación e introducirles en una furgoneta. El titular de Interior francés, Cristophe Castaner, también anunció el pasado 21 de octubre el refuerzo de los controles en la frontera de Irún. Los titulares de los periódicos se han hecho eco de esta realidad: «La policía francesa afirma que arresta a 15 migrantes por hora en la frontera con Irún» (El Diario Vasco, 25 de octubre) o «Francia ordena cada mes 760 devoluciones de migrantes a Irún sin garantías jurídicas» (Noticias de Gipuzkoa, 29 de noviembre).
La represión en la frontera tiene su contrapartida en el trabajo solidario. Un hecho de relieve fue la llegada a la estación de autobuses de San Sebastián, el pasado 18 de junio, de un autobús procedente de Almería en el que viajaban 46 inmigrantes. Se trataba de un grupo de jóvenes, de entre 16 y 36 años, procedentes de Malí y Guinea Conacry, que habían arribado en patera ese mismo mes a las costas andaluzas. El 29 de junio llegó otro autobús a la terminal donostiarra, con una treintena de inmigrantes también procedentes de Andalucía. Ante las necesidades apremiantes y la insuficiencia de medios, ciudadanos y organizaciones sociales constituyeron la Red de Acogida de Irún, en la que después del verano ya colaboraban 140 personas.
La red comenzó su labor de apoyo en el «gaztetze» (casa okupada) de Lakaxita, que hizo la función de albergue durante meses hasta que fue desmantelado el 10 de octubre. Calificaron la situación de «insostenible», por lo que el colectivo anunció que se reubicaría frente a los servicios sociales del Ayuntamiento de Irún. «Nuestra reivindicación es que sean las instituciones públicas quienes den salida a estas necesidades y en unas condiciones de dignidad mínimas», explicó la Red de Acogida en un comunicado.
Ante «las carencias del sistema de acogida institucional», se trataba de presionar a la Administración. Reclamaron, por ejemplo, la flexibilización del horario de atención y acogida del albergue de Martindozenea y la apertura urgente de un centro de día para migrantes en tránsito. El 27 de octubre los activistas denunciaron, en una nota informativa, la «desidia institucional como respuesta a mujeres y criaturas en riesgo» (ese día, en el punto de atención instalado por la Red de Acogida, se hallaban 40 personas «en condiciones inaceptables»). El informe de SOS Racismo incluye un balance del trabajo de esta iniciativa ciudadana, que se organiza en comisiones; uno de los grupos recoge e informa a los migrantes «devueltos» en la frontera, otro realiza acompañamiento a personas enfermas, a lo que se suma la atención jurídica y el reparto de 3.000 comidas y 2.000 prendas donadas por los vecinos de Irún, entre otras acciones.
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