“La fuerte interiorización del racismo”. Es una de las conclusiones del informe alquilERES de aquí. Exclusión del acceso a la vivienda en Andalucía por razón de origen, etnia u orientación sexual por parte de las inmobiliarias, publicado en diciembre de 2021 por la Federación SOS Racismo. La muestra se basa en llamadas a agencias inmobiliarias (un total de 40, cinco por cada una de las provincias andaluzas); el 97,5% de los agentes aceptaron la condición de “no alquilar el inmueble a personas inmigrantes”.
El trato discriminatorio se deduce también del informe Vigilància 02. Una anàlisi de dades sobre les identificacions per perfil ètnic-racial, elaborado por SOS Racisme Catalunya y el proyecto Pareu de Parar-me; así, en 2021, por cada identificación policial a una persona de nacionalidad española, resultaron identificadas 3,48 personas extranjeras. “En los barrios con mayor número de personas migrantes, hay una vigilancia expresamente excesiva”, valora el reporte.
El análisis se realizó con los datos cedidos por los Mossos d’Esquadra´, correspondientes a siete Àrees Bàsiques Policials de Cataluña: Sants-Monjuïc; l’Hospitalet; l’Eixample; Ciutat Vella; el Tarragonés; el Segrià-les Garrigues y el Gironés.
SOS Racisme y Pareu de Parar-me añaden, a partir de las estadísticas policiales, que por cada ciudadano español detenido en Cataluña en 2021, resultaron detenidas 7,72 personas extranjeras (un total de 24.145 detenciones a extranjeros).
Una panorámica general puede extraerse del Informe 2022 sobre el racismo en el Estado español de la Federación SOS Racismo, hecho público el pasado 28 de diciembre (la investigación se presentó anualmente entre 1995 y 2018); el documento recoge las denuncias recogidas en las Oficinas de Información y Denuncia (OID) de SOS Racismo, en Catalunya, Gipuzkoa, Bizkaia, Galicia y Navarra.
De los 523 casos registrados, la mayoría (185 casos, el 34%) corresponde a la categoría de “racismo institucional”, entre los que se incluyen las tramitaciones de Extranjería para regular la situación administrativa; los “problemas” vinculados a la concesión de la nacionalidad o también en la relación con organismos públicos, por ejemplo las fuerzas policiales.
El segundo apartado en número de discriminaciones es el de “denegación de acceso a prestaciones y servicios privados” (129), que supone el 24% de las denuncias presentadas; en este capítulo figuran los casos de trato discriminatorio, insultos y/o acoso en entidades bancarias (39); vivienda (35) y locales de ocio o restaurantes, entre otros.
El Informe recoge, asimismo, 88 denuncias por “conflictos y agresiones racistas” (16% del total); la mayoría tiene como causa los conflictos vecinales (34), seguido de las que se registraron en los espacios públicos (27) y en otros ámbitos, como el familiar o el escolar.
Otra circunstancia constatada en las oficinas de SOS Racismo es la de “discriminación en el empleo” (11% de las denuncias); es “la realidad de muchos hombres, pero en particular de las mujeres extranjeras” en el mercado laboral; como ejemplo destacado, el estudio señala los abusos por parte de los empleadores o la negativa a formalizar el contrato prometido con los trabajadores.
Denuncia e infra denuncia en el ámbito de la discriminación, racismo y odio desde una perspectiva victimocéntrica, es el subtítulo del estudio; según la introducción, “hemos pasado una época pandémica en que las personas racializadas han sido uno de los colectivos señalados a través del aumento del abuso policial y de las identificaciones por perfil étnico (…); (además de) los desahucios sin alternativas habitacionales, las malas gestiones de la enfermedad en los CIE de Madrid o Barcelona o el olvido de las medidas de apoyo social a las personas racializadas, gitanas y/o migrantes”.
El 8% de los casos documentados se corresponde con la “denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos” (en la asistencia sanitaria, el acceso al empleo u otros); por último, el 7% está relacionado con la extrema derecha y los discursos del odio en los medios de comunicación, Internet u otras vías.
En el capítulo de personas denunciantes, la mayoría son originarias de América del Sur (34%); África Subsahariana constituye el segundo ámbito de procedencia (22%), seguido de la población magrebí (21%) y de Europa Occidental (17%). Respecto a la situación administrativa, el Informe de SOS Racismo distingue dos grupos principales: “regular” (48%) e “irregular” (32%). Y en cuanto al género, son mayoritarias las mujeres (51%).
¿De qué modo concluyen los episodios de discriminación? El reporte detalla que son 164 los casos “que no terminan en iniciativas judiciales”, debido al “temor a una contradenuncia o porque (la persona afectada) no desea interponer la denuncia (otra de las posibilidades apuntadas es que se dé una finalización “a través de mecanismos extrajudiciales”).
Otro punto significativo del Informe es el del “agente discriminador”; en un 42% de las denuncias se trataba de una entidad pública: la Administración (estatal, autonómica o local); o bien otras como las fuerzas de seguridad o los Servicios Sociales; el 29% de las denuncias tuvieron como objeto a un particular y el 26% a una entidad privada (empresas, bancos o locales de ocio).
Además el reporte de SOS Racismo recuerda la muerte de al menos 23 personas en la frontera de Melilla (entre España y Marruecos) el 24 de junio de 2022, “víctimas de las mismas políticas migratorias que priorizan el dolor de las personas frente a sus derechos” (el pasado 24 de diciembre 150 ONG denunciaron el archivo de las investigaciones por parte de la Fiscalía, lo que implicaba descartar la participación del Estado español en la muerte y desaparición de decenas de migrantes –un mínimo de 40 según Caminando Fronteras-, “en contra de las evidencias publicadas desde el momento de los hechos”.
La organización de derechos humanos relaciona estos hechos con lo ocurrido en la playa de El Tarajal (Ceuta), en febrero de 2014, cuando 15 personas perdieron la vida (14 ahogadas, una desaparecida y otra devuelta a las autoridades de Marruecos) después que efectivos de la Guardia Civil utilizaran material antidisturbios.
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